lunes, 31 de marzo de 2014

LA CHANI SECRETARIA DEL MAMO

rivas still 2(1)Indignante entrevista de la secretaria del Mamo Contreras difundida por radio SBS. Hoy Adriana Rivas “La Chani“, reside en Australia en la más completa impunidad.
Adriana Rivas no tiene un ápice de arrepentimiento de lo que hizo, por el contrario, ella asume que la tortura “era necesaria” para que los detenidos hablaran, tiene un perfil psicopático parecido al de Osvaldo Romo. Lo concreto es que éstas declaraciones, es que permitieron ubicar su paradero y que se solicitara su extradición, cuestión que hoy se está transformando en una realidad.
De este horror sin límites y un personaje siniestro, nada puede salir algo bueno. Pese a todo, esperamos responda por algunos crímenes de Calle Conferencia y de las víctimas que vivieron el horror en ese lugar, al menos ya se hizo más concreta su extradición ahora sólo queda esperar.
Mis mejores años de vida, de juventud, fueron los que viví en la DINA“. “La tortura existió desde que yo tengo uso de razón en Chile, siempre existió. Todo el mundo sabía que tenían que hacer eso y quebrar a la gente de alguna manera, porque los comunistas son cerrados. La tortura era necesaria, la misma que usaron los nazis, era absolutamente necesaria. ¿Tú crees que en Estados Unidos no hacen lo mismo? Todo el mundo lo hace, porque es la única manera de quebrar a la gente, porque psicológicamente no está la inyección que te ponen en las películas para que tú digas la verdad, no existe. Nadie te va a decir y se va a sentar: - ¿Dígame qué hizo usted hoy día? Nadie te va lo va a decir así tan campante -yo maté a fulano o sultano. Tenian que ocupar la tortura para saber dónde estaban los terroristas“.
La mujer, quien fue secretaria de Manuel Contreras, aseguró, en todo caso, que nunca presenció estos apremios porque no soporta el sufrimiento humano.
Al ser preguntada por el paradero de los más de 3.500 detenidos desaparecidos, contestó que es algo que nunca se sabrá: “Si está muerto, está muerto. ¿Dónde están? No se sabe”, dijo la ex agente, que acusó a los jueces de “beneficiarse de los procesos judiciales vinculados a las violaciones de derechos humanos“.
Rivas contó que se casó en 1978 y viajó con su marido a Australia, donde se estableció. En 2006 regresó a Chile para asistir al matrimonio de una sobrina y poco después fue detenida por su implicación en el caso ”calle Conferencia”, operación de asesinato de los miembros de la dirección clandestina del Partido Comunista en 1976, entre los que murió y desapareció el secretario del Partido Comunista, Victor Díaz.
Tras pasar detenida unos meses le concedieron la libertad condicional con la prohibición de salir del país. Fue una temporada difícil en la que vivía de la pensión de su madre y de la ayuda que le enviaba su familia porque no podía trabajar.
Los inicios de La Chani
Adriana Rivas aún no se titulaba de secretaria bilingüe cuando fue reclutada por la Dina en el Instituto en el que estudiaba.  Al igual que las otras mujeres tuvo que pasar por el adiestramiento militar en las Rocas de Santo Domingo. En 1976 pasó a formar la Brigada Lautaro, cuando estaba ubicada en el edificio número cinco de Las torres de San Borja. De ella, Jorgelino Vergara, el famoso asistente de la Dina, tiene uno de sus peores recuerdos. En una ocasión la vio en el gimnasio golpeando a uno de los detenidos que estaba sentado en una silla con las manos esposadas en la espalda. Todos los golpeaban con un “polin”, incluidas las mujeres, también vio a Rivas. Aún agitados y con sus rostros feroces, el grupo sólo se detuvo cuando le fracturaron uno de los brazos al interrogado. Tiempo después se supo que la víctima se trataría de Daniel Palma, un conocido militante del Partido Comunista. “Los vi a todos participar en esa escena, hombres y mujeres a todos, eso a mí ya no me llamaba la atención”, explicó Vergara en contacto con El Dínamo.
Rivas, públicamente, niega haber participado de alguna tortura, pero el abogado Eduardo Contreras -querellante en el caso- afirma lo contrario. “La torturadora Adriana Rivas, ex secretaria personal de Manuel Contreras, prófuga de la justicia chilena y radicada en Australia, es una de las criminales más peligrosas y agresivas de la dictadura. Participó personalmente en el asesinato de nuestro inolvidable dirigente Víctor Díaz y en el de muchos otros compañeros antifascistas de diversos partidos”, comentó.
Fuente: SBS.Com

