A NUESTROS COMPAÑEROS EN PISAGUA

 

 

.En octubre asistimos con una delegación de 63 personas a la caleta de Pisagua para rendirles un homenaje a nuestros compañeros que fueron asesinados y desaparecidos por la dictadura militar, causando hasta el dia de hoy un dolor por no saber el paradero de sus seres queridos y una frustración por los asesinos que se pasean por el pais sin aun recibir su castigo.

LA LUCHA SIGUE

Estimados compañeros, después de un esforzado trabajo tecnológico en Internet, gracias a Dios logramos recuperar nuestra pagina para ponerlos al día en nuestras actividades. El día 28 de septiembre de 2014 el tribunal electoral de Tarapaca fallo a nuestro favor una impugnación hecha a nuestra directiva por Odesa Flores, Julio Aranguiz, Luis Ponce y otros, haciendo valida la directiva elegida el 28 de julio 2014 quedando de la siguiente manera:
Directiva Agrupación Ex Presos Políticos Iquique  2014 - 2017
Presidente     Juan Parra Gonzalez
Secretario      Mario Magne Castillo
Tesorero        Osvaldo Andrade Araya
1° Suplente    Liliana Muñoz Hidalgo
2° Suplente    Angela Petruzzi Carvajal
3° Suplente    Manuel Cabrera Sepulveda

PROCESAN A 3 PERSONAS POR EL ASESINATO DE VÍCTOR JARA

En el marco de la investigación por el asesinato de Víctor Jara, el ministro en visita Vázquez resolvió hoy someter a proceso a tres personas por la responsabilidad de la muerte del cantautor, asesinado en el Estadio Chile el 16 de septiembre de 1973.

Los Oficiales (r) del Ejército procesados son Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso por su calidad de autor. De igual forma, el magistrado dictó procesamiento en contra del ex Fiscal Militar Rolando Melo Silva en calidad de cómplice. Hoy es abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE). “Hay que celebrarlo a pesar de todo y que esta investigación siga adelante (…) aquí hay un gran avance”, sostuvo Joan Jara, viuda del autor de “Te recuerdo Amanda“. De acuerdo a los antecedentes recopilados en el proceso, el magistrado dio por establecidos los siguientes hechos:

“A) Que el día 11 de septiembre de 1973, el hasta esa fecha Director General del Servicio de Prisiones, Littré Abraham Quiroga Carvajal -quien se encontraba con licencia médica en su domicilio y entre las personas llamadas a presentarse ante el Ministerio de Defensa por el primer Bando Militar-; se constituyó en su despacho de la Dirección General de Prisiones ubicado en calle Rosas esquina de calle Teatinos. Posteriormente, en horas de la noche de ese día 11 de septiembre, una patrulla de Carabineros pertenecientes a la Tercera Comisaría de Santiago, en conocimiento que Littré Quiroga se encontraba en la Dirección General de Prisiones, lo conminó a salir de su oficina y entregarse, trasladándolo inmediatamente a dicha Unidad Policial, siendo luego conducido al Regimiento Blindados N° 2, donde fue sometido a apremios físicos y, en las horas subsiguientes, al entonces Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara).

B) Que, ese mismo día 11 de septiembre de 1973, a raíz de la asunción del Gobierno Militar de facto, la entonces Universidad Técnica del Estado, fue sitiada por efectivos del Regimiento “Arica” del Ejército de Chile, provenientes de la ciudad de La Serena, a cargo del entonces Capitán Marcelo Moren Brito; quienes procedieron el día 12 de septiembre de 1973, previo disparos de proyectiles de diversa naturaleza, a ocupar sus dependencias y a la detención de docentes, alumnos y personal administrativo que se encontraban en el establecimiento educacional; personas que luego fueron trasladadas en buses de locomoción colectiva hasta el entonces Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara). Entre los docentes aprehendidos, se encontraba el cantante popular y también investigador de dicha Universidad, Víctor Lidio Jara Martínez, quien ingresó al Estadio Chile junto con el referido grupo de detenidos, para posteriormente ser ubicado con éstos en las graderías de dicho recinto deportivo.

C) El Estadio Chile, lugar de detención masiva, había sido habilitado como tal, por medio de la coordinación del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército de Chile, correspondiendo su resguardo interior a efectivos provenientes de distintas Unidades Militares, entre ellos: el Regimiento “Tejas Verdes” de la ciudad de San Antonio, el Regimiento “Blindados N°2″ de Santiago, Regimiento “Esmeralda” de la ciudad de Antofagasta y el Regimiento “Maipo” de Valparaíso.

D) Que las referidas detenciones fueron decididas por las autoridades administrativas sin orden judicial de ninguna naturaleza y bajo ningún procedimiento, y el encierro en el Estadio Chile, que era un lugar que se ocupaba para espectáculos deportivos y culturales, fue decidida por las autoridades que estaban a cargo del mismo, sin facultad para ello, sin haberse dejado constancia de la identidad de los detenidos, motivo y cargos a los mismos.

E) Que, durante los respectivos períodos de su detención, tanto Víctor Jara Martínez como Littré Abraham Quiroga Carvajal fueron, reconocidos por el personal militar instalado al interior del Estadio Chile, siendo separados del resto de los prisioneros, para posteriormente, ser llevados a otras dependencias ubicadas en los camarines, ocupadas como salas de interrogatorios y apremios, donde fueran agredidos físicamente en forma permanente, por distintos Oficiales.

F) Que, entre los días 13 y 16 de septiembre de 1973 se desarrollaron interrogatorios a detenidos al interior del Estado Chile, sin que ellos obedecieran a procedimientos judiciales y/o administrativos previos, algunos de los cuales fueron practicados por

personal de la Segunda Fiscalía Militar de la época; y, entre otros, fueron interrogados Víctor Lidio Jara Martínez y Littré Abraham Quiroga Carvajal.

