LA DINA Y SUS COMPLICES

El diario El Mercurio y algunos de sus medios asociados, así como el Consorcio Periodístico Copesa, recibieron dinero  de  la  DINA en 1975. Los pagos se efectuaron mediante cheques  que ambas empresas cobraron desde una millonaria cuenta encubierta que esta organización criminal mantenía en un banco nacional, cuyo titular era el jefe de este organismo, Manuel Contreras.Los medios que en un informe de la Corte Suprema aparecen cobrando documentos extendidos por el organismo de fachada son, además de El Mercurio y Copesa, los diarios Las Ultimas Noticias, Diario Austral, La Nación, La Prensa, además de El Díay La Discusión de Chillán. También recibieron pagos los semanarios Qué Pasa y Ercilla y las agencias internacionales de noticias United Press International, UPI y France Press, como también la agencia nacional Orbe. Los documentos, que llevaban la inconfundible firma de Contreras, fueron cobrados desde la cuenta corriente N° 13280724 del Banco de Crédito e Inversiones de la época, la que en todo caso figuraba bajo el nombre falso de “Dirección de Rehabilitación Nacional, DINAR”.A juicio de organismos de Derechos Humanos, los pagos efectuados por la DINA a estos órganos de prensa, explican no sólo el ocultamiento en la información de estos medios acerca de los crímenes de la dictadura, sino también su complicidad al informar sobre supuestos enfrentamientos en los que murieron militantes de izquierda, cuando judicialmente quedó establecido que sus muertes fueron asesinatos y desaparecimientos.Entre estas informaciones de prensa está la Operación Colombo. Esta fue un montaje de la dictadura sobre 119 detenidos desaparecidos que algunos de esos medios hicieron figurar como ejecutados por sus propios compañeros en Argentina, producto de rencillas políticas internas o muertos en inventados enfrentamientos con las fuerzas policiales argentinas.También está el crimen de Rinconada de Maipú, en el que algunos periodistas “cubrieron la espalda” de la DINA difundiendo un falso enfrentamiento con agentes, cuando los prisioneros salieron muertos desde Villa Grimaldi, tal como confirmó la investigación judicial sobre el caso.A ello se suman los múltiples falsos intentos de fuga de prisioneros informados por estos medios en Santiago y regiones, cuando los juicios y respectivos protocolos de autopsia determinaron que fueron crímenes, como aquellos de Pisagua, Temuco, San Antonio, Copiapó, Calama, Linares y Santiago, entre otros.La DINA también financió desde esta cuenta a distintos estamentos del Ejército, como su Comandancia en Jefe, el Comando de Institutos Militares, CIM, el Batallón de Telecomunicaciones, la Escuela de Infantería de San Bernardo, los regimientos de Infantería N°4 “Arauco” y N° 9 de Chillán, el Instituto Geográfico Militar y la Fábrica de Materiales y Armamento, Famae.La propia Junta de Gobierno, la Secretaría General de Gobierno y la Escuela Naval, también cobraron cheques desde la cuenta de “DINAR”.Todos los documentos fueron cobrados en “escudos” que era la moneda nacional vigente en Chile hasta el 29 de septiembre de 1975, cuando fue cambiada al actual peso (para calcular después de esa fecha,  1.000 escudos = 1 peso).De acuerdo al informe del más alto tribunal del país, la DINA manejó miles de millones de escudos cuando el sueldo vital, ingreso mínimo de la época, era de 27 mil escudos.Desde esta cuenta también fueron pagados con altas sumas mensuales los principales agentes, entre ellos Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza, Christoph Willikie, Eduardo Iturriaga Neumann, Cristián Labeé y Juan Morales Salgado, además de la amante de Contreras, su secretaria Nélida Gutiérrez, y la enfermera Carlota Bolumburu, que inyectaba a los prisioneros para morir en la Clínica Santa Lucía.El referido informe de la Corte Suprema sobre esta abultada cuenta camuflada, está adscrito al expediente sobre el crimen del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, cometido por agentes DINA en Washington en 1976. En él se revisaron todos los movimientos bancarios ocurridos en esta cuenta durante 1975, cuando la DINA reinaba en el país.           E.M.   Jorge E.

NO A UNA NUEVA MESA DE DIALOGO

Los militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos y que se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco, ofrecieron hoy entregar información sobre sus crímenes a cambio de recibir beneficios carcelarios.

La oferta la hizo en declaraciones al canal CNN Chile el abogado René López, defensor del general Manuel Contreras, el antiguo jefe de la DINA, quien está condenado a más de 300 años de prisión en decenas de juicios por crímenes de lesa humanidad.

La idea fue rechazada por la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, que la calificó de “chantaje inaceptable”.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 34.000 sufrieron torturas y fueron encarcelados por motivos políticos.