domingo, 30 de marzo de 2014

DESIGUALDADES EN CHILE

La jugosa dieta parlamentaria que se pelean los ejecutivos financieros, les ofrecen invertir en instrumentos para rebajar impuestos por la vía del ahorro. Los parlamentarios ganan $8,500.000 brutos y con los descuentos $6,200.000 líquidos. Las asignaciones son mucho más gordas que la dieta: $17.192.836 mensuales reciben los senadores y $13.071.066 los diputados para alojamiento, alimentación, bencina, peaje, TAG, secretaria, jefe de gabinete, periodistas, abogados, asesorías técnicas, económicas y de imagen. También hay un ítem para amortizar el desgaste del auto. Todo se rinde, menos $1,100.000 para desplazamiento dentro del territorio nacional. Casi a fines de diciembre del año pasado, un correo electrónico llegó al computador de un novato parlamentario. Una ejecutiva de una compañía de seguros además de felicitarlo por el resultado de la elección le ofrecía distintas posibilidades de inversión para rebajar impuestos. Los honorables reciben habitualmente correos y visitas de representantes del área de ventas de bancos, aseguradoras y AFP para ofrecerles invertir en APV (Ahorro Previsional Voluntario) o fondos acogidos al artículo 57 bis. Ambos son mecanismos de ahorro que permiten beneficios tributarios. Y tienen topes mensuales: en el APV son $1,100.000 y en el 57 bis $2,600.000. Si se sumaran podrían descontar $874 mil de la base imponible a la hora de pagar impuestos, porque el Estado premia el ahorro. Las empresas más mencionadas por los parlamentarios son EuroAmerica y Sura, pero debe haber varias más, considerando un mercado de 120 diputados y 38 senadores. Algunos reciben ofertas de este tipo incluso antes de asumir el cargo. ¿La propuesta es legal? Claro y la inversión también, pero pone de manifiesto una vez más el abultado sueldo de los parlamentarios en un país donde la realidad es muy distinta. La desigualdad es un peñasco en el zapato para cualquier democracia. Como lo señaló un informe de la OCDE hace algunas semanas, Chile es el país con la mayor brecha en ingresos entre ricos y pobres. Y en ese contexto, la dieta de los diputados aparece como un punto más en contra.
LOS MILLONES DE LA DIETA
El 11 de marzo, 120 diputados 41 de ellos por primera vez juraron o prometieron respetar la Constitución y desempeñar fielmente el cargo para el período 2014-2018. Cinco llegaron tarde y tuvieron que repetir la ceremonia. Casi en paralelo hacían lo mismo 38 senadores, incluidos 12 rostros nuevos. A fin de mes cada uno recibirá su dieta, equivalente a la de un ministro de Estado y que está fijada en la Constitución: $8.605.477 brutos. Con los descuentos son $6.280.000 líquidos, que puede variar un poco dependiendo de la AFP, ya que cobran distintas comisiones. Es una renta atractiva, similar a la de un gerente general de una empresa mediana (ventas de entre US$25 millones a US$50 millones) o un gerente de área de una compañía grande (ventas superiores a US$100 millones). Según Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, el tema central debe ser la discusión por el valor del trabajo en un país donde la mitad de sus trabajadores gana menos de $263.000 según datos oficiales de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI) del INE y tiene que vivir altamente endeudada. “Las dietas de los parlamentarios son un reflejo más de la desigualdad de ingresos de nuestro país, y las instituciones de poder no escapan a la lógica dominante. La brecha existente entre el sueldo de los parlamentarios y los sueldos medianos de la economía ($263.000) provocan en algunos casos una completa desconexión con las bases a las cuales supuestamente ellos representan”, dice Durán. Para el economista, la vida con $263.000 es muy diferente a la de alguien que gana millones. “Con todo, el debate de fondo debería ser el bajo valor del trabajo y su conexión vis a vis con los enormes márgenes de ganancia que obtiene el alto empresariado en Chile. En ese espacio, las instituciones de poder, como el Parlamento, tienen el rol moral de instalar también un debate abierto donde trabajadores, juntos, puedan construir mecanismos que reviertan el profundo atraso salarial de Chile, como, por ejemplo, la negociación colectiva de amplia cobertura”, agrega Durán.
BORIC, JACKSON Y EL LÍMITE ÉTICO
La próxima semana los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric presentarán un proyecto de ley para disminuir la dieta de los parlamentarios. La idea es que ésta baje en un 40%, porque según Gabriel Boric está desajustado con lo que gana la mayoría del país. Esa rebaja implicaría una renta líquida de $3.768.000, casi lo mismo que ganaba Ximena Ossandón como vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que ella calificó de “reguleque”. “Es un pequeño gesto que sirva para reconocer esta asimetría”. La idea es que el proyecto no toque a las asignaciones parlamentarias, pero que  se les ponga una lupa: “Está bien que exista un monto destinado a asesorías, pero es importante que se fiscalice con mayor celo este ítem para que no se preste para inconvenientes”. Jackson suma argumentos: “Queremos disminuir los sueldos solamente, ya que las asignaciones, mientras se avance en más transparencia y no se pueda prestar para abusos, creemos que ayudan y fortalecen el rol parlamentario”. Rebajar las dietas es importante dice “porque en el servicio público no podemos avalar desigualdades tan grandes entre sueldos. Debemos poner un límite ético”.
Sin embargo, el tema debe pasar sí o sí por manos del Ejecutivo, ya que los sueldos están consagrados en el artículo 62 de la Constitución, aunque Boric no quiere adelantar qué mecanismo utilizarán para presentar el proyecto que ya tiene detractores. “Es un proyecto que, en la práctica, tiene un carácter inconstitucional, porque cualquier proyecto de ley que aumente o reduzca el gasto del Estado, cualquier modificación al erario fiscal, debe venir de un Mensaje Presidencial”, dice el diputado socialista Fidel Espinoza. Más allá de la inconstitucionalidad de la idea de Boric y Jackson, defiende el sueldo de los parlamentarios, sobre todo por el trabajo en terreno. “Los salarios para los parlamentarios que hacen bien la pega a veces se tornan dificultosos, porque implica mucho más gasto que un intendente o un ministro. Tenemos que estar con la ciudadanía, en terreno, y los sueldos se ajustan a la realidad”.
Emmanuelle Barozet, directora del Proyecto Desigualdades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, cree que aunque existe una lógica en el sueldo de los parlamentarios que hace menos tentador “recibir dineros para influenciar sus decisiones”, $7.000.000 es mucho más de lo que se necesita para vivir bien. “No está mal rebajar los sueldos de los parlamentarios, pero me parece una medida simbólica frente a la problemática de la desigualdad en Chile. Sería más adecuado un aumento programado del sueldo mínimo, de las calificaciones de la población, del promedio de las remuneraciones y una mejora del sistema de protección social. De todas formas, la reducción de los sueldos de los parlamentarios podría ayudar, de paso, a mejorar la imagen de los mismos, que es bastante mala ante la opinión pública”, afirma Barozet.
EL VIÁTICO DE $1,100.000 QUE NO SE RINDE
Los parlamentarios pagan un impuesto de $2.040.112, como si fueran empleados contratados, aunque son independientes. No es el 40%, porque en Chile se aplica ese porcentaje a lo que está por encima de $6,100.000. La tasa efectiva, por tanto, es un 24,68%. Existe una diferencia entre los honorables. Por un acuerdo interno, los diputados cotizan previsión y salud, mientras que, en el caso de los senadores, es voluntario. Aquellos que no imponen desembolsan un impuesto mayor $2.176.655, porque lo hacen sobre el bruto; no el imponible. Hay senadores que sólo imponen salud, otros que están en el sistema antiguo o IPS, que es más caro, y están los que imponen en AFP e isapre. Eso explica que casi no haya una dieta igual a la otra en la página web del Senado que publica el monto líquido de cada senador(a), descontando el APV (Ahorro Previsional Voluntario) cuando corresponde, y hay cinco o seis a los que se les resta por planilla la cuota del pago del leasing del auto, explica José Luis Alliende, prosecretario del Senado. Las asignaciones son mucho más gordas que las dietas. Cada senador recibe por este concepto $17.192.836 mensuales y $13.071.066 los diputados El grueso va a costear los llamados “gastos operacionales” $8.000.000 para los primeros; $5,300.000 para los segundos, donde entran el arriendo de oficinas parlamentarias, teléfonos fijos, celulares, alojamiento en hoteles, alimentación para el congresista y su personal de apoyo, gastos de traslado, bencina, TAG, peaje, reparación del auto, envío de encomiendas y correos. Todo se respalda con boletas o facturas, excepto el viático de $1.110.815 para “desplazamiento en cualquier período del año calendario dentro del territorio nacional con motivo del ejercicio de su función parlamentaria”. El mismo que podría ir a sus bolsillos, ya que cuentan con asignación para traslados y en febrero no hay sesiones. La duda sobre si debía o no rendirse fue consultada al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias la instancia surgida en 2011 para fijar dietas y asignaciones en ambas cámaras que preside el ex senador DC Sergio Páez y la respuesta fue que no se respalda y sirve para todo el año y en cualquier desplazamiento que realice dentro de su trabajo parlamentario. Un ítem llamativo son los $217.909 mensuales por amortización por desgaste del vehículo del senador o diputado. No cuentan con auto fiscal y la asignación es sólo para el auto inscrito a su nombre. No sirve si es comprado por leasing, aclara Miguel Landeros, secretario de la Cámara. También hay gastos de personal de apoyo: secretaria, jefe de gabinete, chofer, periodistas, abogados con contrato solo si el servicio es permanente. Para los senadores, $6.193.294; diputados, $5.498.719. Todo lo paga directamente el Congreso, que figura como empleador, incluyendo los arriendos. Para asesorías externas permanentes o esporádicas de personas naturales o jurídicas que realicen estudios, informes técnicos, políticos o económicos, incluidas asesorías de imagen y encuestas, hay $2,900.000 para senadores y $2,100.000 para diputados. Por último, los pasajes aéreos nacionales: 48 anuales para senadores, 24 para diputados y 36 para personal de apoyo.
A.Carmona  X.Perez         E.M