G) Que, el día 16 de septiembre de 1973, se procedió al traslado de todos los detenidos del Estadio Chile, con excepción de Víctor Lidio Jara Martínez, Littré Quiroga Carvajal y Danilo del Carmen Bartulín Fodich, los que fueron separados del grupo por el encargado militar de dicho recinto, ordenando que fueran llevados al subterráneo, sector camarines, donde había personal militar; instantes en que Bartulín fue llamado desde el primer piso, para ser llevado a un vehículo en el cual fue trasladado al Estadio Nacional, junto a otros detenidos, quedando en los camarines, en lugares diferentes, Víctor Lidio Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal; oportunidad en que se les dio muerte a ambos, hecho que se produjo a consecuencia de, al menos, 44 impactos de bala y 23 impactos de bala, respectivamente, en todos los casos de calibre 9,23 milímetros, según se precisa en los correspondientes informes de autopsia, armamento que se utilizaba oficialmente por los Oficiales del Ejército que se encontraban en dicho recinto.

H) Que, los cadáveres de Víctor Lidio Jara Martínez y de Littré Quiroga Carvajal, fueron encontrados en los días posteriores, junto a los cadáveres de otras tres personas más de identidad desconocida -muertas igualmente por proyectiles balísticos-, por pobladores en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en un terreno baldío cercano a la línea férrea, con signos evidentes de haber recibido golpes y los impactos de bala detallados en los respectivos informes de autopsia”.

En la causa, entre diciembre 2012 y enero de 2013, el ministro Vázquez sometió a proceso como responsables de los homicidios de Víctor Jara y Littre Quiroga a los miembros del Ejército: Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez, en calidad de autores; y a Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei, Luis Bethke Wulf y Jorge Smith Gumucio, como cómplices.

Respecto del procesado Pedro Barrientos Núñez, en enero de 2013, la Corte Suprema solicitó su extradición a Estados Unidos, donde reside; sin embargo, aún dicho país no dado respuesta a la petición.

SALVADOR ALLENDE NO SE SUICIDÓ

Se confirma lo que ya se sabía: Salvador Allende no se suicidó

 Histórica revelación de sobrino del general que dirigió asalto a La Moneda: “Mi tío el general Palacios nos contó que él le dio un tiro de gracia a Salvador Allende”

En entrevista con este corresponsal, Dagoberto Palacios González (55) reveló que su tío Javier Palacios Ruhmann confesó -en una cena de febrero de 1977- que él remató al presidente Salvador Allende. Esta información es coincidente con otro testimonio entregado a contramano por este general, el que fue publicado en libro Allende: “Yo no me rendiré”. La investigación histórica y forense que descarta el suicidio (Ceibo, 2013). Allí se detallan las precisas circunstancias en las que se había producido la muerte del Presidente Allende. La versión del sobrino de Palacios también es concordante con un ocultado examen químico forense –de mayo de 2011- que demuestra que Allende recibió un disparo a corta distancia con arma de bajo calibre. Esta revelación forma parte de la nueva edición del citado libro, que pronto aparecerá en Alemania, Francia e Italia. “En la Universidad me di cuenta de muchas cosas… compañeros que desaparecían. No me gustaban las formas del régimen militar. Ahí me izquierdicé, lo que me significó muchos conflictos con mi familia, hasta que mi padre me echó de la casa porque fui al entierro del cura André Jarlan, que fue asesinado por militares en la Población La Victoria (el 4 de septiembre de 1984). No aguantó… como él trabajaba con generales…”. Dagoberto recuerda que a fines 1976 o a principios de 1977 su padre comenzó a trabajar en el edificio Diego Portales, que era sede de la Junta Militar de Gobierno. Allí lo llevó el general Carlos Forestier. Dagoberto estima que su progenitor laboró allí hasta 1981, año en que comenzó a trabajar con el fabricante de armas Carlos Cardoen Cornejo. Forestier también se integraría a este equipo.

La confesión

Dagoberto Palacios recuerda que cuando tenía 14 ó 15 años su papá comenzó a llevarlo como acompañante a algunas de sus actividades. En su círculo de amigos destacaban el entonces coronel Sergio Badiola, el general Forestier y su primo el general Javier Palacios. Ellos gustaban de ver partidos de fútbol en el Estadio Nacional y, tras estos, ir a cenar. Uno de sus restoranes predilectos era uno ubicado en calle Cuevas (Santiago Centro) que era propiedad de Omar Palacios, hermano de Fernando. El 18 de febrero de 1977, tras un partido entre la selección de Chile y Flamengo (de Brasil), fueron a comer a ese restorán. Estaban los generales Palacios, Forestier y Badiola; su Papá y él.  “Antes que trajeran la comida, mientras se servían un par de copas de vino, alguien le preguntó a mi tío el general Palacios ‘¿qué pasó con Allende el día del golpe en La Moneda?’. Entonces mi tío nos contó que él le dio un tiro de gracia a Salvador Allende”, reveló Dagoberto Palacios. Expresa Dagoberto que ese comentario resultó sorpresivo: “Los otros se miraron con cara de decir: ‘Y éste, ¿qué está diciendo?… Se está condenando sólo’”. Dagoberto recuerda que luego llegaron los platos y la conversación quedó hasta allí. Nadie preguntó más, ni Palacios volvió al tema. El sobrino del general Palacios prosiguió con su relato: “después que llegamos a casa mi padre me hizo rejurar de por vida que no iba a contar lo que había escuchado. Me dijo: ‘esto queda guardado, porque tu tienes que cuidar el interés de la familia’. Hay que entender que en esos tiempos importaba mucho el apellido, la familia. Pero después yo entré a la Universidad y me di cuenta que las cosas eran totalmente diferentes”. Dagoberto Palacios afirma que a mucha gente le contó esto, pero que muchos no creyeron o no pudieron hacer nada. “Pero bueno, hay cosas que se creen y otras que no se creen”, expresó.

