BONO LEY CORTA

 Todos los titulares individualizados en las nominas de la ley 19992, 20405, viudas y excepciones de la ley 19234 que asistieron a la charla informativa a cargo del jefe de la CAP del I.P.S Iquique, Alfredo Fernandez, sobre el aporte único, en carácter de reparación parcial, de un millón de pesos, se sintieron satisfechas al ser despejadas sus dudas y respondidas sus preguntas por este profesional el cual al terminar su exposición fue despedido con un gran aplauso por los presentes. La Anexpp-Iquique el mes de junio presento su propuesta a la dirigencia nacional la cual forma parte del comando unitario, el que nos representa en la mesa de alto nivel en esta negociación con el gobierno, valoramos el esfuerzo de nuestros dirigentes en su lucha por una reparación digna e integral, la que esta recién comenzando con este aporte único parcial, por lo que hacemos un llamado a todos los expp calificados y no calificados , viudas y familiares a la Unidad, única herramienta que tenemos para avanzar en nuestras demandas, querellas y reparaciones.

LEY 20874 29 OCTUBRE 2015

Ley  20874          29  Octubre 2015

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

 Proyecto de ley:

 "Artículo 1º.- Otorgase un aporte único, en carácter de reparación parcial, de $1.000.000 (un millón de pesos), a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión y Tortura, conforme a las leyes 19.992 y 20.405 respectivamente.

Si el titular estuviere fallecido, corresponderá al cónyuge sobreviviente el 60% del aporte referido en el inciso anterior. Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de Prisión Política y Tortura

El aporte a que se refiere esta ley no podrá ser impetrado por el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los diputados y senadores, los intendentes, los gobernadores, los jefes superiores de servicio, y quienes desempeñándose en la Administración Pública, en calidad de planta, contrata, o contratados a honorarios, tengan una remuneración regular igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras las personas señaladas se encuentren en el ejercicio del cargo o en el desempeño de las funciones antes indicadas.

 Artículo 2º.- El aporte a que se refiere esta ley será pagado a partir del mes subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que tengan alguna de las calidades especificadas en el artículo 1º y soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

Artículo 3º.- El aporte a que se refiere esta ley no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Artículo 4º.- El aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal, y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social en una sola cuota.

Artículo 5º.- El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social, y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.

Y por cuanto he tenido en bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlgese y llévese a efecto como ley de la república.

 

Santiago, 26 de octubre de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro Secretario General de la Presidencia.-Ximena Rincón González, Ministra del Trabajo y P revisión Social.

 

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

HISTORIA LEY CORTA

En mayo, después de veinte y nueve días en huelga de hambre, cerca de 20 ex presos políticos, apoyados por el Comando Unitario lograron firmar un acuerdo con el Gobierno para instalar una mesa de trabajo por reajustes de las pensiones Valech y el compromiso de enviar una “ley corta”, para definir un aporte único de carácter Reparatorio en materia de violaciones de Derechos Humanos. Dicho proyecto ingresó con fecha 15 de julio a tramitación en el Congreso y un mes después, tras ser aprobado por la comisión de DDHH, ya se encuentra en la comisión de Hacienda. No obstante, los cambios y declaraciones vertidas por su paso en la comisión que preside el PS Raúl Saldívar, encendieron las alarmas en los diputados.  La instancia aprobó en general de la entrega de $1.000.000 para todos los calificados Valech y un 60% para las viudas de ex presos políticos fallecidos, según contemplaba el proyecto, pero con un leve cambio producto de una indicación ingresada por diputados de la Nueva Mayoría y el autonomista Gabriel Boric. Así, se reemplazó la frase inicial contenida en el proyecto “otorgase un aporte único de carácter Reparatorio” por “otorgase un aporte único, en carácter de reparación parcial”, lo que a juicio del gremialismo es el primer paso para extender beneficios de quienes, según se considera , ya han tenido beneficios monetarios, médicos, educacionales y de vivienda. A esto se suma la presentación del Gobierno ante la comisión, en voz de la subsecretaria Segpres, Patricia Silva, quien se centró en indicar que esta denominada ley corta -que fue aprobada por la Mesa de Alto Nivel de negociación- otorga un “aporte Reparatorio” de carácter inicial de $1.000.000, pero que está lejos de ser el aporte final. Según expuso ante los asistentes el pasado 12 de agosto, dicha mesa aún se encuentra en negociaciones con el Gobierno, relevando que hubo una propuesta de aporte “complementario” emanada desde el Ejecutivo, que de todas formas fue desechada por la mesa negociadora. La idea era un monto para todos aquellos mayores de 65 años, de $9 millones, de los cuales se descontará este bono inicial de $1.000.000. Los ocho millones restantes se pagarían a los beneficiarios en un número de cuotas anuales, según estratificación etaria. Esto motivó la presentación de un oficio por parte varios diputados para individualizar a los parlamentarios y autoridades (incluidos ministros, subsecretarios, alcaldes, concejales, Seremis, Cores y jefes de servicio) que recibirían este beneficio al basarse en los listados emanados del Informe Valech. Según los catastros, bajo esos parámetros estarían los diputados Osvaldo Andrade (PS), Sergio Aguiló (IC), Guillermo Teillier (PC), Pepe Auth (PPD) y el senador socialista Carlos Montes. Asimismo, embajadores como Patricio Hales (Francia) y Domingo Namuncura (Guatemala). Se desliza (desde el Gobierno) que se tendría un bono adicional de $9 millones o $10 millones, llevando la cifra a más de $300 mil millones en los bonos que se pretenden pagar, añadió el diputado y miembro de la comisión de DDHH, Juan Antonio Coloma.