martes, 25 de marzo de 2014

CHILE Y LA DESIGUALDAD DE INGRESOS

La semana pasada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicola OCDE u OECD, por sus siglas en inglés, publicó el estudio “La Sociedad en una Mirada 2014″ (Society at a Glance). En el informe, la organización realiza un panorama social sobre los 34 países que conforman dicho club. Entre las mediciones más relevantes están: desigualdad, pobreza y gasto social. Chile tiene el inexcusable primer lugar en materia de desigualdad de ingresos. El estudio confirma otras investigaciones, como la publicada en abril de 2013 por profesores de la Universidad de Chile (“La ‘parte del león’: Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile”, de Ramón López, Eugenio Figueroa y Pablo Gutiérrez), en la cual se estima que el 1% más rico de Chile concentra el 31% de los ingresos totales, medición según la cual nuestro país tendría el máximo grado de concentración visto entre naciones emergentes y desarrolladas. Pero ¿por qué persiste la elevada desigualdad en un país que casi ha cuadruplicado su Producto Interno Bruto en los últimos 20 años?
En general, se habla, en el ámbito de la investigación económica, de la existencia de al menos dos vehículos conductores que llevan a menor desigualdad: acción fiscal redistributiva y acción sindical distributiva. Sin restarle importancia al primero, veamos qué pasa con el segundo de los vehículos en un contexto como el chileno.
¿Funciona en Chile la acción sindical para distribuir el poder, en particular el económico, a través de los ingresos? Para responder, se requiere agregar el elemento histórico al análisis. En el año 1979, el entonces ministro del Trabajo y Previsión Social en dictadura, José Piñera (hermano del ex Presidente de Chile), lideró un proceso de transformación conocido como la “revolución laboral”, que pretendía implantar la “disciplina del mercado” en las relaciones laborales. Piñera, junto a los miembros de la Junta Militar de Gobierno y a connotados civiles de la elite nacional, formados en Estados Unidos, crearon un nuevo modelo de relaciones laborales, nuevas “reglas del juego” donde las empresas tuvieran el camino “libre” para maximizar su tasa de ganancia. La revolución laboral de Piñera fue, técnicamente, una revolución de clase: una operación destinada a fortalecer la posición del empresariado, despojando al mismo tiempo a los trabajadores del poder que tenían. Hoy, luego de 35 años del Plan Laboral y distintos gobiernos, las relaciones de producción entre empleadores y trabajadores, continúan operando bajo las reglas generales de dicho plan (base del Código del Trabajo): negociación colectiva encerrada en el nivel mínimo, de empresa (sin posibilidad de negociar en niveles superiores, como la rama, el oficio, el nivel nacional), uso extendido y legal de rompehuelgas, interpretación estrecha del derecho a huelga (excluyendo las huelgas por solidaridad o por causas económico-sociales, entre otras), fragmentación sindical, con paralelismo entre sindicatos y sindicatos y grupos de trabajadores, prohibición de negociar sobre ciertas materias, desincentivo a la afiliación en sindicatos y otros. La filosofía explícita detrás de este modelo de relaciones laborales es que la acción sindical no moleste la libertad de empresa, y que en ningún caso funcione como un mecanismo para distribuir ingresos, tal como lo reconoce José Piñera.
¿Qué ha sucedido entonces en los últimos 35 años?, se ha profundizado e institucionalizado una desigualdad típicamente originada en el seno de las relaciones de producción, entre capital y trabajo, en un escenario donde trabajadores y sindicatos carecen de poder real. Un esquema en el cual el empleador es quien –sin contrapeso– fija el valor del trabajo, es él quien decide cuánto remunerar (él y su gremio), en función de la decisión política de la ganancia que desea obtener y esquivando pagar el aporte del trabajo a esa ganancia e, incluso, lo básico para que su fuerza de trabajo siga existiendo y manteniendo su capacidad. Si consideramos los datos de la Encuesta CASEN, instrumento oficial para medir desigualdad en Chile (y el utilizado por la misma OECD en el Society at a Glance 2014), al calcular la brecha de ingresos autónomos (sin subsidios ni transferencias), entre las personas que pertenecen al 5% de los hogares más ricos y quienes pertenecen al 5% más pobre, se constata un crecimiento del 100% en los últimos 20 años. En efecto, si en 1990 el 5% más rico obtenía 129,4 veces más que el 5% más pobre, en 2011 son 257 veces más. Por otro lado, de acuerdo al estudio de López, Figueroa y Gutiérrez, sobre la base de los datos administrativos recabados por el servicio de impuestos internos, se observa que el 0,1% más rico en Chile (cerca de 4.500 familias, con fuerte presencia empresarial) tiene un ingreso per cápita mensual de $82.856.249. Adicionalmente, en diciembre de 2013, se publicaron las cifras de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI), la que en sintonía con la encuesta CASEN y la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), da cuenta del atraso salarial de Chile. En datos duros: el 50% de los trabajadores/as gana menos de $263.473 y vive altamente endeudado. Y, considerando sólo a los asalariados privados, el 50% gana menos de $281.263.  Concentración económica extrema, cuadruplicación del PIB per cápita en los últimos 20 años, con patrón de enriquecimiento pro rico, crecimiento en la brecha entre el 5% más rico y el 5% más pobre, bajos salarios y precariedad laboral para el grueso de los trabajadores/as, esa es la ruta que ha seguido la sociedad chilena para llegar al “desarrollo”. En este cuadro, hay un vínculo que no hay que perder de vista: una minoría acaudalada se enriquece por la vía de la desposesión salarial, por la vía de una acumulación por desposesión del trabajo. Se trata de una brutal desigualdad de poder, que no se rompe con bonos ni con capacitaciones, pero tampoco simplemente con reforma tributaria. Este tipo de desigualdad, se combate en el escenario mismo donde ella se produce, que son las relaciones de producción, con sindicatos fuertes y acción colectiva directa. Eliminar la desigualdad de ingresos por la vía de la acción fiscal redistributiva, mediante un sistema “moderno” de impuestos, es uno de los vehículos con que dispone una sociedad para enfrentar el problema. Empero, es uno que no se hace cargo del bajo valor dado al trabajo (la mera creación de empleos tampoco se hace cargo de ello). Enfrentar la desigualdad desde la óptica de las relaciones de producción, necesariamente, requiere abrir la discusión y situar al trabajo en el centro de la estrategia de desarrollo. Habiendo pasado 35 años del Plan Laboral, es un mínimo indispensable y convenientemente postergado.

