LOS LATIDOS DE LA MEMORIA

 “Los latidos de la memoria” es el nombre del nuevo proyecto de Radio Universidad de Chile que desde este jueves investigará y difundirá la memoria emotiva de los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura militar. Este proyecto, patrocinado por el Instituto de los Derechos Humanos, Corporación Paine, Nodo Ciudadano y Radio Universidad de Chile, consistirá en cápsulas radiofónicas de un minuto y medio que darán a conocer las biografías y los relatos de las víctimas centrados en el recuerdo de la vida previa a las situaciones de violencia a las que fueron sometidos. Para la Corporación Paine “este proyecto es una forma de acercar los relatos de las víctimas y crear espacios de identificación y empatía con quienes lo escuchen, promoviendo la reflexión y el valor de los derechos de las personas”. También se darán a conocer relatos del mundo rural como algunos de la comunidad del Paine que podrían resultar inéditos para los oyentes. El lanzamiento tendrá lugar a las 19:00 de este jueves 31 desde la sala Máster de Radio Universidad de Chile. Durante la dictadura de Pinochet, según informes oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

VIOLENCIA SEXUAL EN LA DICTADURA

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi patrocinó una querella criminal por violencia sexual durante la dictadura, presentada el 16 de mayo, la cual fue acogida. La entidad sostuvo a través de un comunicado que “manifiesta su satisfacción por la acogida de la justicia y confía en que no sólo se investigarán los hechos, sino que finalmente se aplicarán las penas correspondientes a delitos de tanta gravedad para la sociedad chilena, cuya única sanación debe ser la justicia”. Asimismo, el directorio de la Corporación expresó que “la decisión judicial abre la puerta para que otras víctimas de estos crímenes testimonien ante la justicia, para lo cual estamos abiertos a acogerlas y prestar el apoyo jurídico correspondiente”. La presentación que investigarán los tribunales quedó a cargo del ministro de fuero de la Corte de Apelaciones Mario Carroza. El escrito confiado al abogado Hiram Villagra incluye el delito específico de violencia sexual en las personas de Luz de las Nieves Ayress Moreno, Carmen Alejandra Holzapfel Picarte, Soledad de las Mercedes Castillo Gómez, Nora Judith del Carmen Brito Cortés. El ministro Carroza deberá investigar los hechos en los cuales se encuentran involucrados Manuel Contreras Sepúlveda, Jefe de la DINA, Vittorio Orbieto Tiplizky, Raul Quintana Salazar, Nelson Patricio Valdés Cornejo, Klaudio Erich Kosiel Hornig, Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich González, Miguel Hernández Oyarzo, Alejandro Molina Cisternas, David Miranda Monardes y Jorge Rosendo Núñez Magallanes, entre otros. La violencia sexual está tipificada en los tratados internacionales suscritos por Chile, la cual –expresa la querella–, al emplearse “contra las contra las mujeres ha representado una de las formas más recurridas para denigrar y someter a una parte de la población civil”, pues “no solo daña a quien es víctima del acto delictual, sino que el abuso también afecta a la comunidad de forma moral, física, emocional y espiritualmente”. Así deberán declarar “todos aquellos que participaron directamente en la perpetración del acto ilícito así como aquellos que lo ordenaron o indujeron, los que colaboraron, los que facilitaron los medios para llevarlo a cabo, como los que facilitaron los lugares de encierro”, en este caso Villa Grimaldi, Venda Sexy, Londres 38 y Tejas Verdes. Los hechos representan conductas cuya finalidad fue “degradar a las mujeres pertenecientes a un grupo social y político, lo que transgrede leyes nacionales, tipificadas como delito internacional y crimen contra la humanidad. Se trata de actos inhumanos degradantes de la más alta a que muchas de las víctimas recién hoy sean capaces de verbalizar lo sucedido”, señala la querella patrocinada por Villa Grimaldi.

JUEZ MUÑOZ RETOMA COORDINACIÓN EN CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS

El viernes había renunciado a esa función por discrepancias con sus pares.