MILITARES MANCILLARON MONOLITO A DETENIDOS DESAPARECIDOS

Al parecer estos oficiales ejecutan órdenes de una civilidad enferma de odio por los privilegios que están perdiendo, en una sociedad con abismantes desigualdades que ha existido hasta el día de hoy. Mentes enfermas rayaron la oficina del diputado Gutiérrez, nuestra tarea no está terminada, debemos seguir contando a Chile y el mundo, como fueron atropellados nuestros DDHH en dictadura, cuyos sufrimientos y dolores persisten hasta hoy.  Recordamos las palabras de nuestro compañero comunista Víctor Alfaro A. ´´ La semilla ya está sembrada y nunca la van a poder exterminar ´´ .  Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos y Familiares Iquique.

PROPUESTA DELA AGRUPACIÓN NACIONAL DE EX PRESOS POLITICOS Y FAMILIARES IQUIQUE

En la reunión sostenida en abril de 2014 con el Subsecretario del Interior, Sr. Mahmud Aleuy, este manifestó la voluntad del Gobierno de cerrar definitivamente el tema de la Reparación a los sobrevivientes de la prisión política y la tortura. Esto dio origen a la “Primera Mesa de Trabajo” donde durante 7 meses se analizaron, a la luz de la Plataforma Unitaria, las experiencias reparatorias previas, la legislación internacional, los temas pendientes y las líneas de solución. Este trabajo culminó con un macizo Informe, redactado finalmente por el Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos (PDH-MIySP) Francisco Ugás, para luego ser entregado al Subsecretario de Interior el 10 de abril de 2015. Luego vino la prolongada Huelga de Hambre y los acuerdos subscritos por el Gobierno con los compañeros de Rancagua, uno de los cuales era constituir una Mesa de Alto Nivel. Acorde con su rol de mediador Monseñor Goic aceptó presidir la Mesa, con el apoyo del Senado y la Cámara de Diputados – que enviaron sus representantes-, y el acompañamiento del Alto Comisionado de N.U. para los DD.HH. y del INDH. En esta, rápidamente se enlazaron las peticiones de los Huelguistas con la Plataforma del Comando Unitario; cuyo objetivo específico es la elaboración de un Proyecto de ley de reparación que cerrara adecuadamente este triste capítulo de nuestra historia. Nuestras bases tienen claro que esta negociación no ha sido fácil. Que a pesar de tener el Gobierno un discurso que habla del compromiso país con los derechos humanos, sus negociadores –con honrosas excepciones- siguen más la política “austera y simbólica” de Lagos, que una que busque cerrar adecuadamente el tema Reparación. Los hechos demuestran que con leyes para “salir del paso”, como la Ley que nos impuso la dupla Lagos-Insulza el 2005, los problemas se alargan indefinidamente sin resolverse, y reaparecen una y otra vez. En el documento “Nuestra Posición” fijamos los criterios rectores de nuestro accionar. En este período en que la Mesa no ha sesionado, le hemos hecho llegar al Gobierno diversas propuestas que apuntan a desbloquear la negociación, en el marco que nos impone la Plataforma Unitaria y los acuerdos establecidos entre organizaciones. En el tema económico, esperamos que los diversos actores involucrados en esta iniciativa flexibilicen criterios y el Gobierno busque los recursos y mecanismos que permitan dar una respuesta digna a la precariedad de miles de sobrevivientes que perdieron todo producto de la persecución de que fueron objeto durante tantos años. Sabemos que es la hora de la responsabilidad. Por las esperanzas que miles han depositado en nosotros, no podemos simplemente dar un portazo e irnos con nuestras banderas a la calle, frente a una propuesta gubernamental que no satisface las expectativas. Esperamos que  Monseñor Goic logre concitar los respaldos necesarios para cerrar adecuadamente la Mesa… pero, ya no se debe seguir dilatando. Llamamos a nuestras bases a mantenerse alerta en esta etapa, y aprontar las fuerzas para las  tareas que vienen asociadas a un Proyecto de Ley. Estamos cohesionados y sabemos que no podemos ganar el 100 por ciento de nuestro petitorio… Pero el costo ético y político que pagaría el Gobierno de Michele Bachelet, ante un eventual fracaso de la Mesa de Alto Nivel, sería muy elevado. 

PROPUESTA de la ANEXPP – IQUIQUE

SALUD

Dotar y habilitar los consultorios, como clínicas solidarias, semejantes a las privadas para terminar con las listas de espera, recibir medicamentos, fármacos  que nunca han estado en la farmacia y así recibir una atención buena y rápida en los hospitales. Crear una farmacia que dependa de la municipalidad de Iquique, el estado no subsidie ni bonifique a las clínicas privadas, mutuales e isapres. Sueldos y bonos extraordinarios atractivos a médicos y profesionales, para que sientan que su trabajo humanitario, ahora si es tomado en cuenta.

