“La tendencia internacional
es que los estados les garanticen a sus ciudadanos el acceso
sin problemas al sistema interamericano de justicia, cosa que en Chile
hoy está sujeta a que la persona tenga dinero para un abogado particular o al
patrocinio de una ONG, entre otras variables muy reducidas”, asegura el defensor
nacional Georgy Schubert.
Casado, padre de
dos hijos, evangélico, oriundo de Temuco y voluntario de la Séptima Compañía de
Bomberos de Concepción, este abogado, egresado de la Universidad de Chile,
tiene una postura clara: “Apuntamos a que la Defensoría Penal Pública (DPP)
pueda defender a chilenos ante la Corte
Interamericana de DD.HH. Hoy no podemos y el
sistema avanza en esa dirección. No hay razones para quedarnos atrás”.
Dos hechos
coyunturales atraviesan, actualmente, este debate: el juicio del llamado “caso
lonkos mapuches”, desarrollado durante mayo y junio en Costa Rica, en el cual
la corte debería emitir una sentencia a fines de año y la visita que la semana
pasada efectuó a Chile el presidente de este tribunal internacional, Diego
García-Sayán, en el marco de un seminario sobre la misma materia.
Según Schubert,
“otros países han asumido diferentes institucionalidades frente al sistema
interamericano. Por ejemplo, los defensores de Costa Rica sólo pueden asistir a
sus propios ciudadanos. Otros, como Brasil, Uruguay, lo abordan de manera más
amplia”.
En Chile, la ley no contempla esta
atribución para la defensoría. ¿Qué podría justificar un cambio en la norma?
Existe una
resolución de la Contraloría, de que a través de las Corporaciones de
Asistencia Judicial se podría exigir este servicio, pero no se dice nada
respecto de la DPP. Y creemos que debiésemos ser nosotros, porque tenemos los
conocimientos, la capacitación y una relación vigente con la Asociación
Interamericana de Defensores.
La
defensoría depende del
Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, y su propio cargo es nombrado
de una terna por el Presidente. ¿La representación de un chileno en el extranjero,
eventualmente en contra del Estado, podría generar un conflicto de interés?
Nosotros tenemos
autonomía jurídica en la representación de nuestros clientes. De hecho, todos
los días asistimos a personas en contra de los intereses del Estado, ya que la
fiscalía, las policías y otros entes normalmente los representan y/o son sus
funcionarios. Conceptualmente, no es tan diferente hacerlo ante una corte
internacional.
¿Considera que podría
representar un problema el respaldar cuestionamientos a fallos de la Corte
Suprema?
Los países que
firmaron el acuerdo interamericano, y Chile lo hizo, saben que existe esta
instancia para que los ciudadanos puedan acudir, reclamar y eventualmente
llegar a la corte. Son tratados internacionales y a través de la Constitución
forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es una instancia válida y
vinculante.
Con esto, invariablemente
la DPP ganaría autonomía.
No vemos la
discusión en ese sentido, sino como parte de una evolución natural jurídica. Es
una realidad positiva y buena para la democracia. Actualmente, la Defensoría no
puede designar a un abogado chileno para esta corte. Y hasta ahora, los casos y
sus fallos han tenido un efecto positivo en la legislación interna.
¿Con qué criterios
decidirían qué causas respaldar? ¿Lo harían en todos los casos?
No, nosotros nos
enfocamos en la figura del defensor público interamericano. Actualmente,
tenemos una, la defensora Gustava Aguilar, de Punta Arenas, quien es parte del
listado que la Corte Interamericana podría designar, aunque, por ahora, su caso
es sólo nominal. Pero tener una presencia real y concreta en esa lista, con uno
o dos defensores, implicaría un uso de recursos acotado y eficiente. Además,
sólo una proporción menor de casos y denuncias llega finalmente a esa Corte, no
más de 20 al año.
¿No buscan, entonces,
apoyar todas las demandas ante la corte?
En ningún caso.
Hay filtros previos. Para efectos prácticos, a Chile podrían tocarle uno o dos
casos al año, lo que es algo acotado, pero muy simbólico e importante.
¿Lo ha solicitado formalmente al
Ministerio de Justicia?
Sí, hemos tenido
conversaciones y gestiones formales. Durante mi gestión, a principios de 2012,
pedimos un pronunciamiento al ministerio, que enseguida le efectuó una
solicitud formal al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sabemos que el debate
tiene sus tiempos, pero obviamente que se debe tomar una decisión jurídica y
política sobre esta materia. Más temprano que tarde, Chile lo debe asumir y
resolver.
.bmp)