VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LOS PREPARATIVOS DE LA COPA MUNDIAL
Se ha incrementado el acoso policial a los vendedores ambulantes, personas sin techo sudafricanas y personas refugiadas y migrantes que viven en albergues u otro tipo de alojamiento en áreas urbanas de alta densidad.
Este acoso ha consistido, entre otras cosas, en registros policiales, detenciones arbitrarias, malos tratos y extorsión, así como destrucción de viviendas informales.
La destrucción de viviendas informales se ha llevado a cabo sin previo aviso, sin que se haya ofrecido alojamiento alternativo adecuado ni indemnización y contraviniendo la legislación nacional que prohíbe los desalojos forzosos.
La normativa creada para cumplir los requisitos fijados por la Copa Mundial de la FIFA en las ciudades anfitrionas está siendo utilizada por la policía para expulsar a personas sin hogar y vendedores ambulantes de los “lugares de acceso controlado” y otras zonas de exclusión alrededor de los lugares donde se celebrará la Copa Mundial. El incumplimiento de esta normativa se castiga con multas de hasta 10.000 rands (1.300 dólares estadounidenses) o penas de hasta seis meses de cárcel.
En mayo de 2010 los vendedores ambulantes protestaron frente al centro de operaciones local de la FIFA en Soweto pidiendo el fin de los desalojos y de la destrucción de sus medios de subsistencia cerca de los estadios de fútbol. En otros lugares se han producido enfrentamientos tensos entre la policía y los vendedores ambulantes, motivados por la incautación de productos de los vendedores, bajo el pretexto de limpiar las calles para la Copa Mundial.
Violencia xenófoba
En los cinco primeros meses de 2010 se registraron al menos 11 incidentes en cinco provincias que incluyeron ataques violentos y saqueo de comercios, especialmente de ciudadanos somalíes y etíopes.
Esta violencia a menudo ha ido asociada a las protestas públicas por la corrupción y porque el gobierno local no garantiza los servicios básicos en los vecindarios más pobres.
Hay quien considera a las personas refugiadas y migrantes competidores en el acceso al mercado laboral, la vivienda y las oportunidades económicas, lo que las ha convertido en blanco de la violencia durante las protestas. Sin embargo, las actitudes xenófobas también alientan la violencia y parecen estar detrás del hecho de que la policía no haya respondido con prontitud o, en algunos casos, que haya actuado en connivencia con los autores de la violencia. También ha resultado muy difícil para las víctimas acceder a la justicia y obtener indemnización.
A principios de junio el gobierno respondió a los llamamientos de la sociedad civil sudafricana, Amnistía Internacional y otras instancias en los que se solicitaba que prestase atención urgente a las señales de una posible violencia xenófoba a gran escala, incluidas las amenazas proferidas contra personas refugiadas y migrantes de que “después del Mundial” volverán a ser expulsadas de sus barrios o del país.
Después de la reunión del consejo de ministros celebrada el 2 de junio, el gobierno anunció la creación de un comité interministerial que se centrará en los incidentes y amenazas de ataques contra ciudadanos extranjeros y prometió que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley actuarán con rapidez contra cualquier persona que incite o participe en actos de violencia contra ciudadanos extranjeros. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta medida.
Delitos violentos y actuación policial
Las fuerzas de seguridad han elaborado planes para garantizar la protección de los estadios de fútbol y otras áreas donde se espera que se congreguen los aficionados y visitantes.
Amnistía Internacional tiene algunos motivos de preocupación en relación con estos planes. En primer lugar, que los enormes recursos que han tenido que desplegarse para la Copa Mundial, en su mayoría como parte de los requisitos fijados por la FIFA, tendrán consecuencias para la seguridad de los sudafricanos, especialmente para los que viven en los barrios más pobres donde la actuación policial efectiva y la prevención del delito ya constituyen retos importantes.
Las personas refugiadas y migrantes, que en la actualidad no disfrutan de una protección policial adecuada contra los ataques xenófobos, pueden ser todavía más vulnerables.
En segundo lugar, la prioridad otorgada a la protección de los visitantes puede llevar a la policía a hacer un uso indebido de fuerza letal contra presuntos delincuentes de una forma contraria a las normas internacionales de derechos humanos. Los planes de emergencia de la policía en relación con el “extremismo nacional” y las “protestas” no deberían resultar en el uso de fuerza excesiva o en la violación del derecho de los manifestantes a reunirse pacíficamente.
Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado un incremento en los casos de tortura de sospechosos en investigaciones criminales, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y muertes a consecuencia de uso indebido de fuerza letal en 2009. A lo largo de los dos últimos años, en la provincia de KwaZulu-Natal las muertes por disparos de la policía se incrementaron en un 47 por ciento.
Gastos derivados de la Copa Mundial
Sudáfrica se enfrenta a problemas socioeconómicos graves y el gobierno está intentando abordar eficazmente las elevadas y persistentes tasas de desempleo, la grave desigualdad y las carencias en la provisión de servicios básicos a las comunidades rurales y urbanas más desfavorecidas.
Amnistía Internacional no tiene una opinión sobre el gasto de los gobiernos en relación con la organización de eventos deportivos a gran escala. Durante la preparación de la Copa Mundial parece que se han creado oportunidades de empleo temporal y también puede derivarse un beneficio a más largo plazo del desarrollo de una infraestructura mejorada de transporte público urbano.
Sin embargo, los miembros de las comunidades pobres han seguido protestando y expresando su preocupación por que la mayoría de los sudafricanos sigan excluidos de los beneficios de albergar la Copa Mundial.
Los requisitos impuestos por las “leyes de la FIFA” según los cuales deben crearse amplias zonas de exclusión para la actividad económica informal se consideran especialmente perjudiciales en el contexto de un país donde un gran número de sudafricanos dependen totalmente de la economía del sector informal para subsistir.
Una de los principales centros de interés de la campaña de Amnistía Internacional en Sudáfrica es promover un acceso mayor y no discriminatorio a los servicios de salud relacionados con el VIH en materia de prevención, tratamiento y cuidados, especialmente para las mujeres que viven en áreas rurales remotas.
Aunque el gobierno lanzó recientemente una nueva iniciativa para combatir la epidemia provocada por el VIH, tendrá que exhibir la misma determinación que ha mostrado al preparar la Copa Mundial para superar los obstáculos relacionados con el transporte y de otro tipo con el fin de garantizar el derecho a la salud de las mujeres que viven en áreas remotas y a quienes afecta desproporcionadamente la epidemia.
Amnistía Internacional insta al gobierno sudafricano a:
• poner fin a las detenciones arbitrarias y otros abusos contra la población sudafricana pobre, incluidos vendedores ambulantes, y personas migrantes, derivados del uso indebido de ordenanzas locales y normas relacionadas con la Copa Mundial;
• llevar a cabo una investigación independiente y completa sobre los presuntos abusos cometidos por la policía y las autoridades gubernamentales locales y garantizar el acceso a la justicia e indemnización a las personas afectadas;
• garantizar que cualquier uso de la fuerza por parte de la policía para mantener el orden público es proporcionado y acorde con las normas internacionales de derechos humanos;
• garantizar la puesta en práctica sin demora de mecanismos eficaces de prevención y respuesta en caso de emergencia, así como medidas para combatir la impunidad por delitos contra personas refugiadas y otras personas necesitadas de protección internacional.
• incrementar los esfuerzos para abordar los abusos persistentes contra los derechos de las mujeres a la dignidad y la igualdad, como elementos clave de los programas de prevención y tratamiento de la infección por VIH.
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