EDUCACIÓN

Recuperar y devolver las becas que le fueron robadas a los expp por la Uniacc cuyo rector era el actual diputado Daniel Farcas. Que en alumnos regulares, sean considerados las personas que trabajan de dia y estudian de noche, subir el monto de dinero en las becas cuyo valor es el mismo del año 2006, para que se haga efectiva en la ley 19992 art.3 la beca permite financiar el 100% de los estudios de educación superior en una institución reconocida por Estado (arancel y matrícula), además de cubrir  los gastos que sean cobrados por la institución hasta un año después  del egreso, como, por ejemplo, el costo del examen  de grado  y/o tesis. El  beneficio al cual acceden los estudiantes es el  mismo dispuesto para el sistema de becas de educación superior: Para los alumnos  matriculados  en Universidades del  Consejo de Rectores, la cobertura del beneficio es hasta el arancel de referencia de  la carrera,los alumnos  que opten  por  matricularse en Instituciones de Educación Superior Privadas, tendrán como cobertura un  tope máximo de $1.150.000 por año, en el caso de las carreras profesionales y de $500.000 para las carreras técnicas. El artículo 27 de la Ley N° 20.129, las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, sea que no se presenten al proceso de acreditación o que presentándose  no  logran ser acreditadas, no podrán acceder a  ningún tipo  de recursos otorgados  directamente por el  Estado

VIVIENDA

Las leyes 19992 y 20405 habla de personas incluidas en ambos informes y en su reemplazo, a su cónyuge, al estar uno o ambos fallecidos debido a su avanzada edad y no se pierda el beneficio, agregar o familiar. D.S.N°49, (V. y U.), de 2011, destinado a jefes de familias que viven en condición de vulnerabilidad social y carencia habitacional, según su Ficha de Protección Social (FPS). Por su condición de expp y vulnerabilidad social, obviar la FPS.

REPARACIÓN

Aceptar el pago inmediato Bono $1.000.000 por firma de convenio

Aceptar el pago de Bono $9.000.000 en 30 cuotas mensuales de $300.000, al terminar el bono, la pensión mensual queda fija en $280.000.

Aceptar el pago inmediato Bono $9.000.000, quedando la pensión mensual fija en $230.000.
No condicionar los beneficios y reparaciones a firma de 50 años de silencio o demandas, querellas en contra del estado

PATRIMONIO

Mantener la memoria viva, con un local en Pisagua que sirva de museo para que las generaciones venideras sepan las atrocidades y genocidios que se cometieron con  los ex presos políticos y familiares en esa caleta, casa de Eventos en Iquique para organizar encuentros, reuniones con ex presos políticos, familiares, gente de los DDHH de Chile y el mundo, casa de Acogida para los ex presos politicos, familiares y personas en general que quieran escribir, comentar y conocer mas el genocidio que se cometió durante la dictadura de pinochet.

NO TE OLVIDAMOS PRESIDENTE

Este jueves 4 de septiembre, se cumplen 45 años del triunfo electoral del presidente Salvador Allende en Chile, lo que significó un cambio político trascendental para el momento, pues con su victoria se daban los primeros pasos para que esta nación construyera su camino al socialismo. Este líder político fue candidato a la presidencia de la República de Chile en cuatro oportunidades: 1952, 1958, 1964 y finalmente en 1970, en donde luego de una reñida elección a tres bandas, obtuvo la primera mayoría relativa con un 36,6%, superando a Jorge Alessandri (34,9 %) y a Radomiro Tomic (27,8 %). De ese modo, se convirtió en el primer presidente socialista en occidente que accedió al poder a través de la vía electoral. El gobierno de Salvador Allende, apoyado por un conglomerado de partidos de izquierda, agrupados en la organización política Unidad Popular, se destacó por el intento de establecer un camino no violento hacia un Estado socialista, en el que se proyectaron importantes cambios para el país, como la nacionalización del cobre, la estatización de las áreas estratégicas de la economía y la aceleración de la reforma agraria. La experiencia de la Unidad Popular se desarrollaría por un lapso de mil días, hasta que una conspiración, en la que tomaron parte activa el capital nacional y transnacional, el imperialismo estadounidense, las fuerzas políticas del centro y la derecha y los gremios empresariales y profesionales, creó las condiciones que condujeron a las elitescas fuerzas armadas de Chile a interrumpir, mediante un golpe de estado el 11 de septiembre de 1973, la democracia de ese país. Tras el fin de su gobierno sobrevino una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet, que duró dieciséis años y medio.

CRIMINAL EN ALTO HOSPICIO - IQUIQUE

Alberto Juan Fernandez Michell
Teniente(R) de Carabineros
C.I 5.587.826 - 9
Los Nogales # 2949
Alto Hospicio - Iquique

Fue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.

Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.

Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó

Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.

27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.

El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

Las miserables reparaciones del gobierno

Higinio Espergue, dirigente de la Coordinación de ex Presos Políticos de Chile, informó que se logró un avance en las tratativas que llevan a cabo con el Gobierno, durante las negociaciones presididas por la ministra subrogante de la Secretaria General de la Presidencia, Patricia Silva.  Espergue indicó que el Ejecutivo accedió a incorporar a las víctimas calificadas por la Comisión Valech que reciben la pensión de exonerados.  La llamada “ley corta” consiste en un bono inmediato, por una única vez, de un millón de pesos. Aseguró que anteriormente el Ejecutivo se había negado a incluir a las viudas y a los exonerados. Sin embargo, el aumento de la pensión mensual continúa pendiente y llamaron al Gobierno a cumplir los “Acuerdos de Rancagua” del 24 de mayo pasado, que pusieron fin a una huelga de hambre de más de 40 días y que se replicó en varias ciudades del país. Espergue relató que al término de los ayunos realizados en numerosas ciudades de Chile, se realizaron tres reuniones de una comisión presidida por el obispo Alejandro Goic. “Se mostró buena disposición. Hablaron el garante de Naciones Unidas y Lorena Fries, presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes dieron el marco de referencia para que el Gobierno cumpla”. Sin embargo, agregó que “cuando llegamos a conversar el beneficio de reparación, el Gobierno comienza a dilatar, a no responder. Formando una comisión del Ministerio de Hacienda  para ver la factibilidad del aumento de las pensiones. Entonces se van transgrediendo los acuerdos que firmamos. No se puede hacer una burla de la demanda de los ex presos políticos que son más de 28 mil”.     “Yo estuve prisionero a los 20 años. Estuve en Villa Grimaldi, ex centro de tortura y exterminio durante la dictadura, lugar  donde también estuvo la Presidenta Michelle Bachelet con su madre Ángela Jeria. Era un centro de tortura, de exterminio, de terror. Sobrevivimos, otros desaparecieron”, recordó. “Al Gobierno queremos decirle que cumpla los compromisos, los tratados internacionales y la palabra empeñada. Eso le pedimos a la Presidenta Bachelet”,  indicó. “Esos tratados dicen que el Estado tiene el deber y la responsabilidad de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y Chile los  ha asumido en forma muy parcial e insuficiente. Uno de los puntos es que la reparación tiene que ser acorde al daño causado, expresó Espergue, quien es además director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. “En otros países se reparó como en Argentina. Eso es fácil, se calcula el sueldo de un empleado fiscal base, a la fecha actual y se hacen los cálculos”, precisó.