Tras inédito pleno extraordinario, presidente de la Suprema retoma coordinación nacional de causas de DD.HH."Se discutió con franqueza y se determinó que siguiera como coordinador de estas causas que son prioritarias para el tribunal", señaló Sergio Muñoz, enfatizando su "plena disposición" para liderar las causas que impliquen delitos de lesa humanidad. Un cambio de planes anunció este martes el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien finalmente decidió continuar a la cabeza de la coordinación nacional de causas de Derechos Humanos. Esto después de que, el viernes pasado, Muñoz comunicara su decisión de no asumir el cargo producto de discrepancias con otros miembros del pleno del máximo tribunal del país. El anuncio desató las críticas por parte Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Muñoz informó su cambio de decisión luego de que en el consejo extraordinario de este martes se discutiera su continuidad con “franqueza, profundidad y altura de mira”, según informó Emol. “Se discutió con franqueza y se determinó que siguiera como coordinador de estas causas que son prioritarias para el tribunal”, señaló el magistrado, enfatizando su “plena disposición” para liderar las causas que impliquen delitos de lesa humanidad. Con esto, queda atrás el conflicto entre ministros generado específicamente por la mala interpretación del anuncio de Muñoz, quien tras oficializar la salida de Hugo Dolmetsch y su sucesión, informó además la creación de un catastro informático de todas las causas en materia de derechos humanos, lo que fue entendido por sus pares como una de idea de evaluar el trabajo que realizan. Una columna del periodista Jorge Escalante publicada este martes por El Mostrador plantea que la decisión inicial de Muñoz de restarse de la coordinación de las causas fue debido a la presión de los “poderes fácticos” por la recontratación del retirado magistrado Alejandro Solís con el fin de acelerar los procesos, lo que habría generado molestia y preocupación en el Ejército. La nota asegura que un emisario de la institución habría concurrido personalmente hasta el despacho de Dolmestch para manifestarle sus aprensiones por el retorno de Solís, lo que se suma a una versión de prensa, publicada por El Mercurio, dando cuenta de la “inquietud” del pleno de la Suprema por esta situación.

JUEZ MUÑOZ NO ASUME COORDINACIÓN EN CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS

“El ministro le iba a poner una impronta distinta a lo que ha sido el trabajo de los jueces en materia de DD.HH.” La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos lamentó profundamente el anuncio hecho por el ministro Sergio Muñoz y criticó lo que ha sido la labor de los magistrados. "Hay jueces que han estado durante muchos años con causas, que han avanzado prácticamente nada y que en definitiva a lo que estamos llegando es a un estado de impunidad". “El ministro Muñoz le iba a poner una impronta distinta a lo que ha sido el trabajo de los jueces en términos de lo que te señalaba antes. Yo creo que él iba a ponerle un ritmo a las investigaciones, un profesionalismo y todos los recursos y apoyos necesarios para que efectivamente se avanzara significativamente en la búsqueda de la verdad y la justicia”, señaló este viernes Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Esto después de que se diera a conocer la decisión del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, respecto a la coordinación nacional de causas de derechos humanos por, según argumentó, discrepancias con otros miembros del pleno del máximo tribunal del país. Ante este panorama, García lamentó profundamente el anuncio y argumentó que, a su parecer, las discrepancias con los otros jueces tendrían que ver con “miradas diametralmente opuesta en relación a los tiempos, a la eficacia, a la eficiencia y a los resultados de las investigaciones de procesos por violaciones a los derechos humanos”, según dijo en entrevista con CNN Chile. En ese sentido, la representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos fue enfática en sacar a colación la deuda pendiente que tiene la justicia chilena con la resolución de casos de violaciones a los derechos humanos. “Han pasado 40 años y los jueces a estas alturas no solamente deberían haber sido evaluados, deberían haber sido cuestionados porque este país ha esperado por 40 años una respuesta de la justicia que ha llegado muy parcialmente y muy tibiamente. Por lo tanto, lo que correspondía en este momento (…) era ponerle más voluntad, más profesionalismo, más recursos, más apoyo e iniciar una etapa donde de verdad, sin tiempos predefinidos, se pudiera avanzar significativamente en los resultados que este país ha esperado por 40 años”, explicó. Por el contrario, en la entrevista indicó que “hay jueces que han estado durante muchos años con causas, que han avanzado prácticamente nada y que se han acostumbrado a un ritmo donde en definitiva finalmente a lo que estamos llegando –y es ahí donde los jueces están absolutamente expuestos a ser evaluados– es a un estado de impunidad porque el violador de derechos humanos o ya no está, o tiene problemas graves de salud mental, o cualquier situación que con el paso de los años va ir siendo más crítica”. Asimismo, echó luces sobre la deuda particular que a su parecer tendría  la Corte Suprema con esta materia. “La Corte Suprema así como nunca ha tomado la decisión de sentarse frente a una cámara, hablarle al país y señalarle cuál fue su rol en dictadura y cuál es el que debe ser en democracia, ha quedado siempre expuesta a una situación de poca claridad respecto a lo que es y a lo que fue su relación con las violaciones a los derechos humanos, donde el Poder Judicial, uno de los poderes que persistió y subsistió con algún grado de independencia, fue absolutamente ajeno a los requerimientos de los familiares en términos de salvar vidas y de iniciar procesos judiciales que llevaran la sanción a los responsables”, explicó. En tanto, aseguró que el sistema judicial ha favorecido a violadores de los derechos humanos con beneficios como “la prescripción, como la media prescripción, como la salida a través de sistemas administrativos, etc.”, y que han derivado en “una suerte de impunidad legal que empieza a ser como normal, como parte de la dinámica judicial”. Sin embargo, recalcó que “no es normal que los violadores a los derechos humanos tengan derecho a acceder a beneficios a los cuales la población penal común y corriente de este país tiene muchas dificultades para acceder”.