lunes, 24 de marzo de 2014

Nueva gobernadora de Ñuble también tiene ficha de protección social

La información señala que Lorena Vera se encuentra registrada en el instrumento de medición que entrega beneficios del Estado a las personas más pobres del país, figurando además como benefactora para recibir el llamado "Bono Marzo" y que se encuadra dentro de la categoría de clase media vulnerable. La nueva gobernadora de Ñuble y militante del MAS, Lorena Vera, se podría transformar en un nuevo problema para el gobierno, luego de que se conociera que también posee una ficha de protección social. De acuerdo a una información publicada en El Mercurio, Vera podría convertirse en una segunda Claudia Placencio, quien fue cuestionada por la misma razón y tuvo que dejar el cargo. La nueva gobernadora de Ñuble es educadora diferencial y dijo no haber cobrado beneficios, añadiendo que “todos los chilenos deberíamos tener una ficha de protección social”.
En su currículum se especifica que fue directora de un centro de recursos educacionales en Chillán donde tiene un terreno, el cual mantiene a través de una sociedad con su marido Luciano Sobrevía, quien se desempeña como jefe de personal de la Municipalidad de Coihueco.

La afectada señala al mismo diario que postuló a la ficha de protección social en 2011, con el objetivo de acceder a un subsidio habitacional, mencionando que “la ficha no tiene que ver con los beneficios que te pueda dar el Estado, sino con los trámites que tienes que hacer como chileno”, explicó. Además, precisó que al momento de inscribirse tenía una situación muy distinta a la actual y que desde esa época no ha actualizado sus datos.

domingo, 23 de marzo de 2014

LA EDUCACIÓN SUPERIOR GRATUITA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Chile es el país que tiene "más privatizada" la educación terciaria y cerca del 80% de la matrícula estudia en una institución privada.“La excepción, hoy en día, es Chile”. Cristóbal Villalobos, académico de la U. Diego Portales, describe así el panorama de la educación superior en América Latina. Esto, porque “si se ven los países de la región, las universidades públicas o estatales son gratuitas o bien, el pago de aranceles es muy inferior al chileno”, dice el también investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación. Y ejemplifica con Uruguay, Venezuela y Argentina.
En cambio, en Chile, sólo 16 de las 60 universidades son estatales y sus aranceles pueden bordear hasta los $ 4,8 millones en las carreras de la salud. También hay nueve instituciones “públicas no estatales”, que fueron creadas antes de 1981, cuyos valores son similares a las estatales, y luego están las privadas, donde los alumnos pueden pagar hasta $ 6 millones al año, si es que no cuentan con alguna beca de arancel.
En materia de gratuidad, en 2013, las autoridades del Mineduc entregaron 276 mil becas de aranceles, aunque en la mayoría de los casos éstas no cubren el total del valor de la carrera. Si a ello se suman los créditos (Fondo Solidario y Con Aval del Estado), la inversión alcanza a $ 980 mil millones y la cobertura se extiende al 53% de los alumnos.
Situaciones como estas son las que, de aquí a seis años, deberían cambiar debido al anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de gratuidad universal en la educación terciaria.
Es por eso, además, que la situación de la educación superior en la región cobra relevancia, considerando también que esta semana los rectores de los planteles estatales le solicitaron al ministro del ramo que la gratuidad en el sistema se iniciara por ellas.
BIEN PUBLICO SOCIAL
“La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado”, se indicó en la Conferencia regional del área, realizada por la Unesco en 2008.
En dicha instancia también se señaló que la enseñanza terciaria, “se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización”, punto que es abordado por Gonzalo Zapata, investigador del Centro de Políticas y Prácticas de la Educación (Ceppe) de la UC.
“Más allá de las diferencias en América Latina, la tendencia generalizada de las últimas décadas ha sido hacia la creciente privatización en toda la región. En comparación con el resto del mundo, América Latina tiene la proporción más alta de instituciones y matrícula atendidas por el sector privado”, señala.
De hecho, según el investigador de la U. Diego Portales, de los 24 millones de alumnos terciarios que hay en América Latina, cerca del 50% estudia en un plantel privado y cerca del 80% de la matrícula chilena lo hace en un plantel de ese tipo.
A pesar de eso, Zapata señala que la oferta pública “es financiada directamente por el Estado (...), y ésta prima fundamentalmente en aquellos países en los que existen sectores públicos importantes”.
Uno de los países que tiene una baja cifra es Argentina, país que desde los años 1950 tiene abiertas las universidades públicas a todos los connacionales.
Este modelo es uno de los más citados en Chile, pero Marcelo Rabossi, profesor de la U. Torcuato di Tella, de Buenos Aires, publicó en la revista Higher Education que edita el Ceppe que, de los 1,4 millones de alumnos que están en esas 54 universidades, “el 22% de todos los alumnos logra graduarse”, y añadió que “en más de un tercio de las universidades públicas de Argentina, las tasas de abandono superan el 80%”, por lo cual se han debido desarrollar distintas políticas para limitar la deserción, como crear carreras más cortas y técnicas.
Villalobos señala que México es otro país donde hay universidades gratuitas, pero allí es el Estado quien financia directamente los planteles. Mientras que en Uruguay, tras el egreso de la U. de la República, la única universidad pública (junto a cinco instituciones privadas), los estudiantes deben realizar un aporte al plantel.
En Brasil, donde las universidades federales superan las 60, pero también hay planteles públicos, estatales y privados, también se implementó un sistema de gratuidad en las que dependen de los estados federales. En ellas se implementó, según Villalobos, un sistema de cuotas para que hasta el 50% de la matrícula provenga de las escuelas públicas.
En Ecuador, en la década pasada, hubo un fuerte aumento de las instituciones privadas, en desmedro de las estatales. Sin embargo, en 2010, se instauró la gratuidad buscando asegurar la calidad de las instituciones y la inclusión, con resultados “positivos”, según sus autoridades.
DESAFIOS
Francisco Javier Gil, director de la Cátedra Unesco-Usach, señala que “la gratuidad no va a garantizar mayor inclusión, si es que no se hace una profunda reforma al sistema de ingreso”. Esto, porque si es que se exigen, por ejemplo, 650 puntos PSU para un cupo a la universidad, “los dejas a casi todos fuera”.
Zapata señala, por otro lado, que “la educación superior necesita de política, con claros objetivos, controles y financiamientos acordes al diseño. Uno de los errores más recurrentes en la región ha sido el crecimiento desregulado de la educación superior, muchas veces financiado pobremente, sin evaluación, acompañamiento ni control”.
Mientras, el experto en educación José Joaquín Brunner señala en su paper “Nuevas dinámicas de educación superior latinoamericana”, que en cuanto al acceso, hay que “tomar en cuenta las consecuencias de un ingreso masivo. En particular que, por un tiempo, un mayor número de estudiantes vendrá de hogares ubicados en los últimos tres quintiles de ingreso, cuyo capital económico, social y cultural es reducido”.