DEMOLICIÓN DE LAS INSTITUCIONES EN CHILE

 Parte importante de los principales órganos superiores del Estado están en situación de tránsito. Indefinición acerca del nuevo Fiscal Nacional, indeterminación del nuevo director de la PDI, ambos organismos estrechamente vinculados a los procesos investigativos de corrupción política en curso. La Contraloría General de la República y el Servicio de Impuestos Internos en interinato y, pese a la conmoción de las últimas semanas, además del director general, el único cambio significativo fue la cesación del subdirector jurídico, único funcionario que abiertamente deseaba que se investigaran los ilícitos de financiamiento ilegal de la política.

Cuánto valen las instituciones y cuál es el fondo institucional que le queda al Estado de Chile, se convierten en preguntas legítimas. Lo único cierto es que –hablando en materia de imagen corporativa– Chile vale hoy mucho menos que ayer, debido a la demolición de sus instituciones generada por su elite política y empresarial. Pérdida neta para todos los ciudadanos. La política nacional parece moverse a ciegas. Sin razonamientos acerca de lo que está ocurriendo en todo el sistema político y económico; sin ver el peso real de los factores intervinientes ni menos el daño objetivo a la imagen corporativa del país y la demolición de sus instituciones. Parece una república de zombies en pos de dominar el arte crudo de la amenaza o la omisión, con llamados casi pueriles pero indignantes, para la mayoría de la ciudadanía, acerca de lo necesario que es “sincerar las cosas”. No se trata de “pontificar” sobre conductas públicas, como dicen personeros políticos que se sienten escrutados precisamente en su vida pública. Tal acto no corresponde al periodismo sino a las iglesias u otras entidades morales de la sociedad que predican modelos de conducta. La prensa debe poner el foco informativo basada en el interés público de conocer y transparentar todo lo posible la crisis y evidenciar las responsabilidades no cumplidas. Porque ello está afectando el núcleo del pacto social, que es la confianza, y afecta la calidad de vida y convicción democrática de los ciudadanos. En democracia, la selección de los representantes es uno de los actos fundamentales del pacto constitucional. No hay institución más significativa de la igualdad que el derecho a elegir de manera igual y libre. No es necesario repetir conceptos como soberanía, mandato constitucional o representación, para entender que la veracidad de los procedimientos de elección es uno de los requisitos indispensables de la salud política pública. Lo que la crisis del Chile actual nos entrega como dato duro es que el financiamiento ilegal de la política se disparó, en manos de candidatos de todo tipo, como una regadera enloquecida que moja a todos los sectores políticos, si no por igual, al menos con idéntico fin: obtener posiciones dominante y reguladas. Que el poder económico ha operado como un mecanismo censitario frente a la ciudadanía, oculto en el pacto entre la elite política y las empresas, generando posiciones dominantes y ganancias ilegales de ellas y con la omisión de quienes deben regularlas y fiscalizarlas, es un hecho de la causa. El lucro no es ilegítimo ni es siempre ilegal la organización de recolección de dinero para la política. Pero su clandestinidad, su origen poco transparente, no solo esconde ilegalidades sino que además será siempre ilegítimo.