Médico Forense Luis Ravanal  Suicidio imposible

El testimonio de Dagoberto Palacios no ahonda en detalles que fijen el contexto en que se produjo la muerte de Salvador Allende. Pero es una pieza clave del puzzle en que se ha convertido el Caso Allende, el que fue cerrado 'definitivamente' por la Justicia de Chile en enero de este año, luego que la Corte Suprema ratificara la sentencia del ministro [juez] Mario Carroza (de septiembre de 2012) quien determinó que Allende se suicidó, tras rendirse. El fallo de la Corte Suprema contó con el voto de minoría del ministro Hugo Dolmestch –considerado el mejor penalista del máximo tribunal- quien en su fundamentación hizo ver que el cráneo de Allende tenía dos disparos hechos con dos armas distintas, manifestando que ese antecedentes hace inverosímil el suicidio. Según resolución de la Corte Suprema –número 5778-13–, Dolmetsch argumentó que la investigación sumarial de la causa no logró “resolver la discordancia que surge del análisis de los informes periciales realizados”. Explicó: “Los hallazgos descritos en el Protocolo de Autopsia número 2449-73 establecieron la existencia de un orificio de salida en la zona posterior de la bóveda craneana del expresidente, incompatible con la destrucción causada por el impacto supuestamente autoinferido con un fusil de guerra, lo que refuerza la tesis de la ocurrencia de a lo menos dos impactos de bala penetrantes en el cráneo, uno provocado presuntamente por un arma de mediana o baja velocidad y otro de fuente distinta, pudiendo corresponder a proyectiles y armas diferentes, circunstancia que no descarta la intervención de terceros”. El ministro Dolmestch cerró su razonamiento expresando que “no resulta aconsejable cerrar para siempre el proceso, desde que tal vez a futuro bien podrían aparecer nuevos antecedentes que despejen sus actuales dudas”. Es altamente valioso el hecho que este juez mencionara el orificio de salida de bala presente en la parte posterior derecha de la bóveda craneana del presidente Allende, que fuera descrito en la autopsia de 1973, el que claramente tuvo un origen distinto al disparo de fusil que provocó estallido de cráneo. Tanto o más significativo es el hecho que Dolmetsch validara el Informe Químico N° 261 realizado, en mayo de 2011, por el perito Leonel Liberona Tobar. Este informaba que la zona periorbitaria del ojo izquierdo de Allende tenía claras evidencias de haber recibido un disparo.

Este herida de entrada de bala –que dadas sus características tuvo que ser provocada con arma corta y a corta distancia- fue revelada en el libro Allende: “Yo no me rendiré. La investigación histórica y forense que descarta el suicidio, que coescribimos con el médico forense Luis Ravanal. En sus conclusiones el Informe Químico de Liberona Tobar, señala: “En la muestra No. 3 (situada en la zona de la frente) se constató la presencia de plomo, bario y antimonio, cuyas concentraciones son compatibles con un orificio de entrada de proyectil balístico generado a corta distancia”. El peritaje fue realizado el 27 de mayo de 2011, cuatro días después de que se exhumaran los restos del mandatario socialista por orden del juez Mario Carroza, quien instruye el caso Allende. Como evidenciamos en el citado libro y en reportes de prensa publicados en 'Proceso' (México) y en 'El Ciudadano' -en 2013- el perito Liberona fue convocado por el director del Servicio Médico Legal (SML) Patricio Bustos a una reunión que se celebró el 15 de julio de 2011, a la cual asistió Carroza. Bustos –que no es médico forense- le planteó a Liberona que la muestra por él examinada no correspondía a la zona periorbitaria del ojo izquierdo sino a una región interna del cráneo. Esto, pese a que él mismo Liberona había recolectado la muestra del cráneo de Allende, por lo que perfectamente sabía a que zona correspondía. Afortunadamente Liberona dejó constancia de esta reunión y anexó su primer reporte en un nuevo informe que elaboró, todo lo cual quedó adosado al expediente, donde fue encontrado por el Dr. Ravanal. Ni Carroza ni Bustos han negado la existencia de este informe de Liberona, que, como vimos, fue completamente validado por el juez Dolmestch.

Versión coincidente

En el señalado libro dimos a conocer otro testimonio que señala al general Palacios como autor de un tiro de gracia a Allende. El relato fue brindado a este corresponsal por el chileno residente en Milán, Julio Araya Toro, el 16 de agosto de 2013, mediante videoconferencia. Araya Toro (46 años) es hijo de Jorge Araya Gómez -ya fallecido- quien fue amigo desde la niñez del general Palacios. Ambos vivían en el mismo sector residencial aristocrático del antiguo centro de Santiago. Estudiaron en el colegio Padres Franceses; asistieron a la misma iglesia y jugaron en el mismo lugar: el Parque Cousiño (ahora llamado O’Higgins). “Ya mayores tomaron diferentes caminos. Mi padre siguió la vida civil y el general Palacios ingresó a la Escuela Militar en 1941, pero continuaron frecuentándose durante toda la vida”, expresó Julio Araya. Este reveló que la historia sobre la muerte de Allende se la contó su padre luego que, en febrero de 1992, ambos se encontraran con Palacios en el centro de Viña del Mar: Según recordó Julio Araya, Palacios hizo tal confesión a su padre cuando lo visitó en su casa, en la santiaguina comuna de Maipú, en marzo de 1974. El general le dijo que su misión “el once” [de septiembre] era rodear con tanques y tomar La Moneda por tierra, pues comandaba el regimiento Blindados N° 2. Le contó que ingresó a La Moneda por la puerta de la calle Morandé con soldados de infantería en el mismo instante en que bajaban por las escaleras quienes estaban con Allende y a los cuales éste les había pedido salir. Los militares los empezaron a empujar hacia abajo por los peldaños mientras ellos subían. “El ambiente era un infierno pues La Moneda ardía por el bombardeo y no se podía respirar por los gases lacrimógenos. En el segundo piso Palacios fue recibido con ráfagas de metralleta de Allende y algunos de sus hombres que estaban en el Salón Rojo. En ese momento Palacios gritó a los miembros del GAP (escolta del presidente) que se rindieran. Allende respondió gritando: ‘¡Soy el presidente de Chile y si te crees muy valiente ven a buscarme, conchetumaire!’. Inmediatamente los GAP y Allende comenzaron a disparar y una bala de Allende hirió en la mano derecha a Palacios. “Los hombres de Palacios avanzaron disparando contra los miembros del GAP. Éstos fueron cayendo por las balas de los militares, mientras Palacios era asistido por Armando Fernández Larios, que le pasó su pañuelo para detener la sangre de la mano herida. “Entretanto seguía la balacera más adentro, pues los GAP se fueron replegando. Dos militares, los cuales iban disparando, hirieron en el estómago o el pecho a un civil que portaba una metralleta, un casco y una máscara antigases. El civil se plegó y cayó al suelo. A Palacios (…) le llamó la atención este civil. Se fijó que portaba un reloj fino. Al quitarle la máscara antigases y el casco reconoció al presidente Allende. En ese momento sacó su pistola de ordenanza y disparó a quemarropa en su cabeza. “Eran las 14:00 horas. Palacios y sus hombres trasladaron el cuerpo del presidente Allende al Salón Independencia. Comenzaron entonces a preparar el montaje para decir que el presidente Allende se había suicidado.” Cabe señalar que al cierre de este reportaje el equipo de abogados querellantes en el caso Allende –conformado por los abogados Roberto Celedón y Matías Coll- preparaban la presentación de una demanda contra el Estado de Chile por denegación de justicia en el caso Allende, la que será presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).                Francisco Marín Castro