Informes revelan que 400 uniformados condenados siguen en servicio activo

Conducción en estado de ebriedad, abuso sexual e, incluso, hurto de armamento y especies militares son algunos de los delitos por los que 408 funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden han sido condenados ante un tribunal de justicia. Pese a estos fallos condenatorios, dictados entre 2000 y 2013, todos ellos continúan ejerciendo funciones en sus respectivas instituciones.
Así lo revelan informes elaborados por cuatro de las seis instituciones uniformadas del país, a las cuales La Tercera accedió a través de la Ley de Transparencia. La Armada, en tanto, denegó la información, argumentando que “la institución no lleva un registro nacional de los condenados”. La Fuerza Aérea, por su parte, negó los antecedentes tras aducir que “no existe información relativa a cifras de funcionarios condenados”. 
La normativa actual permite a los funcionarios públicos continuar en sus cargos mientras no sean condenados a penas que superen los cinco años de cárcel.
Carabineros y Gendarmería lideran la lista de efectivos condenados por cometer delitos (ver infografía). En el caso de la policía uniformada 144 funcionarios (35% del total) registran condenas, de los cuales 132 son suboficiales y 12 oficiales. Los ilícitos que han afrontado van desde las lesiones graves, violencia innecesaria contra particulares, manejo en estado de ebriedad y cuasidelito de homicidios. 
En Gendarmería, en tanto, las 148 condenas (36%) se relacionan con multa por infringir normativas, robos, delitos contemplados en la Ley de Drogas y hurtos.
En el caso de la Policía de Investigaciones, las 60 condenas que presenta su registro (un 14% de total de casos) consideran delitos de manejo en estado de ebriedad, lesiones y detenciones ilegales. 
El Ejército, por su parte, mantiene en sus filas a 56 efectivos condenados (13% del total) por conducir en estado de ebriedad, por cometer cuasidelitos de lesiones y homicidio, abuso sexual, y dos casos de hurto de armamento y especies militares, asegura el documento elaborado por la institución.
REACCION DE LAS ENTIDADES
Consultados al respecto, desde Carabineros aseguraron por escrito que “el otorgamiento de cualquiera de los beneficios previstos en la Ley Nº 18.216, que establece las penas que indica como sustitutivas (Es una forma de aplicar una medida alternativa a la prisión preventiva, para que los imputados de ilícitos penales no estén en prisión antes de que se les dicten sentencia condenatoria o absolutoria instruido en su contra.)  a las privativas (Se denomina pena privativa de libertad a un tipo de pena impuesta por un juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria es decir, su libertad para desplazarse por donde desee), fijando que para el cumplimiento de esta pena el sentenciado quede recluido dentro de un establecimiento especial para tal fin.) o restrictivas (Las medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad en Chile son un sistema establecido en la Ley Nº 18.216, sobre Medidas Alternativas para el Cumplimiento de Penas Restrictivas o Privativas de Libertad, que permite a los tribunales suspender la ejecución de penas privativas o restrictivas de libertad al momento de imponerlas, cumpliendo ciertos requisitos.) de libertad, para funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o de Gendarmería de Chile, les permite (a los involucrados) ser considerados como si nunca hubiesen sido condenados y, por ende, no se encuentran obligados a cesar en funciones como consecuencia de la causal de inhabilidad sobreviniente por condena de crimen o simple delito”.
Por su parte, el Ejército respondió de manera oficial que “si un sujeto ha sido condenado judicialmente por la comisión de un delito o cuasidelito, pero a la vez recibe un beneficio de cumplimiento alternativo, puede suceder que no se vea afectado por normas de probidad administrativa y consecuencialmente estar habilitado para continuar en servicio activo. Por el contrario, puede darse el caso que por la gravedad del delito y la condena que reciba el sujeto, no resulte posible su permanencia, ya sea porque la propia sentencia judicial así lo establezca, o como pena accesoria, porque le resulten aplicables normas de probidad administrativa; en consecuencia, y en tal caso deben hacer abandono de la institución”.
Desde la Policía de Investigaciones aseguran que “la aplicación de un beneficio de la citada ley (18.216) al condenado, lo exime de su obligación de dejar el cargo dentro de los 10 días siguientes de ejecutoriada la sentencia. Esa interpretación viene aplicándose con anterioridad al resto de la administración pública, en el marco de las políticas de reinserción del Estado”.
Gendarmería no entregó una versión oficial sobre la situación y continuidad de todos los funcionarios condenados que siguen en sus filas.

sábado, 22 de marzo de 2014

Impactante caso de la detenida desaparecida que emergió del mar para denunciar a sus asesinos