El abogado López, defensor también de otros oficiales reos, dijo que lo que pedirán los oficiales encerrados en la prisión de Punta Peuco, a cambio de información, “es lo que hay que sentarse a conversar”.

Sostuvo que se debe formar “una mesa de diálogo” entre los condenados y los familiares de detenidos desaparecidos para materializar la iniciativa y emplazó al presidente Sebastián Piñera a respaldarla.

“Si el Presidente autoriza, podemos entrar a conversar, formar una mesa de diálogo, chequear antecedentes, buscar por ahí y por allá”, explicó.

“Está la mejor disposición de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Investigaciones, de toda la gente que participó en esos hechos, de colaborar, de forma concreta y eficaz, no voladores de luces”, añadió.

Consultado sobre qué pedirían los represores a cambio, dijo que “eso es, justamente, lo que hay que sentarse a conversar”.

Requerido si lo que buscan es una reducción de condenas, López respondió que “podría ser una posibilidad”.

Agregó que “no podemos hacer hipótesis sobre hechos mientras no nos miremos a la cara y conversemos directamente el tema”.

Matizó, respecto de la información que entregarían los presos, que “no estoy diciendo que toda la gente tiene toda la información, obvio que más de alguien sabe algo, pero no todo. La idea es entregar la verdad a la cara”, sostuvo.

“Lo que estoy diciendo es que las partes, conversando directamente, puedan llegar a un entendimiento y haber resultados positivos”, argumentó.

En declaraciones a la edición electrónica del diario La Tercera, Mireya García señaló que la propuesta es “un chantaje inaceptable”, que confirma algo que los familiares de las víctimas siempre han sabido: “que la información existe”.

“Lo que deben hacer (los presos) es entregarla a los tribunales de justicia y no chantajear con la información”, dijo, y subrayó: “Nosotros no estamos para mesas de diálogo que finalmente lo que buscan es exculpar”, sostuvo.

Agregó que en su opinión, René López “está absolutamente delirante, todo lo que dice es parte del delirio de un abogado que opina de una óptica extremadamente particular y extraña”.

“La mesa de diálogo ya existió (Gobierno-Fuerzas Armadas, entre agosto de 1999 y junio de 2000) y los resultados fueron extremadamente negativos, tanto para las instituciones (castrenses) como para las víctimas”, recordó García.

“No significó más verdad ni más justicia, al contrario, sólo significó más angustia para los familiares”, concluyó.

 La Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos Iquique respalda a la compañera Mireya Garcia y ve con rabia porque los criminales han esperado tanto tiempo en entregar esa información que muchos compañeros y familiares fallecieron esperándola, No al chantaje de información x beneficio, esto lo hemos esperado por 40 años, si abandonamos este mundo sin obtenerla, nuestros familiares seguirán la lucha por lograrla. 

JULIO PONCE REGALÓN DE LAS AFP

Las AFP tienen US$ 758 millones en las “Cascadas” de Julio Ponce y SQM

La Superintendencia de Pensiones reveló la exposición de las AFP al caso Cascadas. Al 9 de octubre de este año, los trabajadores chilenos tenían US$ 757,9 millones invertidos en las sociedades de Julio Ponce y SQM, a través de los fondos de pensiones, cifra que representa 0,46% de los más de US$ 153.000 millones que administran las cinco AFP. El Fondo C tiene alrededor de la mitad de esas inversiones (US$ 379 millones) y AFP Habitat es la más expuesta, con US$ 235 millones. La mayoría de las inversiones de las AFP es en los papeles de SQM, donde tienen US$ 380,9 millones, o sea, más de la mitad del total. Eso sí, en proporción total, es AFP Modelo la que tiene la mayor exposición (0,39%). La Superintendencia recuerda que, de acuerdo a la regulación vigente, las inversiones de los fondos deben ser diversificados “de manera tal que un eventual impacto negativo que pueda tener un emisor específico, un instrumento o grupo de ellos, no afecte significativamente la seguridad ni la rentabilidad del total de las inversiones”. También reveló que está haciendo diligencias para fiscalizar a las Administradora y asegurarse de que estén cumpliendo la ley “al momento de tomar sus decisiones en torno este caso”. En un comunicado, la Superintendencia informó, que entre las acciones que está tomando –o ya tomó–, se encuentran “análisis de datos propios respecto de las carteras de inversiones” de las AFP en relación a las inversiones en instrumentos emitidos por SQM y sus sociedades controladoras. La Superintendencia informó que está fiscalizando el comportamiento de las propias administradoras y lo que han hecho “para cautelar el interés de los Fondos administrados, para dar cumplimiento a cabalidad con su rol de mandatarios legales de sus afiliados, según lo dispone la ley”. En otra arista del caso, el senador DC Mariano Ruiz Esquide pidió que se investiguen las denuncias de Julio Ponce, de que las AFP también participaron en algunas de las operaciones que están siendo cuestionadas por la SVS. Ruiz Esquide envió oficios al ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Pensiones.