¿Cuánto valen las instituciones de todo el mecanismo electoral y de generación de representación política? En más de algún lugar, sobre todo en países dominados por oligarquías corruptas o dictaduras, valen hasta una guerra civil. Tal es su valor para el ejercicio de la libertad. Desde la A a la Z los dirigentes políticos del país son responsables, por acción u omisión, de la demolición de las instituciones que permiten el funcionamiento de la representación política. ¿Cuánto vale para una sociedad abierta y de libre mercado la salud de las instituciones económicas? Qué significa para ellas que su actuación esté siendo auscultada no por los entes reguladores, lo que sería lo normal, sino por la Justicia y la investigación criminal? Es una respuesta que debieran dar los propios empresarios y los gremios a los cuales ellos pertenecen. Es verdad que ha habido voces que repudian las prácticas corruptivas, pero han sido las menos. Lo que más se ha visto es una expresión de victimización, de amparo social o simplemente de omisión y silencio. En la sociedad moderna la confianza es un bien público perfecto que influye desde la base en el funcionamiento de toda la sociedad. La vergüenza y el desprestigio en política son fluidos que nacen de la calidad de este bien público cuando es mala, que trascienden las fronteras físicas y psicológicas e impregnan mercados y banderas, que una vez caídas cuesta mucho levantar. Es imposible que, luego de los escándalos del sistema financiero chileno y la promiscuidad empresarial con la política, haya algún ministro de Hacienda o alto funcionario diplomático que se pare con la misma seguridad que hace apenas cinco años en las sedes internacionales de la economía. Difícilmente hoy somos un ejemplo de economía y democracia transparente y sana. Parte importante de los principales órganos superiores del Estado están en situación de tránsito. Indefinición acerca del nuevo Fiscal Nacional, indeterminación del nuevo director de la PDI, ambos organismos estrechamente vinculados a los procesos investigativos de corrupción política en curso. La Contraloría General de la República y el Servicio de Impuestos Internos en interinato y, pese a la conmoción de las últimas semanas en este último organismo, además del director general, el único cambio significativo fue la cesación del subdirector jurídico, único funcionario que abiertamente deseaba que se investigaran los ilícitos de financiamiento ilegal de la política. En ese cuadro, la Presidencia de la República no solo se omite de optar por un programa de fortalecimiento de las instituciones o referirse a la crisis, sino que se concentra en el arte del “buen Gobierno”, pese a que su credibilidad respecto de ello se encuentra desfondada según señalan las encuestas. Todo el entorno palaciego y de los partidos gira en torno a la verdad de una precampaña presidencial, como si ello fuera importante para algo o cambiara en algo del escenario, cuando lo certero es que el roce frontal entre la Presidenta y sus principales ex asesores tiene tambaleando al Gobierno. Cuánto valen las instituciones y cuál es el fondo institucional que le queda al Estado de Chile, se convierten en preguntas legítimas. Lo único cierto es que –hablando en materia de imagen corporativa– Chile vale hoy mucho menos que ayer, debido a la demolición de sus instituciones generada por su elite política y empresarial. Pérdida neta para todos los ciudadanos.

LA MANO CAMBIO

Desde que se inició la reforma en Santiago hace diez años e incluso desde la vuelta a la democracia, nunca había ocurrido que empresarios como Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ligados a la política y los negocios, llegaran a un recinto penal por delitos de soborno y tributarios. El caso Penta y la decisión judicial de prisión preventiva para los dueños del holding y otras 4 personas marcó un antes y un después en los delitos de cuello y corbata. Ahora la mano se endureció y ganó la igualdad ante la ley. Los controladores del grupo Carlos Alberto “choclo” Délano, Carlos Eugenio Lavín, el exdirector Hugo Bravo, el excontador Marcos Castro, el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner y el ex fiscalizador del SII Iván Álvarez, ya se ven las caras en el anexo Capitán Yaber. Una decisión similar a la adoptada por el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Escobar, no se veía desde la formalización en contra del ex presidente del directorio de La Polar, Pablo Alcalde en 2011, que también debió permanecer por varios meses detenido en el mismo penal. Sin embargo el caso Penta, a diferencia del anterior, contiene algunos detalles que lo hacen único. Nunca desde la vuelta a la democracia, los dueños de una empresa que vale más de 10 mil millones de dólares habían sido formalizados y sufrieran la prisión preventiva. Menos que se descubriera que las esposas de empresarios de esta altura, emitieran boletas ideológicamente falsas y que cuatro hijos del choclo Délano estuvieran querellados por el SII. Suma y sigue: aportes políticos truchos a la UDI, entre otros hechos. Incluso se agrega el pago de más de $ 6.000 millones que Penta devolvió al fisco por los delitos tributarios que cometió. Nunca había ocurrido tampoco, desde 2005 cuando empezó a funcionar la reforma en Santiago, que el fiscal nacional se hiciera cargo de una indagatoria que hasta ahora tiene varias aristas que también involucra a políticos. Y en esa línea que un ex senador, Jovino Novoa, el presidenciable Andrés Velasco, un ex senador y alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, un ex candidato a la Moneda como Laurence Golborne, entre otros, desfilaran por la oficina de un fiscal como cualquier ciudadano. Por esta razón el razonamiento que utilizó el magistrado y que sustentaron su determinación, se instala como una señal para casos similares que  puedan aparecer de ahora en adelante. Traducido, el juez estimó que la reiteración de hechos y su gravedad hacían un todo que convertía a los imputados en un “peligro para la sociedad” Pero el caso Penta aún no ha terminado. Los 120 días que otorgó el juez a la fiscalía para seguir con la indagatoria, serán para terminar la arista central del caso, aunque de todos modos aún quedan. Al respecto, el fiscal nacional Sabas Chahuán informó que se interrogará a todos por igual, no importa el cargo ni posición social. De esta manera se refirió a que en las próximas semanas debieran prestar testimonio los senadores UDI Ena Von Baer e Iván Moreira. A lo anterior se suman los contratos forward que involucran a Délano y Lavín, sino también a CB Capitales del empresario Manuel Cruzat. Eso sin sumar los aportes políticos hechos por Soquimich no sólo a la derecha, sino también a personeros de la Nueva Mayoría.

ENCUENTRAN A HIJO DE DESAPARECIDO MARZO 1975

Tres semanas después de haber sido secuestrado aparece el niño Eugenio Montti de 5 años de edad, en el Hogar Niño y Patria de carabineros. El menor había sido detenido con su padre el ingeniero y militante del MIR Iván Montti  el día 13 de febrero en momentos que llegaban a su casa, junto a Carmen Díaz Darricarrere, Alan Bruce Catalán y Jaime Vásquez Sáenz fueron reconocidos en Villa Grimaldi por varios testigos, todos ellos se encuentran desaparecidos hasta el día de hoy.