 Marta Lidia Ugarte Román fue secuestrada, negada su detención por el Estado y una Corte Suprema cómplice. Fue mantenida oculta en Villa Grimaldi, torturada hasta casi la muerte, ahorcada con un alambre, luego de ser inyectada con cianuro y sobrevivir. La amarraron a un durmiente y la lanzaron al mar. Desde allí volvió para dejar al descubierto el horrendo crimen de la dictadura y a los homicidas y cómplices.
Su caso permitió conocer el destino de muchos de los cerca de 1.200 detenidos que hasta hoy continúan desaparecidos. No solo eso, permitió además conocer la manera en que fueron maltratados mediante torturas irreproducibles. Y aún más, permitió llegar al corazón de la elite de asesinos que, sabiendo o debiendo saber, fueron parte de la asociación criminal más bestial que se haya conocido en la historia de Chile.
Por último, puso en evidencia la intervención de otros que, sin haber sido parte de las torturas o asesinatos, falsearon los hechos ante la opinión pública en los medios de comunicación, ayudando a los criminales mediante una puesta en escena, que pretendía ocultar la realidad de los hechos. "Comunicadores sociales" que también sufrieron el severo castigo de sus pares y de la sociedad.
Ahora, las recientes resoluciones judiciales han develado que ella estuvo también en manos de la Brigada Lautaro de la DINA, en el hasta no hace mucho desconocido cuartel de calle Simón Bolívar 8630 de La Reina, en Santiago.
Un crimen abominable
Esta profesora y modista, nació en Santiago el 29 de julio de 1934. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, secretaria de la diputada Mireya Baltra, Encargada Nacional de Educación del PC y fue jefa provincial en Santiago de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de DIRINCO, durante el Gobierno de Salvador Allende.
Esos fueron los "pecados" que un grupo de desalmados verdugos la hicieron pagar. Vil asesinato que sirvió para dejar en evidencia un procedimiento perverso aplicado por la dictadura de Pinochet, con más de 1.000 otros compatriotas que aún se encuentran en el fondo del océano, a la espera de verdad y justicia, la misma que Marta está a punto de alcanzar. El 9 de agosto de 1976 fue secuestrada por agentes de la DINA y trasladada, según los testigos a Villa Grimaldi, donde fue mantenida en el sector llamado «La Torre». Fue víctima de crueles torturas. Según el informe de la autopsia, que consta en el juicio en contra de sus asesinos, la afectada sufrió en vida una luxo fractura de columna, traumatismo tóraco abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho. Todas esas heridas le fueron causadas en vida. Con el objeto de hacer desaparecer su cuerpo y las evidencias de su padecimiento, fue inyectada con cianuro, echada al interior de un saco y amarrada a un durmiente de tren, para ser lanzada al mar. Sin embargo, según da cuenta el juicio, continuaba viva, lo que llevó a uno de sus captores a arrancar una de las amarras, un alambre, con el que la ahorcó, presumiblemente hasta la muerte. Subida a un helicóptero del Ejército, fue tirada al mar junto a otros compatriotas. Haber arrancado el alambre de las amarras, para ahorcarla, resultó fatal no sólo para ella, sino que también para sus ilegales captores, torturadores y asesinos. El saco quedó suelto y emergió desde el fondo del mar y arrastró el cuerpo por las corrientes hasta la playa La Ballena, ubicada en Los Molles. Su cadáver semidesnudo y dentro de aquel saco, aún tenía atado a su cuello el alambre, cuando fue encontrada el 12 de septiembre de 1976.
El estrangulador de Marta Ugarte
El ex agente de la DINA Cristián Álvarez Morales fue detenido y procesado por el juez Víctor Montiglio. Su testimonio y posterior denuncia de sus jefes fue determinante para cerrar el círculo de los criminales. Fue él quien la ahorcó, al descubrir que su cuerpo aún se debatía entre la vida y la muerte. Lo hizo mientras su jefe en la DINA, Germán Barriga, le instaba a apurarse para partir en ese viaje sin retorno. O al menos eso pensaba.
Se debate acerca de quién le suministró la inyección de cianuro, para acelerar o asegurar la muerte. Algunos afirman que fue inyectada por la "enfermera" teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño, según otros, el asesino fue Osvaldo Pincetti, el "doctor "conocido como el "brujo" por la DINA.
Mar adentro, en la costa de la V Región, el piloto hizo una seña y Cristián Álvarez Morales, el estrangulador, tiró unos ocho bultos al vacío. La falta de una de las amarras del riel permitió que en el fondo del mar éste se desprendiera, liberando su cadáver hacia la superficie. Por eso, Marta Ugarte salió desde el océano, transformándose en la única testigo de esa vía de aniquilamiento de los casi mil 200 prisioneros de la dictadura.
Álvarez asumió la disposición para matar, pero también lo hizo luego para denunciar a los que fueron sus jefes, a aquellos que le dieron las órdenes. Sostuvo frente a los tribunales que temía por su vida, pues "los brazos del Ejército son largos, por eso tengo mucho miedo", aseguró.
El jefe de Álvarez en la DINA, Germán Barriga, se suicidó en enero de 2005 luego de confesarse en el Santuario de Sor Teresa de los Andes. Se lanzó de un edificio, sin saberse si le dominó el peso de conciencia por los horripilantes crímenes que cometió o si la cobardía lo llevó a evitar que, descubierta la verdad de éste y otros casos, le terminara haciendo pagar sus fechorías.
Los helicópteros Pumas
Costo mucho que los mecánicos del Comando de Aviación del Ejército (CAE) se decidieran a romper el pacto de silencio y contar cuál era el modo de operar para lanzar al mar los cuerpos. Detectives lograron ese objetivo con los 12 mecánicos, no resultó así con los pilotos que guardaron hermético silencio, ello pese a ser denunciado por sus subordinados. El código era "Operación Puerto Montt".
 El relato del jefe del CAE, Carlos Mardones Díaz, señala que al iniciar estos vuelos, les advirtió a las tripulaciones: "estas son misiones secretas que ustedes no deben comentar con nadie que no participe en ellas. Ni siquiera deben hablarlo con sus familias". Se calculan en cerca de 40 los viajes para deshacerse de cuerpos. Confesaron que antes de cada misión, "debían remover los asientos de las máquinas y el estanque adicional de combustible. Se necesitaba espacio y el vuelo iba a ser de duración menor a las 2 horas y media. La orden de partida era dada por el jefe del CAE.