¿PERSONAS OBLIGADAS A PERTENECER A LAS AFP ?

El mundo bursátil está lleno de misterios, de juegos secretos y a veces de fraudes. La historia y la literatura dan cuenta de muchos casos en que algunos aventajados hacen cosas admirables con dinero ajeno e infinitas argucias que a veces los órganos controladores nunca descubren y que en ocasiones, cuando ocurre, resulta tarde y el daño está hecho.

En Chile, desde que se potenció el mercado de capitales, las operaciones de bolsa adquirieron una dimensión muy importante. En particular, dicho mercado adquirió una trascendencia enorme cuando se les permitió a las AFP comprar acciones a mediados de 1985, para controlar empresas, no sólo privadas, sino especialmente las que se privatizaron.

Nació en Chile una gran industria que se nutrió de los fondos previsionales, en que vimos reiteradamente situaciones reñidas con la ética y la legalidad y que fueron requiriendo perfeccionamientos legales para impedir el involucramiento de los fondos previsionales en las maniobras propias de los grupos económicos controladores y surgió así una vasta creación legal que trató de establecer un estatuto para los directores independientes, auditorías del mismo tipo y un conjunto de reglamentos corporativos que buscaban resolver los problemas de conflictos de intereses enormes.

Pero estos son siempre muchos más frecuentes y acuciantes y, sobre todo, más rápidos que la autoridad que debe controlar. Hemos visto sólo en el último tiempo casos notables de audacia y de delitos, como la situación de La Polar, el uso de fondos privados y otros temas en Unimarc; hace un año, el intento de Enersis por obtener un enorme capital de bolsillos chilenos para comprarse las empresas latinoamericanas y muchos otros que se verán en el camino a corto andar.

Hoy preocupa a la opinión pública el caso de las cascadas, una creación que debe tener más de 25 años en la que el controlador de Soquimich logra su poder mediante un conjunto de empresas que se relacionan escalonadamente y también horizontalmente, formando un entramado que permite al menos dos cosas conocidas ahora con claridad. La primera, controlar con menos dinero del que se posee una empresa importante y hacerlo con la colaboración de minoritarios que en los diversos escalones ponen su plata medio a ciegas, en la esperanza de recibir algunas migajas que el controlador pueda darles. Sabemos también, ahora, que el controlador en este caso además utiliza su poder de decisión en el entramado para efectuar operaciones que lo benefician a él a costa de sus socios más pequeños y, asimismo, de la fe pública de las transacciones de la Bolsa de Comercio.

La historia en sí, hasta aquí, ya representa un grave atentado al ahorro de las personas que ¿deciden? compartir riesgos en sociedades en carácter de minoritarios y que confían en la Bolsa de Comercio y los corredores de bolsa.

Sin embargo, el problema se agrava de manera considerable cuando inexplicablemente los órganos privados con fines públicos, llamados AFP, se entusiasman con dineros del ahorro previsional, y con esos dineros caen en la trampa mortal de hacerse socios del controlador en diversos escalones y atraviesos que conforman las cascadas. Resulta altamente preocupante observar, una vez más, que el sistema previsional es permeable a la ocurrencia de estos hechos y ya muy difícilmente podemos aceptar la explicación de que la economía es así o los mercados son asá o que así son los riesgos en el negocio accionario.

Resulta asombroso que las AFP hayan admitido durante tanto tiempo apuntalar el imperio de personas que, vinculadas de algún modo a un régimen de facto, se hicieron inicialmente de la compañía bajo condiciones no competitivas, que operaba en un mercado internacional en que se competía con acuerdo de precios.

Las AFP en este capítulo han hecho francamente el ridículo y resulta incomprensible su tardanza en ejercer todas las acciones legales que corresponden. Su actitud podría implicar complacencia con la cuestión que ha descubierto la Superintendencia de Valores y Seguros, aparentemente también gracias a antecedentes y denuncias aportadas por particulares y por las propias AFP.

Tampoco se entiende cómo las autoridades, en 25 años, no se dieron cuenta de este entramado que al parecer obtuvo el apoyo de importantes redes políticas que, si bien aún no han salido a colación, están a la vista en los directorios como una primera pista.

Los corredores de bolsa como nunca informaron nada de esto a sus clientes y menos de que el precio de la empresa verdadera, y no las de papel, dependiera de un acuerdo oligopólico a nivel mundial, a excepción de Larraín Vial, que el año 2012 advirtió de la volatilidad de precios. Ello resulta francamente escandaloso y perfila un fraude al más alto nivel, con ocultamiento deliberado de información.