semanario-alternativas.info. Extractado por La Haine

LOS LATIDOS DE LA MEMORIA

 “Los latidos de la memoria” es el nombre del nuevo proyecto de Radio Universidad de Chile que desde este jueves investigará y difundirá la memoria emotiva de los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura militar. Este proyecto, patrocinado por el Instituto de los Derechos Humanos, Corporación Paine, Nodo Ciudadano y Radio Universidad de Chile, consistirá en cápsulas radiofónicas de un minuto y medio que darán a conocer las biografías y los relatos de las víctimas centrados en el recuerdo de la vida previa a las situaciones de violencia a las que fueron sometidos. Para la Corporación Paine “este proyecto es una forma de acercar los relatos de las víctimas y crear espacios de identificación y empatía con quienes lo escuchen, promoviendo la reflexión y el valor de los derechos de las personas”. También se darán a conocer relatos del mundo rural como algunos de la comunidad del Paine que podrían resultar inéditos para los oyentes. El lanzamiento tendrá lugar a las 19:00 de este jueves 31 desde la sala Máster de Radio Universidad de Chile. Durante la dictadura de Pinochet, según informes oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

VIOLENCIA SEXUAL EN LA DICTADURA

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi patrocinó una querella criminal por violencia sexual durante la dictadura, presentada el 16 de mayo, la cual fue acogida. La entidad sostuvo a través de un comunicado que “manifiesta su satisfacción por la acogida de la justicia y confía en que no sólo se investigarán los hechos, sino que finalmente se aplicarán las penas correspondientes a delitos de tanta gravedad para la sociedad chilena, cuya única sanación debe ser la justicia”. Asimismo, el directorio de la Corporación expresó que “la decisión judicial abre la puerta para que otras víctimas de estos crímenes testimonien ante la justicia, para lo cual estamos abiertos a acogerlas y prestar el apoyo jurídico correspondiente”. La presentación que investigarán los tribunales quedó a cargo del ministro de fuero de la Corte de Apelaciones Mario Carroza. El escrito confiado al abogado Hiram Villagra incluye el delito específico de violencia sexual en las personas de Luz de las Nieves Ayress Moreno, Carmen Alejandra Holzapfel Picarte, Soledad de las Mercedes Castillo Gómez, Nora Judith del Carmen Brito Cortés. El ministro Carroza deberá investigar los hechos en los cuales se encuentran involucrados Manuel Contreras Sepúlveda, Jefe de la DINA, Vittorio Orbieto Tiplizky, Raul Quintana Salazar, Nelson Patricio Valdés Cornejo, Klaudio Erich Kosiel Hornig, Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich González, Miguel Hernández Oyarzo, Alejandro Molina Cisternas, David Miranda Monardes y Jorge Rosendo Núñez Magallanes, entre otros. La violencia sexual está tipificada en los tratados internacionales suscritos por Chile, la cual –expresa la querella–, al emplearse “contra las contra las mujeres ha representado una de las formas más recurridas para denigrar y someter a una parte de la población civil”, pues “no solo daña a quien es víctima del acto delictual, sino que el abuso también afecta a la comunidad de forma moral, física, emocional y espiritualmente”. Así deberán declarar “todos aquellos que participaron directamente en la perpetración del acto ilícito así como aquellos que lo ordenaron o indujeron, los que colaboraron, los que facilitaron los medios para llevarlo a cabo, como los que facilitaron los lugares de encierro”, en este caso Villa Grimaldi, Venda Sexy, Londres 38 y Tejas Verdes. Los hechos representan conductas cuya finalidad fue “degradar a las mujeres pertenecientes a un grupo social y político, lo que transgrede leyes nacionales, tipificadas como delito internacional y crimen contra la humanidad. Se trata de actos inhumanos degradantes de la más alta a que muchas de las víctimas recién hoy sean capaces de verbalizar lo sucedido”, señala la querella patrocinada por Villa Grimaldi.

JUEZ MUÑOZ RETOMA COORDINACIÓN EN CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS

El viernes había renunciado a esa función por discrepancias con sus pares.

Tras inédito pleno extraordinario, presidente de la Suprema retoma coordinación nacional de causas de DD.HH."Se discutió con franqueza y se determinó que siguiera como coordinador de estas causas que son prioritarias para el tribunal", señaló Sergio Muñoz, enfatizando su "plena disposición" para liderar las causas que impliquen delitos de lesa humanidad. Un cambio de planes anunció este martes el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien finalmente decidió continuar a la cabeza de la coordinación nacional de causas de Derechos Humanos. Esto después de que, el viernes pasado, Muñoz comunicara su decisión de no asumir el cargo producto de discrepancias con otros miembros del pleno del máximo tribunal del país. El anuncio desató las críticas por parte Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Muñoz informó su cambio de decisión luego de que en el consejo extraordinario de este martes se discutiera su continuidad con “franqueza, profundidad y altura de mira”, según informó Emol. “Se discutió con franqueza y se determinó que siguiera como coordinador de estas causas que son prioritarias para el tribunal”, señaló el magistrado, enfatizando su “plena disposición” para liderar las causas que impliquen delitos de lesa humanidad. Con esto, queda atrás el conflicto entre ministros generado específicamente por la mala interpretación del anuncio de Muñoz, quien tras oficializar la salida de Hugo Dolmetsch y su sucesión, informó además la creación de un catastro informático de todas las causas en materia de derechos humanos, lo que fue entendido por sus pares como una de idea de evaluar el trabajo que realizan. Una columna del periodista Jorge Escalante publicada este martes por El Mostrador plantea que la decisión inicial de Muñoz de restarse de la coordinación de las causas fue debido a la presión de los “poderes fácticos” por la recontratación del retirado magistrado Alejandro Solís con el fin de acelerar los procesos, lo que habría generado molestia y preocupación en el Ejército. La nota asegura que un emisario de la institución habría concurrido personalmente hasta el despacho de Dolmestch para manifestarle sus aprensiones por el retorno de Solís, lo que se suma a una versión de prensa, publicada por El Mercurio, dando cuenta de la “inquietud” del pleno de la Suprema por esta situación.