CAÍDA DE LOS PATRONES DE LA DICTADURA

Una vez conocida la prisión preventiva para los dueños de Penta, todos quedamos mirando choqueados la televisión. No lo podíamos creer: habían caído quienes todos sabíamos que en un país normal, y no uno patronal y sumamente segmentado como el nuestro, debían ser juzgados por haber cometido fraude al Estado. Era una sensación extraña, democratizadora y a la que comúnmente no estamos acostumbrados. Pero nuestra falta de acostumbramiento no se debe a que vivamos en la ley de la selva ni nada parecido, sino porque quienes se encuentran hoy en Capitán Yaber, fueron los que crearon la idea de este país tal cual la conocemos hoy; son los que escribieron el relato de ese Chile exitoso que no necesitaba al Estado y menos a la política para ser grande y fuerte. El Chile post dictatorial fue-como todos sabemos- creado por la dictadura y los acuerdos de quienes se enriquecieron en ella. La manera de hacer negocios y la idea de que nuestra sociedad necesitaba reconciliarse y no pelearse más por ideas políticas, fue lo que instauraron, entre otros, personas como Délano. Recordemos que el “Choclo” fue el cerebro tras la engañosamente despolitizada campaña de un Joaquín Lavín que venía a coronar una década como los noventa, en donde nos apagaron el cerebro y nos incitaron solamente a comprar. Ya que era, al parecer, el único derecho al que podíamos acceder. Por lo tanto, es importante ver el alcance histórico de lo que sucedió este fin de semana. Si es que somos más rigurosos incluso podríamos decir que es un juicio al régimen cívico militar comandado por Pinochet. Es un juicio tardíoclaro está- pero es una manera democrática de juzgar lo que parecía que no podría nunca llegar a ser juzgado. Y me refiero al legado interminable que fue implementado por el miedo y por el constante estado de excepción. A esa visión incuestionable de que el empresariado había llegado a detentar el poder por el esfuerzo, aunque supiéramos que se debía solamente a nuestra mediocre estratificación social. A que únicamente algunos eran los dueños de las simbologías republicanas debido a sus apellidos y a sus eternas influencias. Y a que si se encontraban en problemas tenían tropas que decían ser de todos nosotros, pero claramente respondían ante ellos, los dueños de este fundo. Es cosa de leer historia y preguntarse quiénes son los que siempre ganan. Es cosa, también, de preguntar a quiénes beneficia el discurso indignado que duda de la institucionalidad. Porque mientras más dudamos de nuestra democracia, más le pertenece a ellos. Es por eso que esta muestra de robustez de parte de la justicia, puede conducir, aunque sea, a un pequeño orden de las cosas. A un pequeño equilibrio de la balanza. Y principalmente a una revisión histórica del empresariado y su dominio por sobre lo democrático y lo ético. Porque tienen una ética aparte, y esto les puede hacer ver que todos somos ciudadanos por igual aunque crean lo contrario. Esto-si es que no se queda en un simple escarmiento de unos pocos días- puede hacernos reflexionar a todos y demostrar que no es civilizado que en este siglo todavía las castas se muevan según su propia moral. No es sano que algunos se sientan dueños de los símbolos y por lo mismo pasen por encima de estos. Si bien el dictador murió hace tiempo, la idea que sustentó con su violencia durante diecisiete años sigue vigente bajo el mando de los patrones para los que él fue el capataz. El mejor empleado. El gran y eterno aval. Y esos patrones ahora se vieron más ciudadanos ante nuestros ojos, lo que demuestra que nada es infalible, y menos cuando son ideas inventadas por el poder, porque la realidad tarde o temprano se impone. 
F. Mendez  E. L

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La agrupación de ex presos políticos y familiares de Iquique (ANEXPP-IQUIQUE) saluda en su dia a todas las mujeres de Chile y el mundo, en forma solidaria, a las de nuestros  pueblos originarios que aun luchan por su independencia y sus tierras, a nuestras compañeras de luchas, a las que pertenecen a nuestra agrupación, nuestra madrina, Baldramira Flores, Brenda Arancibia, Claudina Bugueño, Ana María Vega, Liliana Muñoz, Elena Espinoza, Rosa Azocar, Maricarmen Zerega, Cruz Terán, Nuria Escudero, Magda Pérez, Mónica Castillo, Ximena Brian, Sonia Oyanadel, Irene Rivera, Grey Roco, Margarita Gálvez, Ángela Petruzzi, Gladys Oyanadel, Jeysse Parra, Edit. González, Ximena Plaza, Julia Álvarez, Selva Palacios, Ana Marín, Esperanza Cayo, Rosa Parada, Gloria Prat, Brunilda Cuadra, Elizabeth Segura y en forma especial a Alicia Lira, Lorena Pizarro y Joan Jara

Frases : La mujer, que bajo el capitalismo es utilizada como mano de obra esclava para la reproducción de la mano de obra, debe comenzar a dejar de ser una ‘hermana de la caridad', en el sentido político del término,  para tomar parte activa y de  forma directa en todos los frentes de batalla en la lucha por el genuino socialismo.