BECAS ESTATALES PARA HIJOS DE SENADORES

María Paz Coloma y Raimundo Larraín, viajarán a la Universidad de Melbourne (Australia) y a la de Columbia (EEUU) luego de obtener el beneficio estatal para estudiar en el extranjero, que contempla más de 11 millones de pesos anuales. El hecho que dos de las becas de Magíster en el extranjero que entregan la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), fueran destinadas a los hijos del senador Juan Antonio Coloma y el ex timonel de RN, Carlos Larraín, por una cifra cercana a los 11.260.800 anuales, generó una serie de críticas en la ciudadanía.  Los beneficiados, María Paz Coloma y Raimundo Larraín, viajarán a la Universidad de Melbourne (Australia) y a la de Columbia (EEUU) respectivamente. Cabe recordar, que cubre los pasajes de avión, aranceles, matrículas y aporte mensual para materiales. Por otra parte, la mayoría de los críticos de esta medida apuntan a que el sector que representan Coloma y Larraín se han mostrado contrarios a los cambios que propone el Gobierno hacia la educación gratuita y modificar el sistema educacional.  Además, solicitan mayores fiscalizaciones en la entrega de beneficios y que éstos no deberían ser otorgados a hijos o familiares de personas que ejerzan cargos públicos. 

La Moneda accede a petición de la ONU y se compromete a derogar la Ley de Amnistía

El gobierno chileno afirmó hoy ante las Naciones Unidas que se ha comprometido públicamente a anular del decreto Ley de Amnistía y, por ello, se ha presentado ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido. Chile se sometió hoy por segundo día en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es Estado parte. En la sesión de ayer, Fabian Omar Savioli, miembro argentino del comité, solicitó a Chile que derogue la normativa para que ningún crimen de lesa humanidad quede impune y para que no haya espacio a la interpretación. En su respuesta de hoy, el subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, aseguró al comité que, si bien aún está vigente, la ley de amnistía no se aplica. Riveros explicó que se ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley para anular ese decreto ley y que el nuevo Gobierno cuenta entre sus objetivos con establecer una normativa que estipule que los crímenes de guerra y contra la humanidad son imprescriptibles y sus autores no podrán beneficiarse de prescripción, amnistía o gracia. Esa ley fue impuesta por el general Augusto Pinochet con el objetivo, según los organismos humanitarios, de garantizar la impunidad a los autores de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante su dictadura (1973-1990). En relación a los pueblos indígenas, sobre los que ayer varios miembros del grupo expusieron cuestiones, dudas y preguntas, Riveros precisó que el objetivo del Gobierno es lograr el pleno reconocimiento constitucional de su existencia y sus derechos. Indicó que ya se han restituido tierras a los pueblos aimara del norte del país, pero que aún no se ha podido llevar a cabo algo similar en el sur con los mapuches porque el proceso es distinto. Respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, Riveros señaló que el tema está siendo debatido en el Congreso, donde ya se han presentado cinco proyectos de ley y por ahora se están discutiendo, pues en la cámara hay puntos de vista muy distintos sobre este asunto.
Sin embargo, puntualizó que el 86,3 % por ciento de los municipios ofrece la llamada “píldora del día después”.