JUEZ MUÑOZ NO ASUME COORDINACIÓN EN CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS

“El ministro le iba a poner una impronta distinta a lo que ha sido el trabajo de los jueces en materia de DD.HH.” La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos lamentó profundamente el anuncio hecho por el ministro Sergio Muñoz y criticó lo que ha sido la labor de los magistrados. "Hay jueces que han estado durante muchos años con causas, que han avanzado prácticamente nada y que en definitiva a lo que estamos llegando es a un estado de impunidad". “El ministro Muñoz le iba a poner una impronta distinta a lo que ha sido el trabajo de los jueces en términos de lo que te señalaba antes. Yo creo que él iba a ponerle un ritmo a las investigaciones, un profesionalismo y todos los recursos y apoyos necesarios para que efectivamente se avanzara significativamente en la búsqueda de la verdad y la justicia”, señaló este viernes Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Esto después de que se diera a conocer la decisión del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, respecto a la coordinación nacional de causas de derechos humanos por, según argumentó, discrepancias con otros miembros del pleno del máximo tribunal del país. Ante este panorama, García lamentó profundamente el anuncio y argumentó que, a su parecer, las discrepancias con los otros jueces tendrían que ver con “miradas diametralmente opuesta en relación a los tiempos, a la eficacia, a la eficiencia y a los resultados de las investigaciones de procesos por violaciones a los derechos humanos”, según dijo en entrevista con CNN Chile. En ese sentido, la representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos fue enfática en sacar a colación la deuda pendiente que tiene la justicia chilena con la resolución de casos de violaciones a los derechos humanos. “Han pasado 40 años y los jueces a estas alturas no solamente deberían haber sido evaluados, deberían haber sido cuestionados porque este país ha esperado por 40 años una respuesta de la justicia que ha llegado muy parcialmente y muy tibiamente. Por lo tanto, lo que correspondía en este momento (…) era ponerle más voluntad, más profesionalismo, más recursos, más apoyo e iniciar una etapa donde de verdad, sin tiempos predefinidos, se pudiera avanzar significativamente en los resultados que este país ha esperado por 40 años”, explicó. Por el contrario, en la entrevista indicó que “hay jueces que han estado durante muchos años con causas, que han avanzado prácticamente nada y que se han acostumbrado a un ritmo donde en definitiva finalmente a lo que estamos llegando –y es ahí donde los jueces están absolutamente expuestos a ser evaluados– es a un estado de impunidad porque el violador de derechos humanos o ya no está, o tiene problemas graves de salud mental, o cualquier situación que con el paso de los años va ir siendo más crítica”. Asimismo, echó luces sobre la deuda particular que a su parecer tendría  la Corte Suprema con esta materia. “La Corte Suprema así como nunca ha tomado la decisión de sentarse frente a una cámara, hablarle al país y señalarle cuál fue su rol en dictadura y cuál es el que debe ser en democracia, ha quedado siempre expuesta a una situación de poca claridad respecto a lo que es y a lo que fue su relación con las violaciones a los derechos humanos, donde el Poder Judicial, uno de los poderes que persistió y subsistió con algún grado de independencia, fue absolutamente ajeno a los requerimientos de los familiares en términos de salvar vidas y de iniciar procesos judiciales que llevaran la sanción a los responsables”, explicó. En tanto, aseguró que el sistema judicial ha favorecido a violadores de los derechos humanos con beneficios como “la prescripción, como la media prescripción, como la salida a través de sistemas administrativos, etc.”, y que han derivado en “una suerte de impunidad legal que empieza a ser como normal, como parte de la dinámica judicial”. Sin embargo, recalcó que “no es normal que los violadores a los derechos humanos tengan derecho a acceder a beneficios a los cuales la población penal común y corriente de este país tiene muchas dificultades para acceder”.

BECAS ESTATALES PARA HIJOS DE SENADORES

María Paz Coloma y Raimundo Larraín, viajarán a la Universidad de Melbourne (Australia) y a la de Columbia (EEUU) luego de obtener el beneficio estatal para estudiar en el extranjero, que contempla más de 11 millones de pesos anuales. El hecho que dos de las becas de Magíster en el extranjero que entregan la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), fueran destinadas a los hijos del senador Juan Antonio Coloma y el ex timonel de RN, Carlos Larraín, por una cifra cercana a los 11.260.800 anuales, generó una serie de críticas en la ciudadanía.  Los beneficiados, María Paz Coloma y Raimundo Larraín, viajarán a la Universidad de Melbourne (Australia) y a la de Columbia (EEUU) respectivamente. Cabe recordar, que cubre los pasajes de avión, aranceles, matrículas y aporte mensual para materiales. Por otra parte, la mayoría de los críticos de esta medida apuntan a que el sector que representan Coloma y Larraín se han mostrado contrarios a los cambios que propone el Gobierno hacia la educación gratuita y modificar el sistema educacional.  Además, solicitan mayores fiscalizaciones en la entrega de beneficios y que éstos no deberían ser otorgados a hijos o familiares de personas que ejerzan cargos públicos. 