Testimonios : La abogada Camila Maturana,    explica que la violencia sexual cometida durante la dictadura chilena lamentablemente presenta muchos elementos comunes con la violencia sexual generalizada que se comete en contra de las mujeres en las guerras y en los conflictos armados. Así, los cuerpos de las mujeres son atacados y ocupados como parte de una estrategia bélica de ataque al enemigo, como si sus cuerpos representaran también el territorio enemigo a ser ocupado, invadido, violentado. En ese sentido, el derecho internacional ha calificado a la violencia sexual como un delito de lesa humanidad, una violación a los derechos humanos y un crimen de guerra, lo que todavía no ha sido incorporado a los procesos de justicia en Chile. A meses de cumplirse 42 años del golpe, la impunidad de los torturadores es uno de los factores que más contribuye en la dificultad para las víctimas de superar el trauma. Corporación Humanas presentó el año 2010 las primeras cinco querellas por violencia sexual contra mujeres en la dictadura, con el objetivo de visibilizar este delito como una práctica sistemática de tortura y un crimen específico de género. Los tribunales han tenido conocimiento de la violencia sexual en un amplio número de centros de detención y tortura, pero no se ha dictado hasta ahora ninguna sentencia que condene a algún agente del Estado. La abogada Maturana  rechaza la “política de los empates” que pretende instaurar la derecha para justificar sus crímenes, así como los llamados al aire a perdonar y pedir perdón. ¿Qué significa que se pida perdón, qué significa que se tenga que perdonar, se está obligando a tener que manifestarse sobre qué, qué significa perdonar, que no hay que odiarlos, que no se puede tener rabia, quieren normar  las emociones?, lo único que podemos hacer es consensuar cómo lo hacemos en el plano jurídico y en el plano jurídico, un crimen debe ser castigado. 

EL FIN DEL PODER

Una elite sorda, que vive obsesionada en las ganancias de una pasada económica es lo más nocivo para la democracia, pues la hace incapaz de calcular el valor de los intangibles que otorgan a sus negocios las buenas instituciones y la buena política. Más perjudicial aún es que una parte de ella actúe convencida de estar más allá de la igualdad ante la ley, cubierta por impunidad social, como si ello fuera parte del orden natural de las cosas.

Donde eso sucede, la sociedad alumbra un origen lumpen, de empresarios incultos, que no escuchan ni analizan la ecología social de sus negocios, y hacen caso omiso de valores éticos, reglas del juego, igualdad ciudadana o respeto de la ley. La crisis del Grupo Penta es un ejemplo de esto. Es verdad que golpea frontalmente a la idea de impunidad, pero deja profundas evidencias de lumpen-empresariado y lumpen-política, y alumbra la idea de una crisis de proporciones del modelo económico que rige el país, y los fundamentos políticos que lo sostienen. Parece evidente que el financiamiento ilegal de la política salido a la luz no es un caso aislado sino una práctica corriente para financiar a “los muchachos” por fuera del  marco legal. Dados los vínculos de interés entre política y negocios y la promiscuidad de una economía de asociación público-privada con muy bajos controles, es propio pensar en el canje de favores o sospechar que la captura de las decisiones políticas del Estado resulta un negocio rentable para los corruptores. Con todo, parece que la elite se niega a admitir que el escenario político y social cambió en materia de estándares sobre lo permitido y lo ilegítimo en los últimos tres años. Lo que ayer era astucia empresarial o trabajo de lobbistas, hoy es un acto repudiable para la ciudadanía, y los asesores de imagen ya no pueden apostar al empate político y al manejo de la prensa, y se ven obligados a recomendar a sus clientes colaborar con la justicia. De esta colaboración, si efectivamente es tal, pueden salir a la luz datos que pongan transparencia sobre hechos y temas que hemos sostenido permanentemente en nuestros editoriales los últimos años, motivados en su mayoría por la seguidilla de escándalos que conmovieron al sistema financiero, al retail, los temas ambientales en el pasado reciente y la total impasibilidad efectiva de la política, más allá de la retórica del momento.

Es esa sordera persistente lo que hoy aumenta el tono de crisis frente a temas que debieran haberse controlado a tiempo:

“El empresariado nacional debiera tener la sensibilidad suficiente para percibir que los hechos anómalos que han golpeado el sistema financiero nacional el último tiempo constituyen una bomba de tiempo para la credibilidad y legitimidad de todo el sistema financiero. Y entender que entorpecer las investigaciones que, en muchos casos obligada por la evidencia pública de los hechos, lleva adelante la autoridad regulatoria es literalmente dispararse en los pies”. “Si el funcionamiento del mercado deja en evidencia una concentración de operaciones y actividades al borde de la legalidad, con gran amparo de vínculos familiares o de negocios y una malla de poder con ramificaciones políticas a todas partes, significa que los empresarios están horadando su propia base de poder en un escenario de cambio”                                      El Mostrador  Marzo 2015

Recordar Muere el General Bachelet Marzo 1974

Víctima de las torturas, a la que ha sido sometido periódicamente en la Academia de Guerra Aérea, muere de un “ataque al corazón “ el General Alberto Bachelet. Decidido partidario de la Unidad Popular, Bachelet había presidido la Secretaria Nacional de Distribución durante el gobierno anterior.                                                          

MIRISTAS LLAMAN A DEPONER LAS ARMAS febrero 1975

Por cadena nacional de televisión, cuatro militantes del MIR que se encuentran detenidos por la DINA, reconocen la derrota política y militar del movimiento e instan a sus compañeros a deponer la lucha armada contra la dictadura. Los detenidos aseguran además, no haber sido torturados. Dos de ellos, Humberto Menanteaux y Hernán Carrasco, serán liberados y vueltos a detener en noviembre. El 25 de diciembre sus cuerpos aparecerán destrozados y mutilados en la cuesta de Chada. Los otros dos, Héctor Hernán González y Cristian Mallol, recuperaran su libertad y partirán al exilio.