 Los helicópteros despegaban desde el aeródromo de Tobalaba, tripulados por un piloto, un copiloto y un mecánico, todos del CAE, y se dirigían a Peldehue, en Colina. Allí los esperaban las camionetas C-10 de la DINA con los cuerpos de los ajusticiados atados a un riel y ensacados. Se subían los "bultos" al helicóptero Puma, que emprendía vuelo hacia la costa de la V Región, con tripulación incrementada por dos o tres integrantes de la DINA". Ya sobre el punto de "descarga", el piloto daba la orden de lanzar los cadáveres, lo que se hacía generalmente por la escotilla central. Los funcionarios de la DINA tenían el cometido de asegurar que los cuerpos llegaran al fondo del océano. Confesaron que les "era dificultoso lanzar los cuerpos debido del peso de los rieles". Enseguida, la máquina regresaba a Peldehue a dejar a los miembros de la DINA, que abordaban sus camionetas y luego continuaba su viaje hasta su base en Tobalaba.
 Como Pedro, la negaron más de tres veces
Desde la interposición del primer recurso de amparo en favor de Marta por sus hermanas, para saber de su paradero y aún hasta después de encontrado el cuerpo, fueron varias
las "autoridades del Estado y del Poder Judicial que negaron que se encontraba detenida. Al amparo, en noviembre de 1976, nuestro conocido Manuel Contreras jefe del máximo órgano represor de la dictadura, contestaba un oficio a los tribunales señalando que " (Marta Ugarte) nunca ha sido detenida por personal DINA". El ministro de Interior de la época, general César Benavides, negó la detención poco después. Aprovechó de recordarle al juez, las perentorias instrucciones que existían "para que los tribunales se abstengan, por razones de seguridad nacional, de requerir informes a la DINA sobre la situación de personas arrestadas o desaparecidas" (sic). Todas situaciones que constan del proceso. Sin embargo, que los secuestradores y torturadores lo nieguen, se puede entender en el contexto de evitarse responsabilidades por sus hechos, pero que el mismo Presidente de la Corte Suprema lo negará, es inexcusable. El Presidente del máximo tribunal se negó a recibir en audiencias a las hermanas de Marta, aduciendo que "el Servicio de Inteligencia había comunicado que no existía ninguna persona detenida con el nombre de Marta Ugarte".
Comunicadores sociales faltan a la verdad
En el Documental el "Diario de Agustín" (2008) se demuestra que tanto su tortura como su asesinato por parte de la DINA fueron ocultados por la prensa chilena, a través de un montaje periodístico, por los periódicos El Mercurio, La Segunda y La Tercera, principalmente. La Tercera publicó el 12 de septiembre de 1976, en las páginas de la crónica roja, la noticia sobre el descubrimiento del cadáver de una mujer desconocida, que había sido encontrado por un pescador en la playa de La Ballena, en Los Molles. Según la información, "la mujer habría sido asesinada por varios delincuentes".
La periodista de "El Mercurio", Beatriz Undurraga, publicó: "Crimen en la playa de los Molles. Asesinada hermosa joven de 23 años, presumiblemente estrangulada y abandonada en la playa". Ella vio el cadáver y aparentó una realidad falsa con la que buscó engañar al público. La noticia fue groseramente tergiversada, pues Marta tenía 43 años y su cuerpo, tan martirizado, no aparecía de ninguna manera bello.
Enfrentada a la realidad, Beatriz Undurraga intentó justificar este "error", señalando que pensó que era más joven por la extrema delgadez de la occisa. Otro "periodista", Pablo Honorato dio a conocer la noticia en el mismo sentido falso en "Las Últimas Noticias". Ambos intentaron hacer creer que se trataba de la acción de algunos delincuentes o de una pareja despechada, tratando de ocultar la verdad evidente que tuvieron frente a sus ojos. La campaña de tergiversación noticiosa resultó definitivamente inútil, ya varias personas habían reconocido a Marta Ugarte en las fotografías del cadáver aparecidas en la prensa. También sus hermanas.
El 21 de septiembre de 1976 fue asesinado en Washington el ex canciller de Allende, Orlando Letelier. Ese hecho desvió la atención sobre la situación de Marta Ugarte y la prensa afín a la dictadura dejó de informar. Para evitar un bochorno de proporciones, al hacerse evidente el crimen de la DINA.
Las sanciones del Colegio de Periodistas
El Secretario del Colegio de Periodistas de Chile y profesor de la Academia de Humanismo Cristiano, Patricio Martínez, señaló a Cambio21, que a propósito de este caso y de otros, en materia de DD.HH., el colegio de la orden fue uno de los pocos entes profesionales que pidió perdón por la actitud y actuación de algunos colegas que durante la dictadura colaboraron con el régimen de Pinochet.
Señala Patricio Martínez que en éste caso específico se citó a los periodistas involucrados en el montaje, para ser interrogados ante un Fiscal y en presencia de un miembro del Consejo respectivo, que actúa como ministro de fe del Tribunal de Ética. "Siempre se escucha al colega acusado, aunque éste opte, como sucedió en algunos de estos casos, por no asistir a las audiencias". Recuerda el dirigente gremial que "algunos nunca asistieron a las audiencias, sin embargo sí lo hizo Beatriz Undurraga, del
ElMercurio, quien con posterioridad al proceso del Colegio y la sanción que se le aplicó, en una entrevista en un medio de televisión, declaró que lo que más le había dolido, era la sanción del Colegio de Periodistas". Concluye por último Martínez, que la "sanción se les aplicó entre otras cosas, por no haber cumplido con la premisa básica de los colegiados, cual es defender los Derechos Humanos".
Efectos del hallazgo
Después de descubrirse el cuerpo de Marta Ugarte, se tomaron precauciones para dificultar la identificación en el caso de ser encontrados otros cadáveres de detenidos desaparecidos. Tras asesinar a los prisioneros, "se desfiguraban sus rostros, se borraban cicatrices y huellas digitales quemándolos con un soplete para soldar y se extraían las tapaduras de oro con un alicate. Posteriormente, se amarraba con alambre el cuerpo a un trozo de riel y se introducía en un saco que se aseguraba con más alambre. Preparados de esta forma, eran llevados a Peldehue, para ser introducidos en helicópteros del Comando Aéreo del Ejército y lanzados al mar, logrando su desaparición definitiva", dan cuenta varias sentencias.   Cambio 21 Mario Lopez M.
 “Vino del mar envuelta en agua azul,
la trajo el viento del más allá,
dormida en las olas de espuma y sal
sobre su propia herida mortal”.

