jueves, 20 de agosto de 2015

CRIMINAL EN ALTO HOSPICIO - IQUIQUE



Alberto Juan Fernandez Michell
Teniente(R) de Carabineros
C.I 5.587.826 - 9
Los Nogales # 2949
Alto Hospicio - Iquique
Fue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.
Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.
El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.
La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.
Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó
Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.
27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.
CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.
El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.


martes, 4 de agosto de 2015

Las miserables reparaciones del gobierno

Higinio Espergue, dirigente de la Coordinación de ex Presos Políticos de Chile, informó que se logró un avance en las tratativas que llevan a cabo con el Gobierno, durante las negociaciones presididas por la ministra subrogante de la Secretaria General de la Presidencia, Patricia Silva.  Espergue indicó que el Ejecutivo accedió a incorporar a las víctimas calificadas por la Comisión Valech que reciben la pensión de exonerados.  La llamada “ley corta” consiste en un bono inmediato, por una única vez, de un millón de pesos. Aseguró que anteriormente el Ejecutivo se había negado a incluir a las viudas y a los exonerados. Sin embargo, el aumento de la pensión mensual continúa pendiente y llamaron al Gobierno a cumplir los “Acuerdos de Rancagua” del 24 de mayo pasado, que pusieron fin a una huelga de hambre de más de 40 días y que se replicó en varias ciudades del país. Espergue relató que al término de los ayunos realizados en numerosas ciudades de Chile, se realizaron tres reuniones de una comisión presidida por el obispo Alejandro Goic. “Se mostró buena disposición. Hablaron el garante de Naciones Unidas y Lorena Fries, presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes dieron el marco de referencia para que el Gobierno cumpla”. Sin embargo, agregó que “cuando llegamos a conversar el beneficio de reparación, el Gobierno comienza a dilatar, a no responder. Formando una comisión del Ministerio de Hacienda  para ver la factibilidad del aumento de las pensiones. Entonces se van transgrediendo los acuerdos que firmamos. No se puede hacer una burla de la demanda de los ex presos políticos que son más de 28 mil”.     “Yo estuve prisionero a los 20 años. Estuve en Villa Grimaldi, ex centro de tortura y exterminio durante la dictadura, lugar  donde también estuvo la Presidenta Michelle Bachelet con su madre Ángela Jeria. Era un centro de tortura, de exterminio, de terror. Sobrevivimos, otros desaparecieron”, recordó. “Al Gobierno queremos decirle que cumpla los compromisos, los tratados internacionales y la palabra empeñada. Eso le pedimos a la Presidenta Bachelet”,  indicó. “Esos tratados dicen que el Estado tiene el deber y la responsabilidad de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y Chile los  ha asumido en forma muy parcial e insuficiente. Uno de los puntos es que la reparación tiene que ser acorde al daño causado, expresó Espergue, quien es además director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. “En otros países se reparó como en Argentina. Eso es fácil, se calcula el sueldo de un empleado fiscal base, a la fecha actual y se hacen los cálculos”, precisó.