27 Dirigentes UP al exilio Febrero 1975

Anselmo Sule, Hugo Miranda, Carlos Morales, Jaime Tohá, Carlos Jorquera y otros 22 dirigentes de la Unidad Popular, todos detenidos a raíz del Golpe Militar, son embarcados en Pudahuel con destino a Caracas en calidad de exiliados. El grupo había sido precedido el día anterior por Claudio Huepe, quien viajaba a Londres. El ex diputado democratacristiano se encontraba detenido en Ritoque por negarse a ponerse de pie en un restaurante donde se interpretaba el himno nacional, en honor de un alto oficial militar ahí presente.

LONDRES 38 NUEVO RECINTO DE TORTURA FEBRERO 1974

Empiezan a llegar al Comité Pro Paz las primeras denuncias de presos políticos liberados, sobre un nuevo lugar de detención en pleno centro de Santiago, una vieja mansión en calle Londres 38. Esta casa se convertirá en el primer centro de tortura de la DINA. Por allí pasaran en el curso del año, la mayor parte de los militantes del MIR que después de ser sometidos a los mas brutales apremios, serán liberados o desaparecerán para siempre. En noviembre de ese año, la casa de Londres que se ha hecho demasiado conocida, será reemplazada por otra cárcel clandestina, ubicada en José Domingo Cañas. En diciembre los detenidos son llevados a Villa Grimaldi, una parcela ubicada en Peñalolén que había servido hasta entonces como discotheque llamada paradójicamente el Paraíso.

NULO APORTE DELA OFICINA DE DDHH

Nulo a sido el aporte de la oficina informativa de DDHH hacia las personas y familiares de las victimas de la dictadura, personas no calificadas en la ley 19234, ley 19992 y ley 20405 al tener nula participación en la calificación, en los atropellos y no tener voz los representante los ex presos políticos y familiares en las decisiones que ellos toman.

La Directora del INDH, Lorena Fries hizo entrega del Informe al Vicepresidente de la República, Rodrigo Peñailillo; al Vicepresidente del Senado, Eugenio Tuma y al Presidente dela Corte Suprema, Sergio Muñoz. Durante su discurso, Lorena Fries sostuvo que “tenemos una democracia, una ciudadanía que quiere cambios y en este camino, los derechos humanos constituyen un norte y también un límite. En efecto, no todo cambio es bienvenido desde una perspectiva de derechos humanos, sólo aquellos que avanzan -y no retroceden- en la garantía y respeto de dichos derechos, sin discriminación de ningún tipo”. Lorena Fries también hizo también hincapié en su discurso a los avances registrados en el país en materia de institucionalidad en derechos humanos, como son el progreso que ha tenido en el parlamento la creación de la futura Subsecretaría de Derechos Humanos y también a los compromisos asumidos por el actual Gobierno que incluyen, entre otras materias, el fortalecimiento del INDH reflejado en la extensión de la presencia de este, en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Valparaíso, Bío Bío, Araucanía y de Los lagos. En este sentido, manifestó que “estamos convencidos de que el fortalecimiento del INDH no es sólo una cuestión de recursos e infraestructura, sino también, de perfeccionamiento de nuestro marco normativo para resolver los problemas que hemos constatado a partir de nuestros cuatro años de calificación sobre víctimas que les permita a éstos acceder a los beneficios que el estado ha dispuesto en su apoyo y funcionamiento; entre ellos la necesidad de ampliar nuestras atribuciones de actuación judicial”. La preocupación del carácter secreto de documentos, testimonios y antecedentes aportados ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también marcó el discurso de Lorena Fries. “La necesidad de desarrollar una política de archivos no sólo es para preservar parte del patrimonio histórico, sino que es un soporte fundamental, tratándose de archivos asociados a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, para las políticas de verdad que eventualmente puedan ser útiles para garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad”, Rodrigo Peñailillo, Vicepresidente de la República, entregó -en nombre de la Presidenta de la República Michelle Bachelet- un importante anuncio que fue valorado por las organizaciones de la sociedad civil presentes en el lanzamiento del Informe. “Hoy estamos ingresando al Congreso Nacional una reforma constitucional que declara imprescriptibles e inamnistiables los crímenes y delitos de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Esto se fundamenta en la necesidad de fortalecer una cultura de paz y de justicia en nuestro país”. Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó la importancia del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que en su años de funcionamiento –sostuvo- se ha constituido como un actor clave para avanzar la agenda de derechos humanos en el país, ofreciendo una mirada crítica pero constructiva de la situación de derechos humanos, de los avances y desafíos pendientes, de los obstáculos coyunturales y estructurales. Un proceso constituyente debe asegurar: confianza ciudadana, instancias efectivas de participación, involucramiento de grupos vulnerados o históricamente marginados, carácter paritario entre hombres y mujeres, representación territorial y transparencia y acceso a la información. En el mismo sentido, se plantea la necesidad de avanzar en la reforma a la justicia militar de manera de cumplir con las obligaciones internacionales en esta materia restringiendo su competencia a los delitos estrictamente militares. Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los DDHH (1973-1990) Dos aspectos ha enfatizado el Informe del INDH en esta materia. Por una parte, la necesidad de ampliar el acceso a la información y registros disponibles que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los DDHH y por otro, la necesidad de actualizar y uniformar las normas y políticas de archivo sobre estos antecedentes históricos. Relacionado con este período, el INDH, al referirse a la tramitación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, ha hecho énfasis en la necesidad de que allí se constituya una instancia permanente de calificación sobre víctimas que les permita a éstos acceder a los beneficios que el estado ha dispuesto en su apoyo.