El problema de las AFP, según algunos, suele reducirse a si fracasaron en materia previsional por culpa de su diseño o porque el mercado laboral no se comportó como se esperaba, lo que para los efectos de un buen razonamiento viene a ser una tautalogía, porque un buen diseño debió haber establecido a priori las características del mercado laboral chileno. Del fracaso monumental de las AFP nos hemos salvado a medias, porque el Estado ya se hizo cargo del más del 50% de los pensionados del país, gracias a la visión subsidiaria del gobierno de Bachelet. Pero del problema del poder económico que tienen las AFP para la compra de acciones tanto en Chile como en sus operaciones internacionales, de las cuales no hay mayor claridad de cómo operan los controles, no se habla casi nada, es materia de la cual todos quieren hacerse los lesos.

Una AFP estatal no soluciona el problema esencial del sistema previsional, pero podría establecer un conjunto de condicionantes operativos muy útiles en cuanto al control económico que las AFP detentan.

Los fondos de pensiones, administrados por las AFP, constituyen, como se ha dicho por parte de diversos autores, la espina dorsal del postmoderno capital financiero. El historiador Gabriel Salazar, en un interesante estudio sobre los movimientos sociales en Chile, con meridiana claridad señala que “el capital financiero mundial –constituido casi exclusivamente por fondos de pensiones y fondos soberanos–, opera, pues, sobre enormes volúmenes de dinero que no son, en esencia, “capital”, y movido por operadores que tampoco son, en esencia, “capitalistas”, al punto que sus propietarios originales (los trabajadores cotizantes) tampoco son, en esencia, “propietarios”, porque en este sistema, la administración de estos fondos es más importante, funcional y jurídicamente que su propiedad”. Los fondos de pensiones administrados por las AFP, al año 2012, equivalían a ciento cincuenta y tres mil ochocientos siete millones de dólares, que es una suma equivalente al PIB chileno.

Las candidaturas a la presidencia de la República no han profundizado en este tema, en circunstancias que si se desea de alguna manera corregir el modelo económico, por un lado, y en ciertos rubros y materias introducir cambios sustanciales, lo que procedería es que los programas de gobierno abordaran seriamente todo el tema de los fondos de pensiones y de sus administradoras, organismos, estas últimas, que constituyen el instrumento determinante de la mercantilización de las pensiones.

En el mecanismo de los fondos de pensiones administrados por los grupos económicos dueños de las administradoras de pensiones, se da la paradoja de que el mundo laboral cotizante presta mensualmente las cantidades de dinero cotizadas a los grupos económicos, para que estos las utilicen en provecho directo e inmediato de sus propias empresas, especialmente las que operan en los ramos financieros.

Estas últimas reciben, a través de complicados mecanismos, los dineros que fueron cotizados y los emplean para mover el mercado de capitales, cuyos grandes frutos van en directo beneficio de quienes administran esos dineros. Si se desea verdaderamente hacer cambios, debe modificarse radicalmente todo el sistema de funcionamiento de los fondos de pensiones. El pilar solidario instalado durante el gobierno de la señora Bachelet, fue únicamente un paliativo, que se da dentro del esquema de mercado en actual aplicación, pero no constituyó una modificación sustancial, como es la que realmente se requiere.

La lectura del evangelio del último domingo hablaba de la lepra, terrible enfermedad de la antigüedad que hacía que la carne se cayera a pedazos en una muerte lenta y agónica. Los hechos de las cascadas, que parecen aludir al agua que purifica y escurre, apunta aquí a lo contrario, a un líquido pestilente que ensucia el sistema económico, que desprestigia el sistema financiero en general y el accionario en particular. Deja, además, al Estado como regulador actuando tarde y con inexplicables desavenencias entre el Ejecutivo (SVS) y el Ministerio Público. Todo ello confunde a la población y se presta para malos entendidos y maledicencias. El sistema económico actual está padeciendo de la grave enfermedad descrita y eso trae grave desprestigio a la clase empresarial y anticipa duros momentos para la ciudadanía. En cuestión de tiempo y, quizás, poco tiempo.

Ramón Briones E.  Hernán Boselin C.

BANCOS VENDEN CARTERA AL FISCO CON RECARGO DE 90%

El informe de Contraloría sobre los Créditos con Aval del Estado (CAE) revela que los bancos vendieron carteras al fisco con recargos de hasta 90%, que en total sumaron los US$ 288 millones.

La Contraloría concluyó que los millonarios recargos, además de reventas sin tope, eran suficientes motivos para enviar los resultados de la auditoría a la Fiscalía Nacional Económica y a la Superintendencia de Bancos. Ambos organismos podrían iniciar acciones legales.

El sistema debutó en 2006 y el Banco Mundial estima que la banca chilena ganó US$ 500 millones en los primeros cinco años. El gobierno licitaba los créditos a la banca y el banco ganador tiene el derecho a vender parte de ellos al fisco. Son esas las operaciones bajo la lupa de Contraloría. El actual Gobierno puso fin a un sistema que, según algunos estudios, representó cerca de US$ 1.100 millones en ingresos para los bancos involucrados entre 2006 y 2011. El informe revela que en el primer año los sobrecargos fueron en promedio de un 50%, pero apunta que “los bancos entregaron los recursos correspondientes a los créditos a las respectivas Instituciones de Educación Superior a contar del mes de julio, recuperando la inversión y cobrando el recargo a los tres meses de haber entregado el financiamiento “.