ONU pide a Chile más coordinación para investigar desapariciones en dictadura

Un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) reclamó este martes al gobierno de Chile que aplique políticas coherentes y coordinadas para investigar las desapariciones forzadas que se perpetraron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El organismo internacional escogió el patio 29 del Cementerio General de Santiago, donde se ubican más de 2.000 tumbas de víctimas del régimen militar, para presentar las conclusiones preliminares de un informe realizado por el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias (GTDFI) en Chile. Dicho informe, redactado por cinco analistas independientes de la ONU, constató un avance “importante” en materias como la justicia, la verdad, las reparaciones y la memoria, si bien señaló que las autoridades chilenas deben mejorar las políticas para investigar las desapariciones forzadas. “Vimos que estos avances se han dado sin que exista una política coherente del Estado chileno, sin que exista una política sistemática del Estado”, denunció el argentino Ariel Dulitzky, miembro del GTDFI. Dulitzky explicó las conclusiones del informe junto a la abogada bosnia, Jasminka Dzumhur, en una comparecencia en la que también asistieron familiares de detenidos y desaparecidos de la dictadura. “Gran parte de las iniciativas que nosotros vimos han surgido por el esfuerzo de las asociaciones de familiares y por la iniciativa de organizaciones del Estado que muchas veces no trabajan de manera coordinada”, argumentó Dulitzky. Durante la dictadura, 2.279 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 están en condición de detenidos desaparecidos, según estableció en 1991 el informe Rettig. Así, 22 años después del término de la dictadura, los analistas del GTDFI visitan Chile por primera vez para examinar las principales iniciativas emprendidas por el Estado chileno sobre cuestiones relativas a las desapariciones. La lentitud en los procesos judiciales, la permanencia de la jurisdicción militar incluso para casos de violaciones de derechos humanos y la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas son algunos de los puntos que las autoridades de Chile deben mejorar, aseguraron los expertos de la ONU. Asimismo, denunciaron la persistencia de la Ley de Amnistía de abril de 1978, promulgada en plena dictadura militar para favorecer a los violadores de los derechos humanos. “El Gobierno chileno debe eliminar el decreto ley de amnistía. Es muy importante que la conjunción del legislativo y el ejecutivo confluya para decir que la desaparición forzada es un delito que no puede ser amnistiado”, argumentó Dulitzky. El informe aplaudió, en tanto, el nombramiento de jueces de dedicación exclusiva para investigar desapariciones, si bien matizó que los procesos judiciales avanzan de manera muy lenta. Entre ellos destaca la Comisión Valech, reabierta en 2010 y que en 2005 certificó más de 28.000 casos de tortura cometidos durante la dictadura de Pinochet. Además de investigar casos de prisión política y tortura, como ya hizo en 1990, dicha comisión amplió su campo de trabajo a denuncias por desaparición forzada y ejecución política. “Creemos que a 40 años de las primeras desapariciones, los procesos avanzan de manera muy lenta. Se tienen que nombrar más jueces en dedicación exclusiva”, aseveró el analista argentino. Las conclusiones del GTDFI fueron escuchadas por una decena de miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quienes explicaron a Efe que el informe apunta lo que la asociación viene denunciando en los últimos 20 años. “Las heridas no se cierran. Han pasado 40 años y las heridas siguen abiertas porque no hay verdad y no hay justicia. Seguimos sin encontrar los restos de nuestros familiares”, enfatizó Gabi Rivera, dirigente de la agrupación e hija de Juan Luis Rivera, dirigente sindical desaparecido en 1975. Las conclusiones finales del informe serán entregadas al Gobierno de Chile en noviembre de este año, para posteriormente ser presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2013.