 Patricio Manns

Nueva Mayoría hay jefes comunales que prefieren no devolver los planteles al Estado.

La propuesta de desmunicipalizar la educación no genera un 100% de consenso entre los alcaldes. Mientras la mayoría estima que los colegios deben ser traspasados al Estado, hay un grupo que preferiría mantenerlos bajo su administración. En la Alianza, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, presidente de la Asociación de Municipios de Chile (Amuch), opina que “sería un despropósito”. Pero también en la Nueva Mayoría hay opiniones que apuntan en una dirección distinta de la propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet.
Si bien los jefes comunales de la Nueva Mayoría aparecen públicamente alineados con la propuesta del gobierno, las discrepancias existen. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de Maipú, Christian Vittori, reconoce que “dentro de las reuniones se han planteado otros puntos de vista, hay alcaldes que han dicho que si se resuelve el tema del financiamiento preferirían mantener la administración”. Y añade que “creemos que el problema no sólo pasa por el financiamiento y por eso queremos estar en la discusión”.
Según las estadísticas de la AChM, el aporte a nivel nacional de los municipios para educación bordea el 10% (ver infografía).
El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD), cree que la fórmula pasa por entregar más recursos a los municipios que permitan cubrir el 100% del gasto en educación. “Estoy porque se nos entreguen los recursos necesarios para hacer una buena gestión y ahí veremos quiénes son los (alcaldes) que son capaces de gestionar correctamente los recursos”.
A juicio de Cuadrado, “nunca hubo municipalización, nos traspasaron establecimientos , pero no se nos entregaron los recursos para financiarlos”.
El alcalde de Calbuco, Rubén Cárdenas (PRSD), enfatiza que -sobre todo en la educación básica- “sería más conveniente mantener en los municipios la administración, aunque es una decisión tomada, porque es un compromiso de campaña, yo creo que podría reconsiderarse”. En tanto, el alcalde de La Granja, Felipe Delpín (DC), reconoce que “me hubiera gustado seguir administrando los colegios, pero con el 100% de financiamiento”.
El planteamiento de los alcaldes “díscolos” se fundamenta también en el hecho de que conocen la realidad local, por lo tanto, estiman que los municipios son los más indicados para encargarse de la educación. Este punto es compartido por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien está de acuerdo con la desmunicipalización, porque “la educación de nuestros niños no puede estar sujeta a que en una comuna llegue un alcalde descomprometido”. Y considera que también se debe “resguardar que los municipios jueguen un rol que permita mucha mayor cercanía en esta desmunicipalización”.
Mientras que el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra (PS), señaló que “yo estoy disponible para entregar los colegios, pero se deben considerar ciertas precauciones, como el personal y el patrimonio”.

miércoles, 19 de marzo de 2014

MAS PODER A LAS FUERZAS ARMADAS

  
 Si bien reconoció los “esfuerzos” desplegados por las Fuerzas Armadas para esclarecer los casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura militar, el ministro de Defensa, Jorge Burgos, afirmó que éstos han sido “insuficientes”.
El secretario de Estado abordó el tema en una clase magistral que tuvo lugar esta semana en la Escuela Militar, y a la que asistieron los máximos representantes de las cuatro ramas castrenses, entre ellos el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, cuyo hermano, el retirado general Carlos Eduardo Oviedo, está procesado por siete crímenes registrados en Temuco el año 1973.
Burgos dijo que “ha habido pocos períodos de tan intensa construcción institucional como el que se inicia en 1990, en un contexto de expansión de las libertades y profundización de la democracia en Chile, y que es el que nos ha tocado vivir a la generación de civiles y militares que nos encontramos en este auditorio”.
“En este período se llevaron a cabo esfuerzos por abordar los problemas derivados de violaciones a los derechos humanos que afectaron a nuestra sociedad y encauzarlos de manera de devolver dignidad a las víctimas, reparar en lo que sea posible su sufrimiento, someter a los responsables de crímenes atroces que todos condenamos al Estado de Derecho, sentando así las bases morales e institucionales de una sociedad plenamente respetuosa y consciente de la vigencia irrestricta de los derechos de cada semejante”, agregó.
Sin embargo, advirtió que aunque esos esfuerzos han rendido frutos, “aún son insuficientes y no satisfacen los anhelos de amplios sectores de nuestro pueblo. Nos quedan cuestiones pendientes, que no pudimos resolver en la transición, y se arrastran hasta la fecha. Las sociedades enfrentadas a estos dolores han tenido experiencias distintas en su tratamiento. En Chile hemos hecho nuestro camino. Que duda cabe que no ha sido perfecto, pero ha permitido hacer prevalecer la voz de tribunales independientes y sentar con claridad el principio de que no hay atajos posibles para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. En esto, lo único que corresponde es la colaboración de todos”.
El ministro de Defensa abordó el tema en momentos que, según detalló el vespertino La Segunda, analiza la posibilidad de reponer un proyecto de ley para degradar a los militares condenados por crímenes de DD.HH. Sin embargo, el propio Burgos habría señalado que se trata de una tarea “muy difícil”, considerando que el código de Justicia Militar incluye esa figura como pena accesoria.
Consultado al respecto, el abogado del PC Eduardo Contreras explicó que implementar la degradación sería posible si se instaura como una medida administrativa y no judicial.
ESTADO MAYOR CONJUNTO MÁS EMPODERADO
Durante su exposición, Burgos manifestó también la necesidad de dar mayores atribuciones al jefe del Estado Mayor Conjunto.
“Parece necesario fortalecer aún más la función del Jefe del Estado Mayor Conjunto, de manera de no limitarlo sólo al accionar en estados de excepción constitucional o crisis, sino que aumentar su gestión y acción de mando en tiempos de paz, incluyendo la preparación, prevención y reacción ante emergencias, así como de su responsabilidad social”, señaló.
Y precisó que esto “debe ser parte de un esfuerzo general del Ministerio, sus organismos e instituciones dependientes para perfeccionar y desarrollar la institucionalidad de lo conjunto en nuestro sistema de defensa. En especial, debemos reforzar el actual estatuto jurídico que rige al Estado Mayor Conjunto, que debe ser potenciado para dotar a éste de atribuciones y capacidades que faciliten su accionar. Nuestro objetivo en éste ámbito será establecer una agenda sectorial para promover lo conjunto, en la perspectiva de avanzar hacia una estructura operacional de la fuerza concebida para  actuar de manera conjunta, en todos los niveles, y en cualquier situación o tiempo”.
En otro tema, también anunció que esperaba concretar durante su gestión el fortalecimiento de los vínculos de Defensa con Argentina, Brasil, Perú, Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos, para generar una “comunidad de seguridad” en el área.
“Como lo demuestran las experiencias históricas, los procesos de integración son piedras angulares de un futuro más pacífico, próspero y seguro para las personas. Llevado a la realidad de Chile, esto significa un mejor vivir para cada ciudadano de nuestra patria y de la región. Por esto es que hemos participado activamente en la consolidación de estos procesos, entendiendo que la integración en defensa es uno de los mecanismos más efectivos para generar interdependencia y, por ende, incentivos para caminar unidos junto a otros pueblos”, afirmó.
Burgos recordó que hace algunos años “dedicamos esfuerzos a promover instancias como la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas o los procesos de formación de confianza mutua, plasmados en las declaraciones de San José y Santiago. Del mismo modo, hemos jugado un papel protagónico en la creación y consolidación del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR como un foro privilegiado de diálogo político y motor de los procesos de integración en defensa de la región”.
No obstante, hizo hincapié en que si bien durante el gobierno anterior el país continuó participando en esos  foros y promoviendo sus actividades, “al día de hoy constatamos que la posición de Chile, especialmente en el espacio sudamericano, se ha debilitado, perdiendo el dinamismo de periodos precedentes”.
Frente a este escenario, recalcó el ministro, es que “durante el período 2014-2018, la política de defensa tendrá, como uno de sus objetivos principales de mediano y largo plazo construir una identidad sudamericana en materias de defensa y seguridad internacional y en definitiva, una comunidad de seguridad en América del Sur”.