La auditoría concluye que “no constan las razones de la fluctuación del porcentaje de recargo o descuento que debió pagar la TGR (Tesorería General de la República) por la compra de la cartera de créditos licitados y renovados, el que ha fluctuado entre -2% y 90%… lo que ha significado para el fisco efectuar desembolsos por recargos ascendentes a $ 44.405.076.000 (US$ 288 millones) entre 2006 y 2011″.

El informe dice que en 2011 se normalizó la situación y el sobreprecio fue sólo de 6%. Ese año Corpbanca se adjudicó la totalidad de las licitaciones, adquiriendo su cartera en $ 62 mil millones, la que vendió en menos de $ 66 mil millones.

Entre los otros bancos que aparecen en el informe está Scotiabank, que en 2006 puso un recargo de 69% a lo que vendió al fisco. El Banco Estado puso un recargo de 62%.

El año en que los recargos tocaron 90% fue el 2009, año de crisis y también electoral, como destaca el informe. Ese año el BCI, en cuatro licitaciones, compró créditos por $10.460.035.000 y los vendió al fisco en $ 19.874.608.000. Eso representa un recargo de casi un 100%.

El informe muestra que ese año la Tesorería General de la República canceló diferencias por casi US$ 60 millones.

El informe hace duras críticas a la Comisión Ingresa –que es la encargada de administrar los Créditos con Aval del Estado– por no haber utilizado su facultad de “declarar desierta la licitación cuando las ofertas no resulten convenientes al interés fiscal, no obstante los altos porcentajes ofrecidos por las instituciones financieras por concepto de venta de cartera y recargo”.

Ingresa explica que en 2009, debido a la crisis subprime, los bancos se mostraron reticentes a dar créditos, al tiempo que se produjo un aumento en la demanda.

El informe también revela que se detectaron duplicidad de pagos y desactualización de datos en la entrega de los recursos. De acuerdo a La Tercera, el Ministerio de Educación explicó que los excedentes del beneficio están en proceso de devolución.

LOS ASESINOS DE LA OPERACIÓN LEOPARDO

                                                                                                    23 DE OCTUBRE DE 2012

Cae la noche en un Santiago que aún tiembla bajo las bombas de los Hawker Hunter. Los hombres del teniente coronel Alejandro Medina Lois, descansan en el regimiento de Telecomunicaciones en Peñalolén. Son “la reserva estratégica” del general Augusto Pinochet instalado allí durante los primeros días del Golpe Militar. Comandos de elite de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales que dirige Medina. Son los boinas negras.

Luego de las primeras 48 horas del asalto al gobierno de Salvador Allende, todo está bajo control. Allende muerto. Resistencia popular armada no hay. Los principales colaboradores del Presidente están detenidos. La revolución socialista ya es recuerdo. Humeante. Pesaroso. Trágico.

Pero una estocada inquieta la seguridad de los alzados victoriosos. La madrugada aún oscura del 12 de septiembre de 1973, un grupo de campesinos y jóvenes revolucionarios del sur en la precordillera de Valdivia, se convierte en alarma. Rodean el retén policial de Neltume, y exigen a los carabineros les entreguen armamento y munición si no están dispuestos a combatir a los golpistas. Entre ellos está el militante del MIR José Liendo Vera. El mítico y temido “Comandante Pepe”.

Los policías se niegan y abren fuego. Se inicia un tiroteo. Luego de un par de horas, el grupo que actúa desde el exterior se dispersa. Vuelve el silencio. No hay muertos ni heridos de ningún bando. A partir de entonces, el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli se torna uno de los principales objetivos de los militares. Se presume que en la zona operan guerrilleros de peligro. Pinochet ordena su eliminación. Nace la “Operación Leopardo”.

Para ello Pinochet crea la “Brigada Especial Antiguerrilla” con los boinas negras de la Escuela de Paracaidistas de Peldehue y otros preparados hombres para el combate. Al mando del general Nilo Floody, entre 250 y 300 militares son enviados a reprimir la insurgencia. Uno de aquellos, es el joven oficial Cristián Labbé Galilea.

La mayoría son máquinas de matar. Sus especialidades: instructor militar de montaña, con cursos de paracaidistas, comandos, guerra especial, asalto, guía, y explosivos y municiones.

