Hasta el frontis del
Palacio de Tribunales llegaron este jueves familiares y amigos de los tres
profesionales que fueron asesinados hace 28 años por efectivos de la Dirección
de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), en el denominado “caso
degollados”, para protestar por el beneficio de salida dominical que le
fue otorgado a dos ex policías que participaron en el crimen.
Se trata de los ex
carabineros José Fuentes Castro y Guillermo González Betancourt, que cumplen
una condena de presidio perpetuo por el asesinato de José Manuel Parada,
Santiago Nattino y Manuel Guerrero Ceballos ocurrido el 29 de marzo de 1985.
La manifestación se
produce después que la Corte Suprema rechazara un recurso de protección
interpuesto contra el beneficio que obtuvieron los condenados.
Manuel Guerrero
Antequera, hijo de una de las víctimas, anunció que recurrirán a la Corte
Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para demandas al Estado chileno por
beneficiar a autores de crímenes de lesa humanidad.
“Nos parece que la
Corte Suprema le está haciendo un flaco favor a la reconstrucción de Chile como
una sociedad democrática, que tiene consensos mínimos éticos, de que los
crímenes de lesa humanidad no pueden ser beneficiados”, sostuvo.
Y agregó que ante el
organismo internacional “vamos a pedir rectificación a la Corte Suprema y que
se reúna en Pleno extraordinario para analizar este abominable fallo”.
Por su parte, Javiera
Parada, hija de José Manuel Parada, emplazó a la ministra de Justicia, Patricia
Pérez, “que revise el recurso que hemos puesto en Contraloría, porque creemos
que no aplica ningún concepto que pueda hacer permitible que los asesinos de
nuestros padres circulen por las calles”.
Finalmente, afirmó que
“nosotros exigimos a quienes fueron responsables de la barbarie y el odio, que
no vulneren los consensos básicos de convivencia democrática, por lo tanto
exigimos a la Corte Suprema que revise este caso”.
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