ARCHIVOS SECRETOS SON DESCLASIFICADOS

La policía secreta del fallecido general Augusto Pinochet lideró una red de espionaje dentro y fuera de Chile que cruzó caminos con el Vaticano, el FBI, dictaduras latinoamericanas y la prensa mundial, según revelan miles de archivos secretos y hasta ahora inéditos a los que tuvo acceso la Agencia Alemana de Prensa (dpa). Estos documentos, por décadas catalogados como reservados, confirman que los cuerpos represivos chilenos, la DINA primero y la CNI después, mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades, para coordinar operaciones en todo el mundo. El coronel Manuel Contreras, que como director de la DINA planeó atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia, tenía potestad incluso para investigar a los empleados del Estado como revela la Circular Reservada 35 F-151 de 1975. “Su Excelencia (Pinochet) ha dispuesto que a partir de esta fecha ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a sus antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado”, informó el ministro del Interior de la época, general Raúl Benavides. En 1976, los poderes de la DINA son ampliados y detallados. Podrá investigar a todos los funcionarios y será la única responsable de instalar los citófonos presidenciales en la administración pública. La policía secreta, responsable de miles de desaparecidos, ejecutados y torturados según informes oficiales, pasa a tener además un archivo con las fichas de todos los detenidos y perseguidos, cuya información envía a cuanto ministerio se la solicite. La DINA, cuyo director está hoy preso cumpliendo un centenar de condenas, tenía poder incluso para dar órdenes a ministros, como revela el Plan de Operaciones Epsilon. La iniciativa es diseñada en junio de 1975 por Contreras, ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que acuden cientos de denunciantes de la oposición. El coronel Contreras, quien siempre se ufanó de desayunar a diario con Pinochet, repartió en ese plan tareas a todo tipo de autoridades, a quienes advirtió que ante cualquier duda debían contactarlo directamente por teléfono. La estrategia, contenida en 11 páginas distribuidas a ministros y jefes de servicios, tenía por misión “realizar una campaña de acción psicológica abierta y clandestina”, para neutralizar en el mundo las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Las acciones abarcan desde el uso de periodistas, que no son nombrados, para que “festinen” con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la eliminación de cintas de la II Guerra Mundial de la programación televisiva por aludir al nazismo. También son propuestos campañas de ataques a la situación de los derechos humanos en Portugal, la Unión Soviética, Cuba y Vietnam, y la disputa de un partido de fútbol entre Chile y Brasil, como distracción. Las coordinaciones entre la policía secreta y los ministros siguieron incluso tras de la disolución en 1978 de la DINA, después de que estallara una crisis con Estados Unidos por el atentado explosivo en Washington contra el ex canciller socialista Orlando Letelier. La CNI, órgano que reemplaza a la DINA, impulsa desde ese año operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil, a través de las embajadas chilenas que remiten informes periódicos sobre la actividad de los exiliados, los medios de comunicación y organismos humanitarios.Prueba de ello es que el 17 de marzo de 1978, el viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, el general de brigada Enrique Valdés Puga, firmó y envió el oficio secreto número 35 de Cancillería al entonces director de la CNI, el general Odlanier Mena. “De acuerdo a lo conversado con Uds. sobre la necesidad de normalizar la situación de envío de oficiales de esa CNI como Consejeros Administrativos o Civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior, mucho agradecería remitir, a la mayor brevedad posible, al suscrito, un ejemplar del Plan Cóndor”, escribió Valdés. El jefe de la policía secreta, como era habitual, contestó el 21 de febrero directamente al canciller de la época, almirante Patricio Carvajal, ratificando las destinaciones de los militares José Aqueveque, León González y Raúl Tejo a Perú, Bolivia y Argentina, respectivamente. Los archivos secretos revelan además el esfuerzo continuo de la dictadura (1973-1990) por desacreditar a sus opositores y ganar aliados, operación en la que también aparece involucrado el hoy diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil, correligionario del ex presidente Sebastián Piñera. Cardemil, que fungía en los prolegómenos del régimen pinochetista como viceministro de Interior, envió a Cancillería las fichas secretas de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, para poner en marcha una amplia acción de desprestigio de esa entidad defensora de los derechos humanos, liderada por la Iglesia católica. “Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntarle carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad”, redactó Cardemil el 26 de abril de 1985 en el oficio secreto 1953. Las operaciones detalladas en estos archivos revelan además el seguimiento a cientos de corresponsales dentro y fuera de Chile, como Pierre Kalfon de “Le Monde” y James Pringle de “NewsWeek”, entre casi un millar referidos en estos documentos. También hay preocupación por la labor de artistas como el escritor Ariel Dorfman y los equipos de inteligencia remiten a autoridades de gobierno detalles de los debates en centros de estudio, lo que llaman “activismo intelectual”. Los textos desnudan además los diálogos con el Vaticano para neutralizar a los sectores de la Iglesia que criticaban las violaciones a los derechos humanos, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez. Piezas clave en todo este entramado son además los Informes de Apreciación Sociológica que la Armada prepara para la Junta Militar en los últimos años del régimen. En ellos, es delineada la entrega del poder y las características que debe tener la democracia en ciernes, donde se espera que los militares no cedan “el principio de autoridad”. “Ello ameritará la conveniencia de considerar en 1989 algunos cambios a la organización del Estado, preservando la sustancia institucional de los tres primeros capítulos de la Constitución”, propuso el 6 de enero de 1989 en esos documentos el capitán de navío Rodolfo Camacho. Los cambios finalmente serán acordados con la oposición de centro izquierda. La Constitución redactada entonces rige en Chile hasta hoy.