BONO LEY CORTA

 Todos los titulares individualizados en las nominas de la ley 19992, 20405, viudas y excepciones de la ley 19234 que asistieron a la charla informativa a cargo del jefe de la CAP del I.P.S Iquique, Alfredo Fernandez, sobre el aporte único, en carácter de reparación parcial, de un millón de pesos, se sintieron satisfechas al ser despejadas sus dudas y respondidas sus preguntas por este profesional el cual al terminar su exposición fue despedido con un gran aplauso por los presentes. La Anexpp-Iquique el mes de junio presento su propuesta a la dirigencia nacional la cual forma parte del comando unitario, el que nos representa en la mesa de alto nivel en esta negociación con el gobierno, valoramos el esfuerzo de nuestros dirigentes en su lucha por una reparación digna e integral, la que esta recién comenzando con este aporte único parcial, por lo que hacemos un llamado a todos los expp calificados y no calificados , viudas y familiares a la Unidad, única herramienta que tenemos para avanzar en nuestras demandas, querellas y reparaciones.

LEY 20874 29 OCTUBRE 2015

Ley  20874          29  Octubre 2015

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

 Proyecto de ley:

 "Artículo 1º.- Otorgase un aporte único, en carácter de reparación parcial, de $1.000.000 (un millón de pesos), a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión y Tortura, conforme a las leyes 19.992 y 20.405 respectivamente.

Si el titular estuviere fallecido, corresponderá al cónyuge sobreviviente el 60% del aporte referido en el inciso anterior. Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de Prisión Política y Tortura

El aporte a que se refiere esta ley no podrá ser impetrado por el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los diputados y senadores, los intendentes, los gobernadores, los jefes superiores de servicio, y quienes desempeñándose en la Administración Pública, en calidad de planta, contrata, o contratados a honorarios, tengan una remuneración regular igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras las personas señaladas se encuentren en el ejercicio del cargo o en el desempeño de las funciones antes indicadas.

 Artículo 2º.- El aporte a que se refiere esta ley será pagado a partir del mes subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que tengan alguna de las calidades especificadas en el artículo 1º y soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

Artículo 3º.- El aporte a que se refiere esta ley no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Artículo 4º.- El aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal, y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social en una sola cuota.

Artículo 5º.- El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social, y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.

Y por cuanto he tenido en bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlgese y llévese a efecto como ley de la república.

 

Santiago, 26 de octubre de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro Secretario General de la Presidencia.-Ximena Rincón González, Ministra del Trabajo y P revisión Social.

 

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

HISTORIA LEY CORTA

En mayo, después de veinte y nueve días en huelga de hambre, cerca de 20 ex presos políticos, apoyados por el Comando Unitario lograron firmar un acuerdo con el Gobierno para instalar una mesa de trabajo por reajustes de las pensiones Valech y el compromiso de enviar una “ley corta”, para definir un aporte único de carácter Reparatorio en materia de violaciones de Derechos Humanos. Dicho proyecto ingresó con fecha 15 de julio a tramitación en el Congreso y un mes después, tras ser aprobado por la comisión de DDHH, ya se encuentra en la comisión de Hacienda. No obstante, los cambios y declaraciones vertidas por su paso en la comisión que preside el PS Raúl Saldívar, encendieron las alarmas en los diputados.  La instancia aprobó en general de la entrega de $1.000.000 para todos los calificados Valech y un 60% para las viudas de ex presos políticos fallecidos, según contemplaba el proyecto, pero con un leve cambio producto de una indicación ingresada por diputados de la Nueva Mayoría y el autonomista Gabriel Boric. Así, se reemplazó la frase inicial contenida en el proyecto “otorgase un aporte único de carácter Reparatorio” por “otorgase un aporte único, en carácter de reparación parcial”, lo que a juicio del gremialismo es el primer paso para extender beneficios de quienes, según se considera , ya han tenido beneficios monetarios, médicos, educacionales y de vivienda. A esto se suma la presentación del Gobierno ante la comisión, en voz de la subsecretaria Segpres, Patricia Silva, quien se centró en indicar que esta denominada ley corta -que fue aprobada por la Mesa de Alto Nivel de negociación- otorga un “aporte Reparatorio” de carácter inicial de $1.000.000, pero que está lejos de ser el aporte final. Según expuso ante los asistentes el pasado 12 de agosto, dicha mesa aún se encuentra en negociaciones con el Gobierno, relevando que hubo una propuesta de aporte “complementario” emanada desde el Ejecutivo, que de todas formas fue desechada por la mesa negociadora. La idea era un monto para todos aquellos mayores de 65 años, de $9 millones, de los cuales se descontará este bono inicial de $1.000.000. Los ocho millones restantes se pagarían a los beneficiarios en un número de cuotas anuales, según estratificación etaria. Esto motivó la presentación de un oficio por parte varios diputados para individualizar a los parlamentarios y autoridades (incluidos ministros, subsecretarios, alcaldes, concejales, Seremis, Cores y jefes de servicio) que recibirían este beneficio al basarse en los listados emanados del Informe Valech. Según los catastros, bajo esos parámetros estarían los diputados Osvaldo Andrade (PS), Sergio Aguiló (IC), Guillermo Teillier (PC), Pepe Auth (PPD) y el senador socialista Carlos Montes. Asimismo, embajadores como Patricio Hales (Francia) y Domingo Namuncura (Guatemala). Se desliza (desde el Gobierno) que se tendría un bono adicional de $9 millones o $10 millones, llevando la cifra a más de $300 mil millones en los bonos que se pretenden pagar, añadió el diputado y miembro de la comisión de DDHH, Juan Antonio Coloma.