La Moneda accede a petición de la ONU y se compromete a derogar la Ley de Amnistía

El gobierno chileno afirmó hoy ante las Naciones Unidas que se ha comprometido públicamente a anular del decreto Ley de Amnistía y, por ello, se ha presentado ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido. Chile se sometió hoy por segundo día en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es Estado parte. En la sesión de ayer, Fabian Omar Savioli, miembro argentino del comité, solicitó a Chile que derogue la normativa para que ningún crimen de lesa humanidad quede impune y para que no haya espacio a la interpretación. En su respuesta de hoy, el subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, aseguró al comité que, si bien aún está vigente, la ley de amnistía no se aplica. Riveros explicó que se ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley para anular ese decreto ley y que el nuevo Gobierno cuenta entre sus objetivos con establecer una normativa que estipule que los crímenes de guerra y contra la humanidad son imprescriptibles y sus autores no podrán beneficiarse de prescripción, amnistía o gracia. Esa ley fue impuesta por el general Augusto Pinochet con el objetivo, según los organismos humanitarios, de garantizar la impunidad a los autores de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante su dictadura (1973-1990). En relación a los pueblos indígenas, sobre los que ayer varios miembros del grupo expusieron cuestiones, dudas y preguntas, Riveros precisó que el objetivo del Gobierno es lograr el pleno reconocimiento constitucional de su existencia y sus derechos. Indicó que ya se han restituido tierras a los pueblos aimara del norte del país, pero que aún no se ha podido llevar a cabo algo similar en el sur con los mapuches porque el proceso es distinto. Respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, Riveros señaló que el tema está siendo debatido en el Congreso, donde ya se han presentado cinco proyectos de ley y por ahora se están discutiendo, pues en la cámara hay puntos de vista muy distintos sobre este asunto.
Sin embargo, puntualizó que el 86,3 % por ciento de los municipios ofrece la llamada “píldora del día después”.

ONU pide a Chile más coordinación para investigar desapariciones en dictadura

Un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) reclamó este martes al gobierno de Chile que aplique políticas coherentes y coordinadas para investigar las desapariciones forzadas que se perpetraron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El organismo internacional escogió el patio 29 del Cementerio General de Santiago, donde se ubican más de 2.000 tumbas de víctimas del régimen militar, para presentar las conclusiones preliminares de un informe realizado por el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias (GTDFI) en Chile. Dicho informe, redactado por cinco analistas independientes de la ONU, constató un avance “importante” en materias como la justicia, la verdad, las reparaciones y la memoria, si bien señaló que las autoridades chilenas deben mejorar las políticas para investigar las desapariciones forzadas. “Vimos que estos avances se han dado sin que exista una política coherente del Estado chileno, sin que exista una política sistemática del Estado”, denunció el argentino Ariel Dulitzky, miembro del GTDFI. Dulitzky explicó las conclusiones del informe junto a la abogada bosnia, Jasminka Dzumhur, en una comparecencia en la que también asistieron familiares de detenidos y desaparecidos de la dictadura. “Gran parte de las iniciativas que nosotros vimos han surgido por el esfuerzo de las asociaciones de familiares y por la iniciativa de organizaciones del Estado que muchas veces no trabajan de manera coordinada”, argumentó Dulitzky. Durante la dictadura, 2.279 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 están en condición de detenidos desaparecidos, según estableció en 1991 el informe Rettig. Así, 22 años después del término de la dictadura, los analistas del GTDFI visitan Chile por primera vez para examinar las principales iniciativas emprendidas por el Estado chileno sobre cuestiones relativas a las desapariciones. La lentitud en los procesos judiciales, la permanencia de la jurisdicción militar incluso para casos de violaciones de derechos humanos y la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas son algunos de los puntos que las autoridades de Chile deben mejorar, aseguraron los expertos de la ONU. Asimismo, denunciaron la persistencia de la Ley de Amnistía de abril de 1978, promulgada en plena dictadura militar para favorecer a los violadores de los derechos humanos. “El Gobierno chileno debe eliminar el decreto ley de amnistía. Es muy importante que la conjunción del legislativo y el ejecutivo confluya para decir que la desaparición forzada es un delito que no puede ser amnistiado”, argumentó Dulitzky. El informe aplaudió, en tanto, el nombramiento de jueces de dedicación exclusiva para investigar desapariciones, si bien matizó que los procesos judiciales avanzan de manera muy lenta. Entre ellos destaca la Comisión Valech, reabierta en 2010 y que en 2005 certificó más de 28.000 casos de tortura cometidos durante la dictadura de Pinochet. Además de investigar casos de prisión política y tortura, como ya hizo en 1990, dicha comisión amplió su campo de trabajo a denuncias por desaparición forzada y ejecución política. “Creemos que a 40 años de las primeras desapariciones, los procesos avanzan de manera muy lenta. Se tienen que nombrar más jueces en dedicación exclusiva”, aseveró el analista argentino. Las conclusiones del GTDFI fueron escuchadas por una decena de miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quienes explicaron a Efe que el informe apunta lo que la asociación viene denunciando en los últimos 20 años. “Las heridas no se cierran. Han pasado 40 años y las heridas siguen abiertas porque no hay verdad y no hay justicia. Seguimos sin encontrar los restos de nuestros familiares”, enfatizó Gabi Rivera, dirigente de la agrupación e hija de Juan Luis Rivera, dirigente sindical desaparecido en 1975. Las conclusiones finales del informe serán entregadas al Gobierno de Chile en noviembre de este año, para posteriormente ser presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2013.