Días después del Golpe, la brigada inicia el viaje desde Peñalolén a bordo de camiones militares. Llevan suficiente armamento y munición liviana y pesada. Van dispuestos a la guerra y a matar guerrilleros. “La brigada se hizo porque podía existir una guerrilla rural en el Complejo Maderero Panguipulli. Había que barrer con esos focos y si se producían enfrentamientos, la orden era abrir fuego”. Es Labbé quien declara ante los tribunales en diciembre de 2003 por los crímenes de 15 campesinos de Liquiñe, 150 kilómetros al este de Valdivia, cerca de la frontera argentina. Por primera vez, Labbé destapa su bien guardado secreto: reconoce que efectivamente fue parte de ese operativo.

Desde Brasil, donde antes del 11 de septiembre de 1973 cursó diversas técnicas para convertirse en la elite de la elite, Labbé retorna a la Escuela de Paracaidistas a la Dirección de Instrucción. O sea, no sólo es un boina negra común, sino es quién los adiestra. Durante el operativo en Liquiñe y otros lugares de la precordillera valdiviana, el actual alcalde de Providencia depende directamente del jefe máximo de los boinas, el teniente coronel Alejandro Medina, quien en este largo viaje fue el comandante de Estado Mayor del general Nilo Floody. “Mi labor dependía del comandante de Estado Mayor”, sostiene Labbé en su declaración judicial. Como se sabe, con esa preparación integral, fue luego uno de los adiestradores de los agentes de la DINA y propiamente un destacado integrante de esta organización ilícita criminal.

“Primero llegamos a Valdivia pero no sabíamos muy bien a qué íbamos. Se nos dijo sólo que el objetivo era combatir una guerrilla”, recuerda un suboficial boina negra  pero prefirió mantener reserva de su identidad. Un día después, el suboficial sostiene que partieron rumbo a la precordillera, a la zona del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y llegan a Liquiñe.

“Los boinas negras se instalaron en carpas en el patio del colegio de las monjas”, afirma en la investigación judicial Julián García, industrial dueño de las Termas de Liquiñe y la hostería. Se trata de la Escuela Misional Liquiñe.

Otro contingente militar al mando del teniente coronel Hugo Guerra Jorquera, que arriba antes desde Valdivia, instala su campamento en el amplio sitio de las mismas termas, según Julián García. Este es un reconocido anticomunista, de acuerdo a declaraciones judiciales de campesinos sobrevivientes.

NACE EL COMPLEJOEl Complejo Forestal y Maderero Panguipulli se extendió entre los          Baños de Chihuío por el sur, y Liquiñe por el norte, a unos 150 kilómetros al este de Valdivia. Llegó a contar con 360 mil hectáreas. Lo integran 22 fundos de grandes extensiones. A partir de fines de la década de los años 60, los predios son ocupados por integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), organización controlada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A 1973, trabajan allí más de 3 mil campesinos. No pocos siguen al “Comandante Pepe”, líder del MCR. Junto a Liendo Vera, a fines de los sesenta llega a la zona un puñado de estudiantes miristas para iniciar una “recuperación de tierras” junto a los campesinos.

Cuando Allende triunfa en 1970, su gobierno expropia los 22 fundos. Nace así, oficialmente, el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, como empresa filial de la Corporación de Fomento, Corfo. El sueño de construir el propio destino está cumplido. El complejo y el comandante Pepe se transforman en el terror de la derecha latifundista. Por ello, la venganza post golpe militar es feroz.Luego del episodio del retén Liquiñe la madrugada del 12 de septiembre de 1973, el comandante Pepe junto a su mujer, Yolanda Ávila, y los militantes del MIR Luis Pezo y Pedro Barría, que usa muleta para caminar, se ocultan unos días y suben a la cordillera. Pero el 19 de septiembre son hallados y trasladados a la cárcel de Valdivia. La noche del 3 de octubre de 1973, Liendo Vera es ejecutado en el campo militar de Llancahue. Al día siguiente, son asesinados otros once miristas acusados de participar en el ataque al retén Neltume. Los crímenes son manejados por la Caravana de la Muerte del general Sergio Arellano, presente en Valdivia en esos días. Para ello, Arellano firma una sentencia de un falso Consejo de Guerra. Quien fuera luego segundo hombre de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, asiste esa noche a presenciar la muerte de Liendo Vera.

    ACUSAN A LOS BOINAS NEGRAS

La noche del 10 de octubre de 1973 jamás podrá olvidarse por los habitantes de Liquiñe. La hostería de Julián García opera como “cuartel general”. Desde allí sale la lista con los 15 campesinos que deben ser arrestados y muertos de inmediato. Según se establece en el proceso, Julián García y su hijo Luis, que esa noche visten de militar, aportan los nombres de quienes deben morir. Los boinas negras inician la redada junto a carabineros del retén Liquiñe, a cargo del suboficial Luis Anguita Castro. Ellos conocen bien a los elegidos.

De acuerdo al informe policial firmado por el subprefecto de la Policía de Investigaciones de Valvidia, Benjamín Leal Riquelme y el subcomisario Manuel Castro Contreras en las detenciones de los campesinos del Complejo, José Miguel y Alejandro Antonio Tracanao Pincheira y su padre Eliseo Maximiliano Tracanao Valenzuela, participan “un cabo de Carabineros de apellido Quintana del retén Liquiñe y varios militares boinas negras”.

El dueño de las termas Liquiñe Julián García, declara judicialmente que “los boinas negras hacían las detenciones”.

El juez de letras de Villarrica a 1973, René García Villegas, sostiene en su libro “Soy Testigo” que uno de los cuerpos de los acribillados en el puente Toltén, permanece horas después en el río “enredado entre unas piedras, sin cabeza”.

Elcira Figueroa Arias, esposa de Salvador Alamos Rubilar, una de las 15 víctimas de Liquiñe, declaró en el proceso que, buscando a su esposo, “en la Fiscalía Militar de Temuco el capitán Ubilla me dijo que a la fecha de la desaparición de mi marido, (10 octubre 1973), se encontraba en la zona un operativo del Comando de Boinas Negras de Colina (Santiago) por lo que las autoridades militares locales ‘se lavaban las manos’ y que si mi marido cayó en manos de ellos,  ‘mejor guarde luto y delo por muerto”.

    SOBRE EL PUENTE DEL TOLTÉN

Amarrados de pies y manos, los 15 campesinos son conducidos esa noche en dos camionetas en dirección a Villarrica. Uno de los vehículos lo aporta Julián García y lo conduce su hijo Luis. El otro lo facilita el comerciante Juan Carmach y lo maneja el chofer de la ambulancia de Liquiñe, Sixto Díaz.

En el puente sobre el río Toltén, los campesinos son  bajados y los boinas ordenan a ambos conductores alejarse. En pocos minutos, los detenidos forman una macabra alfombra humana tendida sobre el puente. De color rojo, como la sangre que mana a raudales de sus cuerpos acribillados por fusiles de repetición con munición de guerra. Abajo, las caudalosas aguas del río no alcanzan a aplacar el ruido de la metralla. Díaz y García la escuchan, como lo declaran luego judicialmente.

 Uno a uno los cuerpos son lanzados al río. La lista Liquiñe está cumplida. Los

ejecutantes piensan que las múltiples perforaciones de los cuerpos permitirá

que se hundan y se pierdan para siempre río abajo hasta el mar.

    LOS BOTEROS Y LA AUTORIDAD

Pero días después, boteros de la zona que ejercen la pesca descubren algunos cuerpos aferrados a ramajes de la ribera o atascados entre rocas. Dan aviso a Carabineros de Villarrica. Hasta el lugar concurre el secretario del Juzgado del Crimen de Villarrica, Osvaldo Wiegand Carrasco, con  el subcomisario de la subcomisaría de Villarrica, capitán Ramón Torrealba Guzmán.

En el proceso, el secretario Wiegand dice que logra salvar un par de cuerpos. Pero los boteros lo desmienten. Estos afirman que la orden que ellos reciben tanto del secretario como del subcomisario, es liberar los cuerpos de lo que los sujetan, y echarlos a correr río abajo para que desaparezcan. Los boteros Eliseo Rosas Maldonado y José Carrasco Rodríguez, son careados con Wiegand y Torrealba. Mantienen sus dichos en cuanto a que son obligados por ambas autoridades a soltar los cuerpos y devolvernos al torrente. Lo mismo confirman los boteros Guido Mora, Leopoldo Ghisolfo y Juan Yáñez Cares.

Después de Liquiñe, siempre en busca de guerrilleros, el contingente de boinas negras en que participa Labbé se dirige a otras localidades que comprenden el Complejo Maderero. Pero el suboficial con quien conversamos sostiene sonriendo irónicamente: “No encontramos a ninguno, no había nada, ni guerrilleros ni nada”. La Brigada Antiguerrilla permaneció en la zona hasta comienzos de diciembre de 1973.

Sin embargo, en la zona por donde se desplazan los boinas bajo el mando del general Floody y Medina Lois, además de los 15 de Liquiñe, son asesinados otros 30 campesinos del Complejo Maderero. Un par de días antes de la masacre nocturna de Liquiñe, en Chihuío, 25 kilómetros al sur de Liquiñe, son igualmente acribillados 17 integrantes del Complejo, todos campesinos que vivían en la zona con sus familias. En este operativo participan también integrantes del regimiento Cazadores de Valdivia. La razzia es apoyadas por helicópteros Puma de la Fuerza Aérea, que provienen de la Base Aérea de Maquehua de Temuco.

    EL SECRETO

Algunos otros oficiales que participan en la “Operación Leopardo” son: Carlos Parera Silva, Emilio Timmermann Undurraga, Arturo Bosch González, Manuel Pérez Santillán (agente DINA) y Sergio Candia Muñoz.