ARCHIVOS SECRETOS SON DESCLASIFICADOS

La policía secreta del fallecido general Augusto Pinochet lideró una red de espionaje dentro y fuera de Chile que cruzó caminos con el Vaticano, el FBI, dictaduras latinoamericanas y la prensa mundial, según revelan miles de archivos secretos y hasta ahora inéditos a los que tuvo acceso la Agencia Alemana de Prensa (dpa). Estos documentos, por décadas catalogados como reservados, confirman que los cuerpos represivos chilenos, la DINA primero y la CNI después, mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades, para coordinar operaciones en todo el mundo. El coronel Manuel Contreras, que como director de la DINA planeó atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia, tenía potestad incluso para investigar a los empleados del Estado como revela la Circular Reservada 35 F-151 de 1975. “Su Excelencia (Pinochet) ha dispuesto que a partir de esta fecha ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a sus antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado”, informó el ministro del Interior de la época, general Raúl Benavides. En 1976, los poderes de la DINA son ampliados y detallados. Podrá investigar a todos los funcionarios y será la única responsable de instalar los citófonos presidenciales en la administración pública. La policía secreta, responsable de miles de desaparecidos, ejecutados y torturados según informes oficiales, pasa a tener además un archivo con las fichas de todos los detenidos y perseguidos, cuya información envía a cuanto ministerio se la solicite. La DINA, cuyo director está hoy preso cumpliendo un centenar de condenas, tenía poder incluso para dar órdenes a ministros, como revela el Plan de Operaciones Epsilon. La iniciativa es diseñada en junio de 1975 por Contreras, ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que acuden cientos de denunciantes de la oposición. El coronel Contreras, quien siempre se ufanó de desayunar a diario con Pinochet, repartió en ese plan tareas a todo tipo de autoridades, a quienes advirtió que ante cualquier duda debían contactarlo directamente por teléfono. La estrategia, contenida en 11 páginas distribuidas a ministros y jefes de servicios, tenía por misión “realizar una campaña de acción psicológica abierta y clandestina”, para neutralizar en el mundo las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Las acciones abarcan desde el uso de periodistas, que no son nombrados, para que “festinen” con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la eliminación de cintas de la II Guerra Mundial de la programación televisiva por aludir al nazismo. También son propuestos campañas de ataques a la situación de los derechos humanos en Portugal, la Unión Soviética, Cuba y Vietnam, y la disputa de un partido de fútbol entre Chile y Brasil, como distracción. Las coordinaciones entre la policía secreta y los ministros siguieron incluso tras de la disolución en 1978 de la DINA, después de que estallara una crisis con Estados Unidos por el atentado explosivo en Washington contra el ex canciller socialista Orlando Letelier. La CNI, órgano que reemplaza a la DINA, impulsa desde ese año operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil, a través de las embajadas chilenas que remiten informes periódicos sobre la actividad de los exiliados, los medios de comunicación y organismos humanitarios.Prueba de ello es que el 17 de marzo de 1978, el viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, el general de brigada Enrique Valdés Puga, firmó y envió el oficio secreto número 35 de Cancillería al entonces director de la CNI, el general Odlanier Mena. “De acuerdo a lo conversado con Uds. sobre la necesidad de normalizar la situación de envío de oficiales de esa CNI como Consejeros Administrativos o Civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior, mucho agradecería remitir, a la mayor brevedad posible, al suscrito, un ejemplar del Plan Cóndor”, escribió Valdés. El jefe de la policía secreta, como era habitual, contestó el 21 de febrero directamente al canciller de la época, almirante Patricio Carvajal, ratificando las destinaciones de los militares José Aqueveque, León González y Raúl Tejo a Perú, Bolivia y Argentina, respectivamente. Los archivos secretos revelan además el esfuerzo continuo de la dictadura (1973-1990) por desacreditar a sus opositores y ganar aliados, operación en la que también aparece involucrado el hoy diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil, correligionario del ex presidente Sebastián Piñera. Cardemil, que fungía en los prolegómenos del régimen pinochetista como viceministro de Interior, envió a Cancillería las fichas secretas de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, para poner en marcha una amplia acción de desprestigio de esa entidad defensora de los derechos humanos, liderada por la Iglesia católica. “Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntarle carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad”, redactó Cardemil el 26 de abril de 1985 en el oficio secreto 1953. Las operaciones detalladas en estos archivos revelan además el seguimiento a cientos de corresponsales dentro y fuera de Chile, como Pierre Kalfon de “Le Monde” y James Pringle de “NewsWeek”, entre casi un millar referidos en estos documentos. También hay preocupación por la labor de artistas como el escritor Ariel Dorfman y los equipos de inteligencia remiten a autoridades de gobierno detalles de los debates en centros de estudio, lo que llaman “activismo intelectual”. Los textos desnudan además los diálogos con el Vaticano para neutralizar a los sectores de la Iglesia que criticaban las violaciones a los derechos humanos, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez. Piezas clave en todo este entramado son además los Informes de Apreciación Sociológica que la Armada prepara para la Junta Militar en los últimos años del régimen. En ellos, es delineada la entrega del poder y las características que debe tener la democracia en ciernes, donde se espera que los militares no cedan “el principio de autoridad”. “Ello ameritará la conveniencia de considerar en 1989 algunos cambios a la organización del Estado, preservando la sustancia institucional de los tres primeros capítulos de la Constitución”, propuso el 6 de enero de 1989 en esos documentos el capitán de navío Rodolfo Camacho. Los cambios finalmente serán acordados con la oposición de centro izquierda. La Constitución redactada entonces rige en Chile hasta hoy.

ESTUDIAN MULTAR Y CASTIGAR A EMPRESAS QUE LIDERAN EL DICOM

Los reclamos por cobranzas extrajudiciales abusivas han aumentado 139% en un año. Los consumidores se quejan de recibir cobros indebidos, acoso telefónico, cartas que aparentan ser escritos judiciales, entre otros. El organismo denunció a la Justicia a 10 empresas por estas malas prácticas e iniciará mesas de trabajo. El mercado financiero lidera los reclamos seguido de los servicios básicos y las autopistas. El SERNAC Financiero decidió atacar de raíz las malas prácticas respecto a las cobranzas extrajudiciales y para ello analizó a través de los reclamos qué problemas sufren los consumidores. En los últimos 12 meses (*) el SERNAC recibió 34.671 reclamos relacionados con cobranzas extrajudiciales indebidas lo que representa un aumento de 139%. Sólo entre enero a marzo de 2014, se recibieron 6.852 reclamos por este tema.

El mercado financiero ocupa el 75%  de este tipo de reclamos, seguido de lejos por los servicios básicos (20%) y las autopistas (5%).

INGRESOS POR MERCADOS
MERCADO	%
FINANCIEROS	61%
SERVICIOS BASICOS	20%
AUTOPISTAS	5%
SEGUROS	4%
EDUCACION	4%
SALUD, PROTECCION	4%
OTROS	2%
TOTAL GENERAL	100%

Las tarjetas de multitiendas ocupan el 54% de este tipo de reclamos, seguido por los Bancos (14%) y las empresas externas de cobranza (6%).