¿Por qué Labbé ni ningún otro integrante de los boinas negras pudo ser procesado y condenado por estos crímenes de lesa humanidad? Fuentes de tribunales y policiales coinciden en manifestar que “el pacto de secreto” que se juraron y la “nula colaboración con la justicia”, fueron dos razones para lograr eludir responsabilidades. De acuerdo a las fuentes, a ello se agrega que, por tratarse de un contingente desconocido de Santiago, que actuó con vestimenta sin distinción de grados, de noche y con el rostro semi cubierto según declaran testigos de las detenciones, para los habitantes de estos lugares precordilleranos “fue imposible reconocer a alguno”. El ex agente DINA, coronel retirado Cristián Labbé, sortea una vez más la cárcel, mientras espera ser reelecto como alcalde el próximo 28 de octubre.

                                                                              

JUICIO CONTRA LOS ASESINOS

Este viernes comenzó en Roma la audiencia preliminar que ve como implicadas a 35 personas, entre las cuales se cuentan 11 chilenos, con la acusación de haber secuestrado y asesinado ciudadanos de origen italiano en el ámbito de la Operación Cóndor en la década de los 70. Durante la audiencia, que se desarrolló a puertas cerradas a la prensa, se discutió acerca de la constitución de las partes civiles.

El fiscal Giancarlo Capaldo explicó aCooperativa en qué consistieron los resultados de la primera audiencia.

"El resultado ha sido la constitución de las partes civiles y el examen de las objeciones preliminares que los abogados de la defensa presentaron al juez", indicó.

Después de cinco horas de audiencia, se llegó a la conclusión de que el estado italiano, junto con el uruguayo más el partido político de Uruguay Frente Amplio pueden constituirse como parte lesa del proceso.

Según el fiscal Capaldo, el hecho de que dos países entren en el proceso como una de las partes damnificadas, es una señal del interés de ambos porque se aclaren los hechos ocurridos durante las dictaduras.

Veinticuatro son las víctimas de origen italiano, entre las cuales se encuentran Juan Maino, Omar Ventureli y Juan Montilio, éste último era miembro de la guardia presidencial de Salvador Allende.

Entre los 35 imputados hay dos bolivianos, cuatro peruanos, 11 chilenos y 15 uruguayos, todos ellos miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1978.

Entre los chilenos están Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark; el general (r) y ex jefe de la DINA, Manuel Contreras; el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito; el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.

El proceso, claramente, se desarrolla con la ausencia de los imputados y podría seguir así hasta que se dicte la sentencia. El hecho de que haya habido audiencia, no significa que el proceso judicial haya comenzado de una manera formal.

Para ello, es necesario esperar el resultado de la próxima audiencia que tendrá lugar el 22 de noviembre.

La "Operación Cóndor", un plan ideado por Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia.

FIN DEL PROGRAMA FOREBAS

Hoy hemos recibido información confiable, sobre la decisión del Ministerio de Salud de terminar con el programa FOREAPS a partir del próximo concurso nacional de especialidades 2013 – 2014. Es decir, a partir del siguiente año no habrá más cupos para formarse en esa modalidad.

En el contexto de una salud pública abandonada y desfinanciada, uno de los problemas centrales es la grave descoordinación entre Centros de Atención Primaria (APS) y Hospitales. Creemos que el programa Forebas, con su ejercicio de trabajo asistencial de alto nivel académico, alternado entre la APS y los centros de mayor complejidad, ayuda significativamente a que nuestro sistema de salud intente funcionar como una verdadera red. Por cierto, este esfuerzo ha presentado problemas en su implementación, particularmente respecto a aspectos administrativos y legales, cuya solución pasa fundamentalmente por la voluntad política del MNSAL.

Esta antojadiza decisión, no consultada a los actores involucrados y sin criterios de política de salud pública de por medio, contradice a todas las campañas electorales tanto del oficialismo como de la oposición, que llaman a fortalecer la APS, ya que cierran el único programa que pone su centralidad en su mejoramiento.

Esta medida se suma a otras situaciones lamentables de directa responsabilidad ministerial, como la inestabilidad crónica de los concursos de postulación a especialidad, el no reconocimiento de calidad funcionaria a los residentes, las malas condiciones de trabajo de los médicos de la APS, y el millonario y permanente traspaso de recursos fiscales a prestadores privados con fines de lucro.

Hacemos un llamado a los usuarios de la red pública, estudiantes de medicina, servicios de salud, autoridades de salud municipal, trabajadores y académicos del área, a manifestar nuestro desacuerdo con esta forma improvisada e injustificada de realizar cambios en las políticas públicas de salud. En los próximos días realizaremos una convocatoria abierta junto a otros actores relacionados, para movilizarnos frente a este nuevo ataque a la salud pública de Chile.

 Residentes Chile

Agrupación Nacional de Residentes