INGRESOS POR SUBMERCADOS
CATEGORIA DE MERCADO	%
TARJETAS MULTITIENDAS	38%
BANCOS	14%
EMPRESAS DE COBRANZA	9%
ELECTRICIDAD	9%
AUTOPISTAS	3%
CORREDORAS DE SEGUROS	3%
CAJAS DE COMPENSACION	2%
UNIVERSIDADES	6%
AGUA POTABLE	5%
OTRAS EMPRESAS DE CREDITO	3%
COOPERATIVAS DE CREDITO	1%
INS. PROFESIONALES	5%
OTROS	2%
TOTAL GENERAL	100%

¿Qué reclaman los consumidores en relación a las cobranzas?

Los consumidores se quejan principalmente de cobros indebidos (69%). Por ejemplo, por gastos de cobranza que superan los topes establecidos en la Ley, donde se incluyen honorarios de abogados que no corresponden, cobros por deudas ya pagadas o inexistentes, o se les exige el pago de gastos de cobranza antes de los 15 días que establece la Ley desde que venció la deuda.

CAUSALIDADES
CATEGORIA MOTIVO LEGAL	PORCENTAJE
COBROS INDEBIDOS	52%
COBRANZA QUE AFECTAN LA PRIVACIDAD FAMILIAR Y LABORAL/ INFORMA DEUDA A TERCEROS/LLAMADOS CON AMENAZAS	30%
COBRO DEUDA AJENA	10%
LLAMADO EN DIA/HORA INHABIL	4%
CARTA SIMULA ESCRITO JUDICIAL	4%
TOTAL GENERAL	100%

También reclaman por acciones de cobranza que afectan la privacidad familiar y laboral; se informa de la deuda a terceros como la familia o el jefe poniendo en riesgo su situación laboral o reciben llamados con amenazas (20,3%).

Asimismo, los consumidores se quejan del cobro de deudas ajenas de personas que no conocen (7%); reciben llamados de cobranza en días y horas fuera de los permitidos por la Ley (2%) y quejas por recibir cartas que aparentan ser escritos judiciales para amedrentar al deudor (1%).

¿Cómo responden las empresas?

 Las empresas acogen los reclamos (presentan propuesta favorable de solución) en el 56% de los casos, mientras en el 19% entrega una respuesta negativa. El 5% de los reclamos no son respondidos. El resto está en proceso de cierre o fue derivado a las instituciones correspondientes.

Denuncias

 El SERNAC presentó 10 denuncias a los Juzgados de Policía Local contra empresas que cometían malas prácticas en sus acciones de cobranzas extrajudiciales gracias a las pruebas aportadas por los consumidores afectados.

Institución	Motivo de la denuncia
Banco Bilbao Vizcaya	Informar a terceros de la deuda.
Caja de Compensación Los Héroes	Cobro de deuda inexistente.
Seguros Falabella	Gestiones de cobranza extrajudicial a consumidor por primas de seguros no contratados.
Universidad del Mar	Cobros por deuda ya pagada.
Presto	Cobros de comisiones y cargos de cobranza de deuda pagada.
CMR Falabella	Informa de la deuda de consumidora a terceros.
Banco Estado	Cobro por deuda no informada.
Banco Santander Banefe	Carta que aparenta ser escrito judicial.
Claro	Carta que aparenta ser escrito judicial.
Funeraria Hogar de Cristo	Realizar gestiones de cobranza extrajudicial a consumidora que no tenía deudas pendientes informándolas a DICOM.

Entre las empresas e instituciones denunciadas se encuentran la Universidad del Mar, Presto, CMR Falabella, Banco Estado, Banco Santander Banefe, Caja de Compensación Los Héroes, Claro, Funeraria Hogar de Cristo, Seguros Falabella y Banco Bilbao Vizcaya. Este último fue denunciado por informar el listado de deudores funcionarios de Carabineros a su superior jerárquico mediante una carta en la que se detallaba el nombre y monto de la deuda.

El Director del SERNAC, subrayó la importancia de dar una señal y en el marco del SERNAC Financiero, realizar acciones concretas para erradicar estas malas prácticas que se arrastran por años.

En ese sentido recordó que “cobrar no es asustar, insultar o acosar a los consumidores. Si bien los consumidores deben pagar sus deudas, de la misma forma, las empresas deben respetar la dignidad del deudor y su estabilidad laboral. Los consumidores no pierden sus derechos por tener deudas impagas”.

Agrega que “las malas prácticas en las cobranzas dañan fuertemente la tranquilidad de las familias que deben cargar día a día con llamados en horarios que no corresponden, molestias, notificaciones en sus lugares de trabajos o amenazas y malos tratos”. No obstante, admite que son conductas difíciles de probar y no siempre dejan huella, por eso la importancia de que sean las mismas empresas quienes se comporten con profesionalidad.

Indica que la Ley es clara y frente a las cobranzas de las empresas, los consumidores tienen derecho a que se respete su privacidad en el hogar, la convivencia normal de su entorno personal o su situación laboral.

Asimismo, los consumidores tienen derecho a:

Que las empresas no informen a otros sobre su deuda como los familiares o el jefe.

A que los llamados de cobranza sean sólo de lunes a sábado entre las 8:00 y las 20:00 horas.

No le pueden enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales

Está prohibida cualquier conducta que afecte su privacidad o situación laboral.

Tienen derecho a que se les cobre por deudas reales y si el consumidor pagó, no corresponde que continúen las acciones de cobranza. Derecho a que los gastos de cobranza respeten los topes establecidos en la Ley y no incorporen costos que no corresponden como el pago de honorarios al abogado. Tampoco le pueden cobrar interés moratorio o multa respecto de estos gastos, pues sólo corresponde el interés el corriente como lo establece la Ley.

A que la empresa pida el consentimiento para una repactación y cumpla todo lo acordado.

Derecho a pagarle directamente a la empresa a la que le debe y no necesariamente a la empresa de cobranza externa.

El SERNAC enviará a las empresas un oficio “rayando la cancha” respecto a las exigencias de la Ley del Consumidor en cuanto las cobranzas extrajudiciales y establecerá mesas de trabajo para eliminar estas malas prácticas.